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España

El Gobierno admite pagos en efectivo en los ministerios con un sistema de cajas paralelas

Durante el periodo de Ábalos al frente de Transportes se abonaron al menos 221.777 euros, con un máximo en 2021

El Gobierno admite pagos en efectivo en los ministerios con un sistema de cajas paralelas

Ilustración de Alejandra Svriz.

El Gobierno admite que el Estado sigue pagando en efectivo dentro de los ministerios a través de un sistema de cajas internas que operan en paralelo, una práctica amparada en normas antiguas. Esta situación hace cada vez más difícil justificar en términos de transparencia y control del gasto público el dinero que se reparte entre cargos y directivos. No se trata de una excepción puntual ni de un recurso residual: los propios datos oficiales revelan que solo una de las cajas del Ministerio de Transportes movió 402.749 euros en metálico entre 2018 y 2024.

La cifra, lejos de ofrecer una visión completa, solo refleja una parte del sistema. El Ejecutivo reconoce que existen otras cajas pagadoras también autorizadas a manejar efectivo, pero no ha facilitado un desglose global del número de cajas ni del volumen total de dinero en metálico que circula por el departamento, ni de su evolución consolidada. En la práctica, el uso real de efectivo en Transportes es mayor que el oficialmente detallado y carece de una fotografía pública completa. El Gobierno ha dejado patente una situación, aunque no completa, tras una pregunta parlamentaria de Vox a la que ha accedido THE OBJECTIVE.

José Luis Ábalos fue ministro de Transportes desde junio de 2018 hasta julio de 2021. Durante ese periodo, la Caja Pagadora Central del departamento abonó al menos 221.777 euros en efectivo, según los datos anuales reconocidos por el propio Gobierno. El cómputo incluye los ejercicios completos de 2018, 2019, 2020 y 2021, ya que el Ejecutivo no ofrece un prorrateo mensual. Más de la mitad de ese importe se concentra en 2021, último año con Ábalos al frente del ministerio, cuando el gasto en metálico alcanzó 74.989 euros, el máximo de toda la serie conocida.

El patrón de los pagos en efectivo

La evolución anual de los pagos en efectivo muestra un patrón claro. Entre 2018 y 2020, los desembolsos se mantienen relativamente estables, en una horquilla próxima a los 50.000 euros anuales. En 2021 se produce un salto abrupto, que rompe la tendencia y sitúa el uso del efectivo en su punto más alto.

Ese ejercicio no es políticamente neutro. El récord se registra cuando Ábalos seguía siendo ministro y en el mismo periodo en el que su entonces asesor, Koldo García, desarrollaba su actividad en el departamento. Tras la salida de Ábalos, los importes descienden, pero no regresan a los niveles previos, lo que apunta a que el uso del efectivo no fue una anomalía coyuntural, sino una práctica ya integrada en la operativa ordinaria.

El debate no se limita al volumen de dinero, sino a la fórmula administrativa que lo hace posible. El Ministerio de Transportes opera con el régimen de anticipos de caja fija, regulado desde finales de los años ochenta, que autoriza la disposición de efectivo para gastos de menor cuantía, atenciones protocolarias, imprevistos o anticipos y liquidaciones de viajes oficiales.

Altos cargos y asesores

Los perceptores del efectivo pueden ser altos cargos, jefes de gabinete, jefes de secretaría o funcionarios acreditados, que posteriormente justifican el gasto mediante recibís y facturas. Desde el punto de vista formal, el sistema es legal. Desde el punto de vista del control, presenta una debilidad estructural evidente: el efectivo elimina la trazabilidad bancaria, desplaza la fiscalización al ámbito interno del ministerio y dificulta la supervisión preventiva externa.


El elemento más significativo es que los más de 400.000 euros corresponden únicamente a una caja. El propio Gobierno reconoce que existen otras cajas pagadoras operativas dentro del Ministerio de Transportes, pero no detalla cuántas son ni qué volumen manejan.

Esta ausencia de información impide conocer el importe real agregado de los pagos en efectivo del departamento y pone de relieve la falta de un control consolidado público, pese a tratarse de uno de los ministerios con mayor presupuesto y mayor exposición a contratación pública. Tampoco es posible conocer la versión oficial sobre lo que sucede en otros ministerios, pero las declaraciones a THE OBJECTIVE de algunos funcionarios en diferentes departamentos, lo de Transportes no es excepcional.

‘Caso Koldo-Ábalos’

El uso del efectivo sería una cuestión meramente administrativa si no fuera porque el Ministerio de Transportes se encuentra en el centro del caso Koldo, una investigación judicial que gira precisamente en torno a pagos sin rastro bancario, intermediación opaca y circuitos informales de dinero vinculados al entorno del exministro Ábalos.

No existe prueba de que los anticipos de caja fija se hayan utilizado para fines ilícitos. Pero la coexistencia de un sistema estructural de efectivo, con varias cajas operando en paralelo y un máximo histórico en 2021, ayuda a entender cómo podrían realizarse pagos fuera del circuito bancario sin generar alertas automáticas.

La polémica se activó tras las declaraciones del ministro Óscar Puente, quien admitió que «en los ministerios se está pagando en efectivo, aunque no sea estético». La frase no solo reconoce la práctica, sino que la normaliza, incluso en un momento en el que el Gobierno endurece el discurso contra el fraude fiscal y restringe el uso del metálico en el sector privado.

Un sistema asentado

La contradicción es evidente: mientras se limita el efectivo a ciudadanos y empresas, la Administración mantiene mecanismos internos que operan al margen del circuito bancario, amparados en normas antiguas y con controles fragmentados. El Gobierno no reconoce un episodio aislado, sino un sistema: pagos en efectivo canalizados a través de cajas paralelas, sin control consolidado público y con un volumen significativo concentrado en un ministerio bajo investigación.

Que una sola caja de Transportes haya movido más de 400.000 euros en metálico desde 2018, y al menos 221.777 euros durante la etapa de Ábalos, con un récord en 2021, no prueba irregularidades. Pero sí deja una constatación incómoda: el Estado conserva dentro de su propia estructura los mismos mecanismos de opacidad que dice combatir fuera.

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