Malestar en la cárcel de Cáceres por el «terror» instaurado por una subdirectora y su marido

La situación en el centro penitenciario de Cáceres se ha vuelto insostenible. El malestar interno es cada vez mayor por el supuesto «sistema de terror» que un funcionario y educador de la cárcel ha instaurado con los presos del módulo en el que trabaja, el de educación y respeto. Todo ello estaría amparado por la subdirectora de Tratamiento, número dos del penal y que, además, es esposa del primero, según denuncian a THE OBJECTIVE diversas fuentes vinculadas a la prisión extremeña que revelan prácticas del todo irregulares que el citado trabajador ejecutaría desde hace tiempo para mantener el statu quo y ganar más influencia y poder en el centro. 

El funcionario habría diseñado toda una estrategia para hacerse con el control del citado módulo, el número cuatro de la prisión, pensado para la convivencia pacífica y la reinserción social. Cuando asumió el puesto hace tres años, el educador creo un «comité de conflictos» integrado por presos de confianza para mantener el orden dentro del módulo. Una serie de internos que con el paso del tiempo se han convertido en «su guardia pretoriana» para «amenazar y atemorizar a otros presos y hacer cumplir las normas» que él mismo ha establecido, aseguran distintas fuentes penitenciarias.

La directriz es clara desde un primer momento. Cuando un interno llega al módulo de respeto, el educador y el comité de conflictos se reúnen con el mismo y el funcionario le advierte de que «es don P., que es el marido de la subdirectora y que aquí —en la prisión— mandan ellos». Distintos testimonios recabados por este periódico coinciden en este modus operandi, con el que el trabajador promete supuestos beneficios a quienes obedezcan, valiéndose de su posición: permisos de salida, buenos puestos de trabajo en el penal, terceros grados… Y todo lo contrario, si no lo hacen. 

Beneficios o castigos

Para estos últimos casos, el funcionario «amenaza a los reclusos con expulsarlos del módulo de respeto o propone su traslado a otra prisión, pese a que estos se nieguen», siempre según la versión de las citadas fuentes. En otras ocasiones, advierten, «no tramita directamente las instancias que le remiten los presos para obtener permisos». Como educador, explican las fuentes, «es el encargado de elaborar informes favorables o no a las peticiones de los presos». De esta forma, su valoración resulta clave a la hora de conceder ciertos beneficios a la población reclusa. Es, además, uno de los ocho profesionales que conforman la junta de tratamiento, el órgano colegiado de la prisión que decide sobre la clasificación de los reos, beneficios penitenciarios, etc.

De hecho, relatan fuentes penitenciarias, otra de las amenazas que el funcionario del módulo suele lanzar a los presos es que no recurran al juzgado de vigilancia penitenciaria las decisiones de la junta de tratamiento si no quieren «perder el trabajo o que rechacen su traslado a otro centro penitenciario, si lo solicitan». Todo con el pretexto de no socavar «su autoridad». «En dos ocasiones ha amenazado a un preso ruso con ir a la Embajada de Rusia en Madrid para lo que repatríen por el conflicto con Ucrania. Con otros internos, estas amenazas no funcionan, se aprovecha de los más débiles, sobre todo de los que desconocen el sistema», denuncian.

Dos denuncias en Cáceres

Los capítulos más graves se han producido cuando el comité de conflictos se ha extralimitado en sus funciones y ha llegado a agredir a presos que no acataban las supuestas normas del módulo. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, dos presos han interpuesto una denuncia por lesiones contra el funcionario y educador y sus «reos de confianza». En el primer caso, porque presuntamente agarraron a un interno —con una traqueotomía— por el cuello; y en el segundo, por partir un brazo a otro recluso. «Se han producido muchas agresiones, pero nadie quiere denunciar porque pueden tener repercusiones dentro, hay mucho temor». 

Recientemente, según fuentes de la prisión, el comité de conflictos ha dimitido en bloque tras «distintas acusaciones de agresiones», según han transmitido por el módulo quienes lo integraban. Sin embargo, «aunque oficialmente han renunciado, parece ser que siguen presionando y amenazando a otros internos» bajo las órdenes del educador, advierten estas fuentes. Tanto es así que hace un mes se interpuso un parte disciplinario al cabecilla de ese grupo por acusaciones de amenazas de otros internos. A pesar de ello, la dirección del centro no ha tomado todavía ninguna medida. 

«Enturbia nuestro trabajo»

Otra prueba de poder que suele escenificar el educador con los presos, según cuentan desde la prisión extremeña, es llamar por teléfono a la subdirectora de Tratamiento — su mujer— cuando los internos le plantean cualquier problema o una situación se le va de las manos. «Es otra prueba de intimidación… Le dice: oye, que me está diciendo este tal cosa… y deciden sobre la marcha», cuentan.

El modus operandi de «don P.» ha creado gran malestar en el centro porque «enturbia el trabajo de todos los funcionarios». «Estamos hasta las narices. Este sistema es conocido por todos, también por la dirección y sigue perpetuándose», denuncian voces internas. Hace unas semanas, los sindicatos profesionales se reunieron con la responsable del centro para trasladarle su inquietud. Con todo, el educador ha sido recompensado con un complemento de «productividad extra» a petición de la citada subdirectora. «Resulta surrealista que después de todo lo que está haciendo se le premie», denuncian desde el centro penitenciario de Cáceres.