La DGT ignoró decenas de denuncias contra las empresas chinas que controlan las balizas
En cartas a Tráfico, los fabricantes españoles explicaban algunas ‘peculiaridades’ de estas sociedades
Una factoría china donde se fabrican balizas V-16.
La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva varios años recibiendo cartas de denuncia de fabricantes españoles sobre la baliza V16. En ellas, alertan del escaso control que se aplica sobre los productores chinos de estos dispositivos. Al menos ocho de las misivas remitidas al Ministerio del Interior —según ha podido constatar THE OBJECTIVE— denuncian por escrito que estas compañías extranjeras no solo fabrican, sino que «gestionan las comunicaciones de esas balizas» sin estar sujetas al marco normativo español y comunitario.
«No hemos recibido respuesta». Así explica a este diario un fabricante español de la baliza V16 lo que ha ocurrido con sus ocho escritos registrados ante la DGT en los que alertaban de situaciones anómalas en las empresas que estaban solicitando licencias para la venta de balizas V16.
Consultados por TO, estos fabricantes nacionales recuerdan que la DGT cambió las normas «dejando todo el proceso y control de calidad en manos de los solicitantes, que pasaban a ser los responsables del producto durante toda su vida útil (12 años)». Es decir, que ahora la responsabilidad última de cada baliza depende de la firma que solicitó su licencia. Y en ese grupo hay empresas, por ejemplo, como la firma británica de capital chino que acapara 100 licencias y está vinculada a una red de compañías señalada por estafa y por conexiones con Corea del Norte.
No son los únicos. Según ha sabido TO, la DGT ha recibido docenas de escritos como estos en los que empresas españolas les trasmitían sus dudas sobre la legalidad de sus competidores chinos. Tras analizarlos, detectaban que eran empresas fantasma creadas para entrar en ese mercado de las balizas, pero para lo que se denomina un hit and run: facturar lo máximo posible y desaparecer. Similar a lo que ocurrió con muchas de las empresas del pelotazo de las mascarillas.
Otros fabricantes, como los españoles de Netun Solution, han advertido sobre la peor «calidad de los componentes y las prestaciones que ofrecen estos dispositivos» fabricados en el extranjero.
Ajenas «al marco normativo»
«Nos preocupa la proliferación de dispositivos cuyas comunicaciones son gestionadas por empresas extranjeras o extracomunitarias, que no tienen CIF español ni están sujetas al marco normativo nacional o comunitario», señala uno de estos fabricantes españoles en su comunicación por escrito a la DGT.
Esta situación, según apuntan, «genera importantes riesgos para los consumidores». Y enumeran: no hay forma de exigir responsabilidades en caso de fallo de conectividad, no se puede garantizar que la SIM permanezca operativa durante el tiempo legalmente requerido, y que el solicitante puede no tener capacidad jurídica para responder ante un incumplimiento.
Por ello, pedían que «se pronuncie sobre si el solicitante de la certificación debe estar establecido legalmente en España o en la Unión Europea, con CIF válido o equivalente, para poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales».
«España ha sido pionera en la implementación de las señales V16 conectadas, y esta iniciativa tiene el potencial de salvar vidas en nuestras carreteras. Sin embargo, la falta de una regulación estricta y la permisividad con certificaciones desactualizadas ponen en riesgo el éxito del proyecto. Si no se adoptan medidas correctivas, el sistema perderá credibilidad y nos arriesgamos a convertirnos en un ejemplo de mala gestión regulatoria en Europa», instaba por carta a la DGT el CEO de Oversunenergy, un fabricante valenciano de balizas. El escrito, según la información pública consultada por TO, fue registrado oficialmente ante Interior el 13 de marzo de 2025.
Por otra parte, los fabricantes también preveían el caos social que iba a provocar la llegada de las balizas y solicitaban al Gobierno que informase «al consumidor sobre estos aspectos mediante una guía pública, clara y accesible». Cabe destacar que, aunque el Ejecutivo ha gastado en 2025 más de 109 millones de euros en campañas publicitarias, no se ha publicado ninguna que haya explicado la puesta en marcha de la medida.
Ninguna de esas cartas, al menos según aquellos remitentes españoles consultados por TO, ha obtenido respuesta de la DGT.