La fiscalización del 23-J llega al Congreso con el foco puesto en los pagos en efectivo

El informe sobre los gastos de los partidos en la campaña de las elecciones generales del 23-J de 2023 entra en su fase parlamentaria. El Tribunal de Cuentas ya cuenta con el informe de fiscalización y verificación oficial de la contabilidad electoral, el examen que obliga a los partidos a acreditar con papeles —facturas, contratos, certificaciones de proveedores y justificantes de pago— el rastro de cada partida declarada. El siguiente paso, como ha ratificado THE OBJECTIVE, es que el documento se remita a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas (Congreso y Senado), donde el órgano fiscalizador da cuenta de sus conclusiones.

La verificación oficial supone una criba: separa lo subvencionable de lo que no lo es y mide si la contabilidad de campaña se sostiene. El Tribunal de Cuentas contrasta si el gasto existe, si el servicio se prestó, si el concepto es admisible y si la documentación es suficiente. De ese análisis salen observaciones, salvedades y, cuando procede, propuestas de ajuste de subvenciones o la no admisión de partidas por falta de soporte, por concepto no permitido o por incumplir límites.

Con el informe en la Comisión Mixta, el foco pasa al control político. Los grupos analizan qué partidas quedan cuestionadas, qué conclusiones fija el auditor y qué seguimiento se reclama. Es ahí donde un informe técnico se convierte en un examen público para los partidos: obliga a defender su contabilidad de campaña con documentación y a dar explicaciones sobre partidas discutidas, proveedores y criterios de imputación del gasto.

Pagos sin trazabilidad

El dinero en efectivo es el punto en el que una contabilidad se juega la credibilidad, porque es donde el rastro es más frágil y el listón probatorio, más alto. No por definición ilegal, sino por su dificultad para documentarse con la misma solidez que un pago bancario. Una transferencia deja huella automática —extracto, fecha, titularidad y orden de pago—; el metálico obliga a reconstruir la cadena completa: origen, retirada, entrega, receptor y correspondencia exacta con el servicio realmente prestado. En campañas con mucho gasto y múltiples proveedores, ese agujero de trazabilidad convierte el efectivo en una partida de riesgo.

Además, el debate político llega contaminado. Las referencias al pago en efectivo en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados a la causa del caso Koldo han reactivado el foco sobre la financiación opaca. En el caso del PSOE, el asunto se ha convertido en uno de los frentes más sensibles: el partido niega las acusaciones y sostiene que ha aportado justificantes ante el Tribunal Supremo. Ese contexto no convierte el informe del 23-J en una pieza judicial ni altera la naturaleza administrativa de la fiscalización, pero sí condiciona su lectura pública: cualquier mención a pagos, justificantes o trazabilidad se interpretará en ese clima.

El 23-J bajo la lupa

El Tribunal revisa conceptos concretos y partidas típicas de campaña: publicidad y propaganda, mailing, actos, logística, alquileres, producción audiovisual, consultoría y servicios de terceros. Ahí es donde se concentran los problemas clásicos: conceptos ambiguos, servicios mixtos (campaña y no campaña), documentación incompleta, discrepancias entre lo contratado y lo facturado o justificantes que no permiten cerrar el circuito del pago. También es el terreno donde se miden los límites: topes de gasto y restricciones específicas, que pueden derivar en observaciones o en propuestas de ajuste.

Con el informe en el Congreso, el foco informativo está en lo verificable: cuánto gasto se da por válido, qué partidas quedan cuestionadas o se rechazan y por qué, y qué ajustes de subvención se proponen a cada formación. Ahí es donde el «foco en el efectivo» se concreta o se desvanece. Si aparece, lo hará con un patrón reconocible: incidencias documentadas, partidas señaladas y montantes cuantificados. Si no aparece como problema, quedará como telón de fondo de una auditoría que, por definición, premia el rastro verificable. En ambos casos, el informe sirve para ordenar el debate: fuerza a separar el ruido político de la evidencia y ofrece un mapa de riesgos sobre cómo se financian y justifican las campañas.

Programa de fiscalización

Para los partidos, el examen es doble. Por un lado, técnico: defender que cada gasto declarado está correctamente soportado y encaja en el marco subvencionable. Por otro, reputacional: explicar ante la Comisión Mixta cualquier salvedad, cualquier partida discutida y cualquier recomendación que apunte a fallos de control interno. La fiscalización del 23-J llega así a su fase más expuesta: la del Congreso, en la que los papeles pesan tanto como la política y donde cada cifra se convierte en un argumento.

El Tribunal de Cuentas aprobó recientemente su Programa de Fiscalizaciones 2026 con 118 actuaciones previstas. Estas están orientadas a grandes áreas de riesgo y políticas públicas, con un bloque específico de trabajos por iniciativa de las Cortes Generales. Según el propio documento, 94 fiscalizaciones nacen por iniciativa del Tribunal, 17 responden a mandato legal y siete se impulsan desde el Parlamento; además, 75 tienen previsión de aprobación en 2026 y 43 quedan en curso para 2027. Entre las líneas previstas figuran revisiones de contratación y gestión de personal en entes públicos (incluida RTVE) y fiscalizaciones sobre el CIS o el uso de anticipos de caja fija y pagos a justificar, junto a controles ligados a fondos y programas públicos.