Moncloa pagará hasta 842.000 euros al año por traducir su web al catalán con servicio 24/7

Moncloa ha decidido transformar la traducción de su web en un servicio con disponibilidad permanente. El pliego técnico de la Secretaría de Estado de Comunicación obliga a la adjudicataria a mantener correo electrónico y teléfono operativos 24 horas al día, de lunes a domingo, para atender solicitudes urgentes relacionadas con la publicación de contenidos institucionales. Esa exigencia de cobertura continua —más propia de un servicio crítico que de una traducción administrativa convencional— es una de las claves que explican el salto presupuestario del expediente.

La licitación, analizada por THE OBJECTIVE, fija un presupuesto máximo anual de 695.527 euros sin IVA, que asciende a 841.587 euros con IVA (casi 842.000 euros). No es una factura cerrada, sino un techo: el contrato se estructura como precios unitarios y se paga por palabra traducida, de modo que el gasto final dependerá del volumen real de textos que Moncloa decida trasladar a otras lenguas.

Aunque el titular se centre en el catalán, el lote principal abarca también el euskera, el gallego y el valenciano. El reparto presupuestario marca la prioridad: 614.264 euros del máximo anual se reservan a las lenguas cooficiales, frente a 81.262 euros para el lote internacional (inglés y, de forma ocasional, francés y alemán). En términos prácticos, las cooficiales absorben casi el 90% del presupuesto anual máximo.

Coste de traducción disparado

La subida no se explica solo por el idioma, sino por el diseño del servicio. Moncloa no compra traducciones puntuales, sino una prestación continuada con estándares de producción. El pliego fija que, una vez recibido el texto, la empresa deberá entregarlo «a la mayor brevedad posible» con un plazo máximo equivalente a 600 palabras por hora desde la recepción del original. Y, en casos de urgencia «excepcional», la Administración podrá exigir un ritmo de hasta 1.200 palabras por hora, obligando a dar prioridad a esos encargos sobre el resto.

A esa presión de plazos se suma la obligación de disponibilidad permanente. El documento establece un horario ordinario de envío de textos (de 8.00 a 20.00, de lunes a viernes), pero mantiene el requisito de correo y teléfono 24/7 para traducciones urgentes. En la práctica, esa combinación empuja a organizar coberturas y turnos: el contrato no remunera únicamente palabras traducidas, sino también capacidad de respuesta.

El expediente se articula como un contrato de precios unitarios. La Administración toma como referencia datos internos de la web de la Moncloa (periodo 2022-2025) y estima un volumen anual de traducción para cada lote. Con esa base fija un precio máximo por palabra: en el lote de lenguas cooficiales, el tope es 0,064 euros; en el lote internacional, 0,074 euros.

Doble revisión y control de calidad

El método es relevante porque convierte el volumen editorial en la clave del gasto: cuanto más contenido se decida traducir, más se acercará el contrato al techo anual. Según el propio cálculo del pliego, el lote de cooficiales se dimensiona sobre 9,59 millones de palabras anuales, frente a 1,09 millones en el lote internacional. La cifra refuerza la idea de un servicio concebido para funcionar de manera continuada, no para encargos esporádicos.

El pliego incorpora cláusulas de control que apuntan a un servicio dimensionado como «cadena de producción». Exige que cada traducción pase por una segunda revisión por otro traductor antes de su entrega final. La Unidad de Información Digital se reserva la capacidad de supervisar calidad y plazos, y contempla la posibilidad de pedir el relevo de integrantes del equipo si no alcanzan el estándar requerido.

Moncloa reclama un nivel técnico elevado y advierte de que la traducción no debe ser meramente literal, una exigencia sensible en textos institucionales en los que el matiz es parte del mensaje. Además, el contrato obliga a elaborar un thesaurus o repertorio terminológico que deberá entregarse al término de la prestación y que pasará a ser propiedad de la Administración, junto con la cesión de derechos sobre los textos traducidos.

La web de Moncloa

El pliego fija mínimos de personal que refuerzan el peso del lote principal. Para las lenguas cooficiales exige «al menos» dos profesionales por idioma (catalán, euskera, gallego y valenciano), con cuatro años de experiencia en traducción jurídico-institucional para entidades públicas y/o privadas. Además, pide que para cada lengua exista al menos un traductor hablante nativo con cinco años de experiencia previa en traducción e interpretación.

Para el lote internacional, la exigencia mínima es un profesional por idioma (inglés, francés y alemán), con el mismo umbral de experiencia. El reparto de medios humanos acompaña al reparto presupuestario: el contrato está diseñado para que las lenguas cooficiales concentren recursos y volumen de trabajo.

El salto presupuestario se entiende mejor por contraste con los formatos anteriores. Hasta ahora, la traducción a lenguas cooficiales había aparecido en esquemas más limitados, vinculados a contenidos «estáticos» o de escasa actualización. La nueva licitación cambia el enfoque: convierte las cooficiales en el núcleo del presupuesto y las integra en un modelo permanente, con guardias, plazos por hora y control de calidad reforzado.