Un móvil desencadena un intento de motín en Estremera tras meses de tensión entre los reos

En el centro penitenciario de Madrid VII, situado en la localidad de Estremera, llueve sobre mojado. La incautación de un teléfono a un interno por parte varios funcionarios desencadenó el pasado jueves un intento de motín protagonizado por diez presos, que provocaron grandes destrozos e incluso llegaron a montar una barricada en la entrada del módulo 5 para impedir el acceso a los trabajadores, a quienes llegaron a amenazar en numerosas ocasiones. Un altercado grave que la rápida intervención de los funcionarios recondujo, pero que no solo responde al suceso por el móvil —cuya tenencia está prohibida—, sino también a la tensión instalada entre la población reclusa por los problemas que hay en el penal y «la nefasta gestión» del antiguo director, denuncian fuentes penitenciarias.

La decisión del anterior responsable —cesado el pasado mes de diciembre tras el trato de favor a su mujer, también funcionaria, y otras polémicas protagonizadas por ambos— de cerrar un módulo de internos conflictivos y distribuirlos después «sin criterio» por el resto de secciones del penal creó un gran malestar entre la mayoría de internos, según advierten las mismas fuentes. Los presos ya se quejaban entonces de la sobreocupación del centro, la falta de atención médica, las comidas y sobre todo de que las demandas presentadas fuesen ignoradas continuamente por la dirección. 

«Esta situación es la que da lugar a episodios como el del jueves, no la intervención de un móvil. Las carencias que hay en la prisión son más que evidentes. No hay sillas ni mesas suficientes para todos los internos, algunas veces ni siquiera hay bandejas de comida y tienen que lavarlas para seguir repartiendo la comida», denuncian distintas voces de la prisión. En cualquier caso, la falta de profesionales sanitarios es lo que provoca más enfado entre los reos, aunque no es un problema aislado de este centro. Actualmente, el Ministerio del Interior solo tiene cubiertas el 30% de plazas de médico en las cerca de 80 prisiones españolas. Esto es, 152 médicos para atender a decenas de miles de internos. 

Lanzamiento de mesas y sillas

El caos se apoderó del módulo 5 de la prisión de Estremera poco después de que los funcionarios notificaran al interno la sanción por portar el teléfono: su traslado a otra sección del penal. Al enterarse, el preso ofreció una gran resistencia en la zona de entrecancelas, negándose a acatar la decisión, hasta el punto de que fue necesaria la intervención de seis funcionarios para reducirlo y trasladarlo. Ese barullo fue aprovechado por el resto de internos para protagonizar un «levantamiento colectivo», según ha denunciado CSIF y Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm). 

Con «una violencia inusitada», señalan las organizaciones sindicales, un gran número de presos comenzó a zarandear las cancelas de seguridad y a lanzar mobiliario pesado, llegando a crear una suerte de barricada en el acceso al módulo. Su objetivo, advierten, era «impedir el acceso a los funcionarios y provocar su caída para agredirlos, todo ello entre insultos y graves amenazas contra su integridad». Lejos de cesar su actividad, posteriormente los reos instigadores se atrincheraron en una zona de escaleras y del comedor. 

Desde este espacio, los amotinados continuaron rompiendo sillas, mesas, papeleras y lanzando objetos contra ventanas y cristales que daban al patio. Finalmente, los funcionarios lograron restaurar el orden en el departamento con ayuda de los jefes de servicio y otros responsables del penal madrileño. Se pudo sacar al preso del módulo y trasladarlo al departamento de aislamiento junto con los otros diez reclusos que intervinieron en los disturbios. Según denuncian los sindicatos, la dirección «se vio atada de pies y manos para aplicar el aislamiento en la celda» por la falta de médicos presenciales en la cárcel.

Descontento con el nuevo director

Pese a que la Secretaría General de Instituciones nombró a finales del año pasado a Raúl Ors como nuevo director de la prisión de Estremera, su llegada no ha tenido buena acogida entre el personal por su polémico pasado en el centro penitenciario. Este alto funcionario fue administrador de Madrid VII entre 2019 y 2021. Una época en la que, bajo la dirección de Enrique Valdivieso, se habrían cometido numerosas irregularidades en la prisión: presunto fraccionamiento de contratos, adjudicaciones directas a empresas vinculadas entre sí, facturación por servicios presuntamente no ejecutados, facturas emitidas con anterioridad a dichas adjudicaciones y una deliberada elusión de los procedimientos de control del gasto público. 


Distintos funcionarios denunciaron estos hechos ante la Inspección Penitenciaria, que tras tener conocimiento de los mismos abrió una información para investigar a todos los implicados; incluido el entonces administrador Raúl Ors. Según aseguran a este diario fuentes próximas al caso, Prisiones mantiene aparcada desde hace años esta investigación y nunca ha pasado a fase de expediente, es decir, no se ha avanzado en la misma ni se ha propuesto ninguna sanción contra los supuestos implicados. Estas mismas fuentes aseguran que en esa época se «producían constantes acosos y amenazas» contra los funcionarios para la gestión interesada de obras y suministros del centro.