La UCO descubre que el expresidente de la SEPI borró su teléfono antes de ser detenido
La situación contrasta con lo ocurrido con el móvil de Leire Díez, en el que sí localizaron conversaciones de interés
Vicente Fernández Guerrero (i) y María Jesús Montero (d) cuando el primero presidía la SEPI. | EFE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado que el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, borró el contenido de su teléfono móvil antes de ser detenido en el marco de la investigación que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de la investigación, el terminal intervenido al ex alto cargo del Gobierno no contenía mensajes, correos electrónicos ni registros de mensajería instantánea, lo que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores.
La situación contrasta de forma significativa con lo ocurrido con el teléfono móvil de Leire Díez, exdirectiva de Correos y militante socialista, también detenida en esta operación. En su caso, los agentes de la UCO sí han localizado conversaciones y comunicaciones de interés, algunas de ellas consideradas clave para reconstruir el funcionamiento de la presunta trama que habría operado durante años alrededor de la SEPI, empresas públicas y grandes compañías privadas, incluidas firmas del Ibex 35.
Fuentes conocedoras del análisis técnico explican que el borrado del teléfono de Fernández no responde a un fallo accidental ni a una pérdida fortuita de datos, sino que presenta indicios de una eliminación deliberada y sistemática del contenido, hecha en un momento muy próximo a su arresto. Esta circunstancia abre ahora una nueva línea de investigación sobre un posible delito de obstrucción a la justicia, sin perjuicio de los delitos principales que ya se investigan: malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y fraude.
Mano derecha de María Jesús Montero
Vicente Fernández Guerrero fue nombrado presidente de la SEPI en junio de 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, a propuesta del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, y dimitió en octubre de 2019 tras la reapertura del caso Aznalcóllar. Sin embargo, tal y como ha publicado THE OBJECTIVE, su salida del cargo no supuso una ruptura real con el holding público: durante casi 600 días, Fernández mantuvo una influencia decisiva en la SEPI, actuando de facto como un «presidente en la sombra». En ese periodo, según fuentes internas del organismo, Fernández siguió participando en decisiones estratégicas y mantuvo contacto directo con altos cargos, incluyendo al entonces vicepresidente Bartolomé Lora.
Parte de esa actividad se desarrolló fuera de la sede oficial de la SEPI, en un despacho alquilado por el propio Fernández en la calle Diego de León, 36, en Madrid, que los investigadores ya consideran una «sede paralela» del organismo público. Ese mismo despacho es el que ahora aparece en el centro de las pesquisas por haber albergado reuniones con empresarios del Ibex 35 a los que se les habrían reclamado comisiones con el pretexto de desactivar una supuesta amenaza para la seguridad nacional. En esos encuentros, según los testimonios recabados por este periódico, participaron o estuvieron vinculados Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, Leire Díez y el propio Fernández.
El móvil de Leire Díez
Mientras que el teléfono del expresidente de la SEPI llegó a manos de la Guardia Civil completamente vacío, el de Leire Díez ofrece un escenario radicalmente distinto. Fuentes próximas a la investigación señalan que en su dispositivo sí se conservaban mensajes, tanto de aplicaciones de mensajería como correos electrónicos, que están siendo analizados en detalle por los especialistas de la UCO.
Algunas de esas comunicaciones, según las mismas fuentes, refuerzan la hipótesis de la existencia de una red de intermediación que operaba entre empresas privadas y altos cargos o exdirectivos públicos, con el objetivo de influir en operaciones relacionadas con rescates, adjudicaciones, venta de patrimonio público e inmuebles del Estado. En este contexto, los mensajes de Díez adquieren un valor probatorio especialmente relevante, ya que permiten reconstruir cronologías, contactos y dinámicas internas del grupo investigado.
Los investigadores han interpretado el contraste entre ambos teléfonos como un indicio de que Fernández era plenamente consciente de la gravedad de la investigación y de su posible detención, y que habría actuado para eliminar cualquier rastro que pudiera comprometerle. No obstante, fuentes judiciales subrayan que la ausencia de mensajes no impide seguir avanzando en la investigación, ya que la UCO cuenta con otros elementos a su disposición: registros, documentación incautada, testimonios y análisis patrimoniales.
La despatrimonialización de la SEPI
La figura de Vicente Fernández Guerrero ya estaba bajo el foco por su confesión a colaboradores cercanos de que había recibido el encargo del Gobierno de «liquidar la SEPI» mediante la venta de activos patrimoniales de empresas públicas. Esa estrategia de despatrimonialización, ejecutada principalmente entre 2018 y 2019, es ahora uno de los ejes de la investigación, especialmente tras los registros realizados por la UCO en Confivacasa y Segipsa, dos sociedades clave en la gestión y venta del patrimonio inmobiliario del Estado.
Los investigadores tratan de determinar si determinadas operaciones de venta de inmuebles se realizaron por debajo de su valor real o si se facilitó el acceso a compradores concretos a cambio de contraprestaciones económicas. En este esquema, el papel de intermediarios con conexiones políticas resulta esencial, y es ahí donde emergen con fuerza los nombres de Fernández, Díez y Cerdán. La investigación apunta a que parte de esas operaciones se habrían negociado o gestado en el entorno del despacho de Diego de León.
Servinabar, Cerdán y los vínculos empresariales
Otro de los elementos que agravan la situación del expresidente de la SEPI es su relación laboral con Servinabar 2000, la constructora navarra participada en un 45% por Santos Cerdán. El Gobierno autorizó en mayo de 2021 que Fernández trabajara como director comercial de esta empresa, apenas año y medio después de haber dejado la presidencia de la SEPI. Servinabar aparece en los informes de la UCO como una sociedad beneficiaria de adjudicaciones bajo sospecha y como una pieza clave en la presunta trama de mordidas vinculada a obra pública y proyectos estratégicos. El crecimiento patrimonial de la empresa en esos años, unido a sus conexiones políticas, ha reforzado las sospechas de los investigadores.