Ábalos traspasó a su sucesora tres carpetas de obras clave para controlarlas en la sombra
El exministro guió a su sucesora en las adjudicaciones públicas, muchas de ellas ahora investigadas por la UCO
Koldo García y José Luis Ábalos.
José Luis Ábalos abandonó el Ministerio de Transportes en julio de 2021, pero no se fue del todo. Antes de dejar su despacho del Paseo de la Castellana, número 67, el entonces ministro socialista dejó preparado un legado mucho más concreto que un simple relevo político: tres carpetas de obras públicas estratégicas, con proyectos pendientes, adjudicaciones críticas y actuaciones clave que concentraban buena parte del músculo inversor del departamento con mayor presupuesto del Gobierno.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE en exclusiva a través de fuentes directas de la transición ministerial, esas tres carpetas formaban parte del día a día de Ábalos. Siempre estaban visibles sobre su mesa. No eran documentos menores ni expedientes administrativos rutinarios. Se trataba de un compendio de obras de infraestructuras clasificadas por grado de urgencia, complejidad y criticidad, muchas de ellas vinculadas a ADIF —el gestor de las infraestructuras ferroviarias— y a grandes proyectos de alta velocidad. Las carpetas, explican las fuentes, respondían a una lógica muy concreta: lo que había que remodelar y tenía solución técnica asumible; lo que debía ejecutarse con rapidez; y obras críticas. En conjunto, constituían una hoja de ruta de las grandes adjudicaciones pendientes del Ministerio.
Un traspaso con continuidad
Lejos de desaparecer con la salida de Ábalos del Consejo de Ministros, esas carpetas fueron traspasadas a su sucesora inmediata, Raquel Sánchez, y posteriormente heredadas por el actual ministro, Óscar Puente, según confirman las mismas fuentes. Un relevo formal que, sin embargo, no implicó —según los investigadores— una ruptura real con el control de determinados expedientes. El objetivo del exministro, sostienen fuentes conocedoras del funcionamiento interno del departamento, era mantener influencia sobre las adjudicaciones del ministerio con mayor capacidad inversora del Gobierno, incluso después de su cese. Para ello, Ábalos no solo dejó documentación sensible en circulación, sino que mantuvo a personas de su máxima confianza en puestos clave del organigrama.
Entre ellas, figuraban Ángel Contreras, entonces director general de Carreteras, e Isabel Pardo de Vera, que había sido presidenta de ADIF durante la etapa de Ábalos y que, tras su salida, pasó a ocupar la Secretaría de Estado de Transportes. Ambos se encuentran imputados en el denominado caso Koldo, la investigación judicial que analiza una presunta trama de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones de obra pública.
La continuidad de esa estructura explica, según fuentes próximas a la investigación, que personas del entorno personal de Ábalos siguieran vinculadas a empresas y organismos públicos incluso después de su salida del Gobierno. Es el caso de la prostituta Jésica Rodríguez, que continuó ocupando puestos en el sector público tras su cese. Además, Ábalos colocó a su actual pareja, Andrea de la Torre, en la empresa pública Logirail, dependiente del Grupo Renfe, en junio de 2022, un año después de haber dejado el Ministerio. Un movimiento que refuerza la tesis de que el exministro conservó capacidad de influencia en el entramado de empresas públicas vinculadas a Transportes mucho más allá de su mandato formal.
Obras de ADIF bajo sospecha
Este periódico ya ha informado de que el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha generado inquietud entre los investigadores del caso Koldo, especialmente por la vinculación de empresas investigadas con las obras ejecutadas en ese tramo. En concreto, los investigadores ponen el foco en dos expedientes correspondientes al «proyecto de renovación de desvíos en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla».
Se trata de dos contratos diferenciados, correspondientes a la fase 1 y la fase 2 de las actuaciones sobre los desvíos —elementos técnicos clave que permiten bifurcar las vías—, con importes de 21 millones y 26,8 millones de euros, respectivamente. A estas cantidades hay que añadir los suministros, que se licitaron aparte y elevaron el coste total hasta cerca de los 100 millones de euros.
ADIF licitó la primera fase en marzo de 2021, cuando Ábalos seguía siendo ministro e Isabel Pardo de Vera presidía el ente ferroviario. La adjudicación se formalizó en septiembre de ese mismo año, ya con Raquel Sánchez al frente del Ministerio, pero las fases decisivas del concurso se desarrollaron bajo el mandato de Ábalos. La apertura de sobres con las ofertas recibidas —tres en total— y la valoración tanto de los criterios subjetivos como de los económicos se produjeron en mayo de 2021, en plena etapa del exministro socialista.
Esas fechas, según confirman fuentes de la investigación a este diario, sitúan en plena investigación sobre las mordidas de ese caso de corrupción a una de las empresas que figura en la UTE que realizó las obras: Azvi. Una constructora andaluza que, junto a Convensa, Gunovart y Ferrovial, se comprometió a renovar todos los desvíos de la línea que une Sevilla y Madrid en AVE. Azvi y Ferrovial también resultaron elegidas en la UTE que realizó la fase 2 de las obras, licitadas en junio de 2023, y que correspondía directamente al tramo cordobés ahora afectado por el accidente.
Según fuentes de la Guardia Civil, durante esos años se habría detectado una presunta actividad ilícita de un grupo de empresas que manipulaban concursos públicos para asegurarse adjudicaciones millonarias, con la participación de altos cargos del Ministerio de Transportes, de ADIF y de la Dirección General de Carreteras, además del propio Ábalos. Los investigadores señalan de manera expresa a Javier Herrero, entonces director general de Carreteras, de quien aseguran que mantenía «una relación de amistad estrecha» con el presidente de Azvi. Una circunstancia que ha sido corroborada por el empresario Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo, donde ha documentado encuentros personales entre ambos.
Pagos posteriores a Koldo
La secuencia resulta especialmente relevante para los investigadores porque, tras la ejecución del tramo de Adamuz por parte de Azvi, la constructora habría comenzado a realizar transferencias mensuales de 6.000 euros a Koldo García Izaguirre, exasesor personal de Ábalos. Los pagos se realizaban en concepto de supuestos servicios de consultoría en Latinoamérica, canalizados a través de la empresa Erikapat, vinculada a Koldo. Una operativa que los investigadores consideran incompatible con la cronología de las adjudicaciones y que refuerza la tesis de una presunta contraprestación por contratos públicos.