Los maquinistas llaman a la sociedad a unirse a su huelga por la falta de seguridad en las vías

Los maquinistas de Renfe han decidido llevar su protesta más allá del ámbito laboral y llamar a otros gremios y al sector público a sumarse a los paros convocados para febrero, en un contexto de creciente tensión por el estado de la red ferroviaria. Lo que comenzó como una respuesta gremial tras la pérdida de compañeros en los recientes accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) ha mutado en un movimiento de base que busca una alianza con los pasajeros.

Según ha podido saber este diario de fuentes directas del colectivo, el llamamiento se extiende también a la sociedad civil y a otros trabajadores del transporte para que se sumen a la huelga convocada los días 9, 10 y 11 de febrero. Los organizadores insisten en que no se trata de una protesta por salarios o turnos de descanso, sino de una estrategia para socializar un conflicto que consideran de seguridad pública.

La rebelión de las bases

«Queremos que la gente entienda que, si nosotros percibimos riesgos al subirnos al tren, ellos también deberían conocerlos», explica un maquinista a THE OBJECTIVE. Este enfoque de «unidad social» nace de los propios trabajadores. Su objetivo es claro: desbordar el cauce oficial de los sindicatos mayoritarios. Aunque el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha formalizado la convocatoria legal de la huelga sectorial, el sentir en los grupos de trabajadores es de una urgencia que supera las mesas de negociación.

Los maquinistas consideran que la respuesta del Ministerio de Transportes es una falta de respeto a su profesionalidad. Óscar Puente ha intentado rebajar la tensión vinculando las quejas a la «zozobra» tras el fallecimiento de tres compañeros en una semana. Pero para los conductores el problema es estructural. Sostienen que el número de descarrilamientos ha aumentado notablemente desde 2018. Es una cuestión de carriles desgastados y falta de mantenimiento real.

El foco en Santa Justa

La movilización ya espera cerrar en los próximos días su primera gran cita. Según ha conocido este medio, el primer día de huelga, el lunes 9 de febrero, se está organizando una concentración masiva en la estación de Santa Justa, en Sevilla. No será un piquete informativo al uso. La intención es llevar a cabo la lectura pública de un manifiesto que denuncie el estado de abandono de la red y exija inversiones inmediatas. El objetivo es movilizar a la mayor cantidad de personas posibles para que la presión llegue directamente a Moncloa.

Sevilla se convierte así en uno de los epicentros de la protesta. Existe una vinculación emocional evidente —el joven maquinista fallecido en Gelida era sevillano—, pero también técnica: es un nodo clave donde las deficiencias de la red de Media Distancia son constantes, con limitaciones de velocidad que se parchean con cambios de horarios en lugar de arreglar las vías. Los organizadores esperan que a esta concentración se sumen plataformas de usuarios y otros trabajadores del sector público.

El pulso con el Ministerio

La investigación del accidente de Adamuz, con 43 fallecidos, sigue arrojando sombras sobre la gestión de ADIF. El hallazgo de marcas en las ruedas de vagones anteriores al descarrilamiento y posibles fracturas previas en la vía contradicen la tesis de la seguridad absoluta que defiende el Gobierno. Los maquinistas denuncian que se está reutilizando material estructural por los altos costes y que las inspecciones de vía no detectan fallos evidentes al paso de las unidades.

Desde el sector de base se insiste en que la exigencia de que se depuren responsabilidades, anunciada por el sindicato, es un paso necesario, pero insuficiente si la sociedad no percibe el riesgo. «Llevamos tiempo anunciando que esto podía pasar. Tenemos que manifestarnos todos a una y que no se mueva más un tren si no tenemos garantías contrastadas», señala otro conductor a este diario.

El Ministerio de Transportes ha tendido la mano para intentar desactivar los paros de febrero. Sin embargo, el tono de los trabajadores indica que el conflicto ya no se resuelve con promesas de diálogo. Exigen pruebas de que la red es segura para ellos y para los miles de personas que suben al tren cada día.