El órgano que investiga el accidente de Adamuz mantiene abiertos expedientes desde 2023
La normativa establece que las investigaciones deben ser diligentes y rápidas, con plazos que no deberían superar el año

Un agente de la Guardia Civil rastrea los vagones siniestrados del accidente en Adamuz. | Jorge Zapata (EFE)
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) mantiene abiertos ocho expedientes. Uno de ellos data de 2023, por lo que acumula un importante retraso en la entrega de los informes que deben servir para mejorar la situación del ferrocarril en España. La normativa europea y la nacional establecen que las investigaciones deben ser diligentes y rápidas, con plazos que no deberían superar el año, y que, por tanto, se habrían incumplido. El órgano vinculado al Ministerio de Transportes que investiga el accidente de Adamuz que ha costado la vida a al menos 45 personas ha sido señalado por las instituciones europeas por su falta de independencia.
La investigación que la CIAF mantiene abierta desde 2023 alude al descarrilamiento de los seis vehículos de cola de un Talgo que cubría el trayecto Almería-Madrid el 26 de noviembre de ese año. El convoy se salió de la vía en el túnel de Recoletos. «La rotura de un espadín de la travesía 10 hace que los coches a partir del tercero descarrilen y los dos últimos sean encaminados hacia la vía 2, quedando la composición atravesada entre las dos vías», señala el informe preliminar.
En aquel siniestro no hubo que lamentar víctimas mortales, pero 14 viajeros resultaron heridos leves por contusiones. El artículo 12 del real decreto que regula la investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios establece que la CIAF debe reunirse al menos dos veces al año. También otorga al pleno la facultad de aprobar los informes y recomendaciones elaborados al finalizar la investigación en un plazo de 12 meses a contar desde la fecha en la que se produjo el accidente, salvo que concurran circunstancias excepcionales.
Analizar los accidentes
«La concurrencia de tales circunstancias deberá aducirse, de forma motivada, en caso de que la comisión emita tales informes y recomendaciones de forma extemporánea», insiste el real decreto. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE desconocen que se haya argumentado la existencia de circunstancias excepcionales en este expediente. La CIAF también mantiene en curso la investigación de un descarrilamiento que tuvo lugar el 19 de octubre de 2024 en Madrid. En este caso no hubo heridos, pero se incluyó como «accidente grave» por la cuantía de los daños producidos.
El tren se dirigía a los talleres de Fuencarral y estaba formado por dos unidades. La primera remolcaba a la segunda, que estaba averiada. A la entrada de Chamartín, explica el informe preliminar, la remolcadora sufrió un fallo de tracción que le impidió subir la rampa de entrada a la estación madrileña. Para superarla, el maquinista y el puesto de mando acordaron que el tren retrocediese para tomar impulso desde un tramo más llano.
Mientras se preparaba esta maniobra, la unidad de tren averiada se soltó de su enganche y comenzó a derivar túnel abajo, sin frenos, sin batería y con los dos técnicos a bordo. Después de cuatro kilómetros, llegó a una gran velocidad al puesto de banalización —instalación ferroviaria que permite a los trenes que circulan por una vía doble pasar de una vía a la otra— del Jardín Botánico, donde se procedió al cambio de vía. En la siguiente curva descarriló. La rápida actuación de ADIF evitó una catástrofe. Las fuentes consultadas explican que la CIAF superó el año para entregar las conclusiones debido a la elevada documentación a analizar.
Unos días más tarde, el 29 de octubre, se produjo un nuevo accidente. Esta vez, una colisión con obstáculo en el municipio malagueño de Álora. El informe preliminar señala que un AVE arrolló un desprendimiento de tierras sobre la vía, lo que hizo descarrilar su primer bogie (la pieza sobre la que se fijan los ejes y las ruedas).
Adscrito a Transportes
«Había lluvias intensas y un tren previo había informado de un bache, por lo que se había adoptado una limitación de velocidad [a 200 kilómetros por hora] cumplida por el tren afectado. Finalmente, se produjo una considerable acumulación de tierra arrastrada ante la boca del túnel», explica la CIAF. En este caso, el pleno acordó aplazar la investigación y solicitar a ADIF la transcripción de las conversaciones. Una vez obtenidas, se decidió continuar con las pesquisas, cuyas conclusiones siguen pendientes.
El órgano que investiga el accidente de Ademuz mantiene tres investigaciones en curso de siniestros que tuvieron lugar el año pasado. Desde un incidente operacional sin heridos el 7 de febrero en Las Rozas de Madrid hasta una colisión con un camión que se salió de la carretera en Carrascal de Barregas (Salamanca). En el accidente murió el conductor del camión. De 2025, la CIAF también sigue sin entregar el informe de un descarrilamiento en Navarra sin heridos. A todas estas hay que añadir las pesquisas abiertas este mes tras los accidentes de Adamuz (45 fallecidos) y Gélida (donde murió el maquinista tras derrumbarse un talud).
La CIAF, órgano colegiado adscrito a la Subsecretaría de Transportes, inició su actividad en diciembre de 2007. Su labor es analizar los incidentes ferroviarios para mejorar la seguridad. El ministro del ramo, Óscar Puente, ha defendido su independencia, aunque las autoridades comunitarias recelan de ello, especialmente después de que presentara un informe que se centró en la responsabilidad del maquinista en el accidente de Angrois, en el que murieron 80 personas. La Agencia Ferroviaria de la UE (ERA) pidió repetir el estudio y que evaluara el diseño de la línea, la locomotora y los sistemas de seguridad, entre otras cosas.
A pesar de que la ley determina que la CIAF debe actuar con independencia, está integrada por un presidente y cinco vocales nombrados por el Gobierno por un periodo de seis años. El órgano debería actuar bajo las directrices de la Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes, que debería haberse puesto en marcha hace seis meses (se aprobó hace año y medio). Puente anunció este jueves que el organismo estará listo «en breve», por lo que se prevé que el Ejecutivo apruebe en las próximas semanas el real decreto que debe dotarla de un estatuto.
