Un pueblo de Orense de 5.700 habitantes, en el foco del fraude masivo en las oposiciones

El presunto amaño de oposiciones estatales se centra en un pueblo de unos 5.700 habitantes en la provincia de Orense: Celanova. La pista no se limita, además, a un único examen. Según la documentación recabada por THE OBJECTIVE, la concentración de calificaciones sobresalientes se repite en convocatorias de Hacienda, Seguridad Social y ADIF, con al menos una decena de aspirantes del citado municipio situados en posiciones de cabeza y con nexos comunes. Se da el caso de que parejas y hermanos habrían logrado las codiciadas plazas en los organismos públicos.

El patrón llama la atención por su reiteración y por el perfil de algunos de los opositores: mayores de 45 años y, en varios casos, con formación no universitaria. La coincidencia no es solo demográfica. En los listados consultados aparecen vínculos personales y señales de entorno compartido que se repiten entre quienes obtienen mejores resultados, un elemento difícil de explicar si se tratara únicamente de una «casualidad estadística». Esta realidad no ha pasado inadvertida en Celanova, donde los vecinos han empezado ya a sacar sus propias conclusiones y apuntan a una persona como centro neurálgico de todo este presunto sistema al margen de la legalidad.

El mapa de la oposición

La hipótesis de irregularidades crece también en un segundo plano menos visible: las dificultades para acceder al universo completo de datos. En varios procesos, la Administración ha publicado solo los resultados de los aprobados o ha limitado el acceso al conjunto íntegro de calificaciones, lo que obliga a opositores y afectados a recurrir a reclamaciones formales para reconstruir el mapa completo de notas y compararlo por sedes, provincias o perfiles.

Con los datos disponibles, el caso apunta a un método transversal que excede una convocatoria aislada y obliga a una pregunta institucional: ¿qué controles existen —y cómo se aplican— para blindar exámenes masivos frente a filtraciones, arreglos o ventajas indebidas? La repetición del mismo municipio entre los mejores, en distintos organismos y pruebas distintas, eleva la exigencia de explicaciones oficiales y de trazabilidad completa del proceso selectivo.

Investigación de la Fiscalía

Llama poderosamente la atención que Celanova, un pueblo que ha perdido población y donde las oportunidades en la empresa privada son cada vez más escasas, haya logrado esa vinculación récord con el empleo público. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, cinco habitantes han logrado una plaza en ADIF, dos lo han hecho en Hacienda y cuatro en la Seguridad Social. Estas últimas oposiciones, que se hicieron el año pasado en Galicia, son las que actualmente investiga la Fiscalía Provincial de La Coruña por presunto amaño.

El departamento dirigido por Elma Saiz ha dado traslado al Ministerio Público después de que concluyera en un informe interno que los hechos analizados «podrían ser constitutivos de varios delitos» y que, por tanto, debían ser examinados fuera del circuito estrictamente administrativo. De este modo, el caso escala a la instancia que evalúa indicios de delito y decide qué actuaciones corresponden.

Las 34 mejores notas en Coruña

La decisión se produce tras las presuntas irregularidades que destapó THE OBJECTIVE el pasado noviembre y que alimentaron las sospechas sobre la limpieza del proceso. Los listados oficiales analizados por este periódico reflejaban una concentración fuera de lo habitual de máximas puntuaciones en la sede de La Coruña: las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieron a aspirantes examinados en esa provincia.

Una ampliación posterior añadió un segundo elemento: 25 de las 50 mejores calificaciones de toda España salieron también de esa sede pese a representar aproximadamente el 10% del total de opositores admitidos. Esos números, por sí solos, no prueban una conducta irregular, pero sí describen una distribución estadísticamente extrema e incompresible en una prueba nacional diseñada para discriminar entre miles de candidatos.

Un examen de alta dificultad

La controversia no se centró únicamente en el número de aprobados, sino en la concentración de las mejores puntuaciones en un único punto del mapa. En un examen de alta dificultad y con corrección centralizada, el hecho de que el grueso del top se aglutinase en una sola sede activó inevitablemente preguntas sobre el perímetro de seguridad del cuestionario: ¿cómo se elaboró, quién tuvo acceso, cómo se custodió, cómo se distribuyó y qué controles se aplicaron en cada fase?

A partir de ahí, el Ministerio de Seguridad Social abrió una investigación interna sobre las oposiciones. Según informaciones publicadas por la prensa regional, el trabajo incluyó entrevistas, análisis y revisión de procedimientos y documentación vinculados al proceso. El resultado es el que desemboca ahora en Fiscalía: el departamento entiende que lo observado excede la discusión administrativa y decide trasladar el expediente al Ministerio Público, el órgano competente para valorar indicios y, en su caso, impulsar diligencias a través de la Policía Judicial o canalizar actuaciones posteriores.

Evitar que la oposición se consolide

Mientras los investigadores dilucidan si realmente hubo irregularidades o no, los opositores han reclamado medidas de contención para evitar que el proceso se consolide. Entre ellas figura el freno de nombramientos vinculados a esa convocatoria, una decisión que busca preservar derechos de los aspirantes y reducir el riesgo de que un eventual defecto de origen obligue a rehacer fases ya cerradas. La Administración, en este escenario, se mueve entre dos obligaciones: garantizar la continuidad del servicio y proteger la credibilidad del sistema de acceso por mérito y capacidad, que se resiente cada vez que un proceso selectivo queda bajo sospecha.

Las pesquisas policiales se basarán en dos ejes probatorios. El primero es la trazabilidad completa del examen: elaboración, impresión, custodia, distribución y perímetro de acceso en cada momento. El segundo es el análisis de patrones de respuesta que permitan detectar coincidencias incompatibles con la aleatoriedad de un test. Si esos elementos arrojan evidencias consistentes, el caso se consolidará; si, por el contrario, la revisión técnica logra explicar la concentración de notas sin quiebra de controles, el episodio quedará como una anomalía estadística excepcional.