Dos consejeros de la cúpula de ADIF-AV no apoyaron la renovación del tramo de Adamuz
El contrato se elevó al Consejo de Administración el 29 de marzo de 2022 y recibió un voto en contra y una abstención
El accidente en Adamuz ya ha forzado dimisiones, mientras las explicaciones desde Transportes continúan siendo insuficientes.
La renovación del tramo ferroviario en el que se encuadra Adamuz se adjudicó en la cúpula de ADIF Alta Velocidad sin unanimidad. El 29 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de ADIF-AV aprobó por mayoría la adjudicación del contrato de obras del tramo C Guadalmez–Córdoba, dentro del bloque de adjudicaciones de esa sesión. El certificado del propio Consejo deja constancia de que la propuesta salió adelante pese a que resalta la existencia de discrepancias formales en la votación.
La votación del ordinario 6.4 no fue unánime, según los documentos a los que ha accedido THE OBJECTIVE. El certificado del Consejo muestra que el acuerdo se adopta «por mayoría de los miembros presentes con derecho a voto» y recoge el sentido del voto de los dos vocales que se desmarcaron en ese ordinal. Rafael García Martínez, representante de Comisiones Obreras (CCOO) en el Consejo en ese momento, emitió un voto en contra respecto a la propuesta de adjudicación identificada bajo el ordinal 6.4. Mientras, Pedro Aller Fernández, consejero de la Unión General de Trabajadores (UGT), manifestó su abstención respecto a ese mismo ordinal.
El resto del Consejo —con la presidenta al frente— sostuvo la aprobación por mayoría. Esa constancia documental es relevante en un contexto de máxima sensibilidad pública: no porque permita establecer automáticamente una relación causal con el accidente, sino porque fija un hecho a destacar. La renovación del tramo no fue un mero trámite y su adjudicación dejó rastro de discrepancia formal en el órgano colegiado que debía aprobarla.
Contrato de Adamuz
Además, el propio acuerdo del Consejo deja un detalle institucional relevante: antes de votar, los consejeros declaran no apreciar conflicto de interés y el órgano resuelve «a la vista de los informes técnicos y económicos» y de las propuestas de las Mesas de Contratación. Es decir, el expediente no se aprueba por asentimiento, sino tras un trámite formal que deja rastro documental y, en el caso del ordinal 6.4, con discrepancia explícita en la votación.
La certificación identifica a los presentes, y cierra la trazabilidad con firma electrónica del secretario y el visto bueno de la presidenta. La sesión estuvo presidida por María Luisa Domínguez González, cuyo currículum oficial en el Portal de Transparencia la sitúa como presidenta de ADIF y ADIF Alta Velocidad, nombrada por Real Decreto 670/2021, de 27 de julio.
En cuanto al contrato del tramo de Adamuz, el certificado del Consejo incorpora los datos esenciales de la adjudicación del tramo C y permite fijarlos con precisión. El expediente se tramitó por procedimiento abierto, con un presupuesto base de licitación de 50.620.884 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de 15 meses y siete días. La adjudicación recayó en una UTE formada por Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, Azvi y Contratas y Ventas, por 43.382.101 euros (sin IVA), lo que supone una baja del 14,30% sobre bases imponibles. A esto se suman los hitos internos que recoge el propio documento: resolución de aprobación de la propuesta de clasificación (17 de febrero de 2022) y propuesta de adjudicación (11 de marzo de 2022).
Las adjudicaciones de ADIF
El diseño del concurso refuerza el interés del expediente porque la adjudicación no se resolvió únicamente por precio. En el propio ordinal 6.4, el Consejo fija la ponderación: 49% criterios cualitativos y 51% criterios económicos. La valoración técnica pesaba prácticamente tanto como la oferta económica. Y el certificado también explica el método: el Consejo adopta la decisión «a la vista de los informes técnicos y económicos» y de las propuestas formuladas por las Mesas de Contratación. Con un esquema 49/51, en determinados supuestos puede inclinar el resultado final incluso si hay ofertas con rebajas agresivas. Eso convierte los informes de valoración y la evaluación global en la pieza clave para reconstruir por qué gana una propuesta y no otra.
Este esquema ha vuelto al centro del debate público: el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció recientemente que, tras el caso Koldo, se ha replanteado el sistema de adjudicaciones de obra y deslizó que incluso primando el precio podían producirse adjudicaciones irregulares, abriendo la puerta a fórmulas más objetivas.
En esa misma línea, el propio debate sobre contratación pública se ha desplazado hacia una pregunta incómoda: si los pesos y fórmulas bastan para blindar el proceso o si, por el contrario, conviene reducir al mínimo los márgenes de discrecionalidad y reforzar la trazabilidad interna de cada decisión. En el caso del tramo de Adamuz, esa discusión aterriza en un hecho verificable: la adjudicación se apoyó en informes técnicos y económicos, pero no fue un trámite unánime en el órgano que la aprueba.