El Gobierno aprueba la regularización de inmigrantes pactada con Podemos
Para los solicitantes no será obligatorio el certificado de antecedentes penales

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz | Marta Fernández / Europa Press
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con Podemos. La regularización dará permiso de residencia y trabajo a todos inmigrantes que estuvieran en España antes del 31 de diciembre y lleven mínimo cinco meses en el país.
Una solución como esta para los solicitantes de asilo era una demanda que habían trasladado muchas entidades sociales después de que la última reforma del reglamento de extranjería, llevada a cabo el año pasado, perjudicase a muchos peticionarios de protección internacional al complicar su acceso al arraigo.
Cinco años de permiso para los hijos menores
Las fuentes también han precisado que la regularización protege la unidad familiar por lo que permite la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España y en este caso, la vigencia del permiso será de cinco años y no uno, como en el caso de los adultos sin hijos.
El plazo de tramitación será, máximo, de tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes, que se resolverá como mucho en 15 días, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día. Una vez aprobada, la autorización inicial será de permiso de residencia con permiso de trabajo, válida para todo el país y en cualquier sector.
Tendrá una vigencia de un año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería, «favoreciendo una integración progresiva y estable», según las fuentes. Se espera que las solicitudes se puedan empezar a presentar a principios de abril, una vez se cumplan los trámites preceptivos de la tramitación del real decreto, y estará abierto hasta el próximo 30 de junio.
Moncloa asegura que «no existe efecto llamada»
El Ministerio es tajante respecto a algunas de las críticas que ya han surgido sobre la medida: «No existe efecto llamada cuando se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes».
A este respecto, recuerda que España cuenta con un reglamento de extranjería «moderno y eficaz» que «refuerza las vías regulares, seguras y ordenadas» y subraya que el 95 % de las personas migrantes llegan por estas vías regulares, mientras que las irregulares se han reducido más de un 40 % en 2025. Y recalca que esta reforma tampoco «beneficia a las mafias», al recordar que la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan personas: «Regularizar es cortar ese negocio», defiende.
Para Migraciones esta medida beneficia al conjunto de la sociedad: las personas trabajadoras ganan derechos y protección, las empresas ganan seguridad jurídica y se reduce la economía sumergida y la explotación laboral. Se trata de «la primera gran medida del Plan de Integración y Convivencia», aún por conocer, y forma parte de «una estrategia coherente de política migratoria orientada a promover una migración regular, segura y ordenada», han precisado desde el Ministerio.
Una «práctica consolidada» en gestión migratoria
El departamento que dirige Elma Saiz ha recalcado que las regularizaciones extraordinarias son «una práctica consolidada de gestión migratoria», que se han llevado a cabo antes tanto por el PP (2000 y 2001) como por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y en otros países de la Unión Europea como Italia y Portugal (2020 y 2021).
La evidencia empírica demuestra que este tipo de medidas «generan efectos positivos»: por ejemplo, la de 2005 mejoró la integración laboral y la movilidad de las personas regularizadas, incrementó la recaudación fiscal y redujo la economía sumergida.
No será obligatorio el certificado de antecedentes penales
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado hoy que, los inmigrantes que soliciten la regulación extraordinaria –y no puedan aportar sus antecedentes penales de su país de origen, podrán presentar una «declaración responsable» de que no han cometido delitos.
Así lo ha señalado la diputada en una entrevista de Canal Red, recogida por Europa Press, tras ser preguntada por los requisitos que tendrán que cumplir los al rededor de medio millón de inmigrantes, que se estima, que puedan legalizar su situación a través de la nueva regularización extraordinaria acordada entre el Ejecutivo y Podemos y que fue anunciada por la formación morada este lunes.
En este sentido, la también diputada ha afirmado que desde el Gobierno se pondrán «facilidades» para que los aspirantes recopilen la documentación necesaria para el proceso. Belarra explica que si los inmigrantes no pueden conseguir la documentación, que además luego habría que traducirla para hacerla oficial en España, van a poner «más facilidades». Así, señala que si su país no se los da, tenga que ser el Gobierno español quien tenga la «responsabilidad de ponerse en contacto» con el país de origen del migrante para solicitarlos.
Y, en caso de que el país no los proporcione, ha exclamado: «Que valga una declaración responsable de que efectivamente tú no tienes antecedentes penales, de manera que sorteemos también ese problema» y la «burocracia insufrible».
