Europa examinará las pulseras antimaltrato y la obligatoriedad de las balizas V16 en España

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá en marzo el funcionamiento de las pulseras telemáticas antimaltrato y la obligación de utilizar balizas V16 en carretera, tras la admisión a trámite de ambas iniciativas ciudadanas.

Por un lado, los eurodiputados analizarán dos casos, uno presentado por la asociación española ANAVID, de apoyo a víctimas de violencia doméstica, y otro por la Confederación Española de Policía, que alertan de fallos en el sistema COMETA, utilizado para el seguimiento telemático de agresores.

Los peticionarios denuncian problemas técnicos como errores de geolocalización, desconexiones sin alertas, pérdida de datos probatorios y dificultades de acceso judicial a la información, lo que, según sostienen, habría generado situaciones de desprotección y consecuencias procesales.

Las denuncias señalan, además, posibles incumplimientos del Derecho de la Unión en materia de protección de víctimas, así como dudas sobre la correcta supervisión de fondos europeos utilizados en el sistema, incluidos recursos del programa ‘NextGeneration EU’.

Por otro lado, la comisión de Peticiones abordará también una solicitud ciudadana sobre la decisión del Gobierno español de imponer, a partir del 1 de enero de 2026, la obligatoriedad de la baliza luminosa V16 conectada al sistema DGT 3.0.

Los peticionarios sostienen que esta exigencia podría vulnerar el Derecho comunitario, ya que solo se aplica a conductores con vehículos matriculados en España, mientras que los de otros Estados miembro pueden circular por el mismo territorio sin estar sujetos a la misma exigencia.

En este caso, los denunciantes alegan una posible discriminación contraria al artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la UE, así como una vulneración del principio de proporcionalidad. También advierten de una posible distorsión del mercado interior debido a la comercialización masiva de dispositivos presuntamente no conformes o fraudulentos y a la falta de control sobre su homologación.

«No se puede obligar a millones de conductores españoles a asumir un coste económico que no se exige al resto de ciudadanos europeos, y menos aún escudándose falsamente en Bruselas», ha señalado la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, al respaldar la petición.