El 90% de los inmigrantes pendientes de regularización procede de América Latina
El cruce de estadísticas oficiales apunta a unos 840.000 extranjeros sin permiso de residencia
Expaña acoge 840.000 inmigrantes en situación irregular.
La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno no fija cupos por nacionalidad ni menciona países concretos. Sin embargo, el análisis de los datos oficiales disponibles permite anticipar con bastante precisión qué perfil tendrá la mayoría de los beneficiarios. Y la conclusión es clara: en torno al 90% de las personas que se regularicen procederán de América Latina.
El grueso de los beneficiarios, tras el análisis de diferentes estadísticas oficiales hecho por THE OBJECTIVE, serán personas que entraron legalmente en España como turistas, principalmente desde países de América Latina, superaron el periodo de estancia autorizado y permanecieron en el país durante meses o años. Muchos están empadronados, han tenido hijos escolarizados o han trabajado en sectores como los cuidados, la hostelería, la agricultura y la construcción, a menudo sin contrato formal ni cobertura social.
Las nacionalidades más numerosas entre los potenciales beneficiarios son Colombia, Perú, Honduras y Venezuela, seguidas por otros países como Paraguay, Bolivia y Ecuador. Este patrón no es nuevo: ya se repitió en las regularizaciones de 2000 y 2005, cuando la mayoría de los permisos concedidos recayeron también en ciudadanos latinoamericanos.
Sin registro administrativo
España, como el resto de países europeos, no dispone de un registro administrativo de personas en situación irregular. Por definición, la irregularidad no se inscribe en ningún censo. Sin embargo, eso no impide medir el fenómeno con bastante precisión. El método es sencillo y ampliamente aceptado en demografía. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica cuántos extranjeros residen en España por nacionalidad, con independencia de su situación administrativa. Por otro, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones conoce cuántos extranjeros tienen autorización de residencia en vigor, también desagregados por nacionalidad.
La diferencia entre ambas cifras permite estimar cuántas personas residen en España sin permiso. Ese cruce es el que utiliza Funcas para calcular que en España hay alrededor de 840.000 inmigrantes en situación irregular, de los cuales más del 90% proceden de América Latina. No es una cifra arbitraria: es la que manejan también organismos europeos cuando analizan países sin registros específicos de irregularidad.
Mayoritariamente latinoamericana
Hay un elemento que ayuda a explicar por qué los latinoamericanos concentran buena parte de la regularización, y que rara vez se subraya en el debate público: su mayor facilidad de integración social y laboral. El idioma común, la proximidad cultural y la existencia de redes familiares ya consolidadas facilitan su inserción en el mercado de trabajo y en la vida cotidiana.
No es una valoración subjetiva. Se refleja en indicadores como el empadronamiento, la escolarización de menores o la permanencia prolongada en el territorio. Ese arraigo previo resulta determinante en un proceso que exige demostrar residencia efectiva y vínculos con España, y explica por qué este colectivo cumple con mayor frecuencia los requisitos administrativos exigidos por el decreto.
El predominio latinoamericano responde también a factores estructurales. El primero es la facilidad de entrada legal: muchos ciudadanos latinoamericanos pueden viajar a España sin visado Schengen. La irregularidad aparece, por tanto, con el paso del tiempo, no en la frontera.
Qué cambia con la regularización
El segundo es la visibilidad estadística. A diferencia de otros colectivos, los latinoamericanos tienden a empadronarse, lo que deja rastro administrativo de su residencia aunque no tengan permiso. Esto permite medir mejor su presencia real. El tercero es la menor rotación. Una vez instalados, muchos permanecen en España durante largos periodos. En contraste, parte de la inmigración africana, pese a su mayor impacto mediático, no se traduce en un dato comparable de población irregular residente, según estas estimaciones.
La regularización no crea un derecho automático ni universal. Exige acreditar residencia previa, ausencia de antecedentes penales y voluntad de integración laboral, lo que favorece a quienes llevan tiempo en España y pueden demostrarlo con documentos como el padrón o informes sociales. En la práctica, esto implica que los principales beneficiarios serán personas ya integradas en la sociedad española, aunque hasta ahora fuera del sistema legal. El perfil coincide casi milimétricamente con el de la inmigración latinoamericana irregular que reflejan las estadísticas.