El contrato de supervisión de la vía de Adamuz sitúa a ADIF como responsable último de la vía

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tenía la responsabilidad última sobre la supervisión de las vías de Adamuz, según el contrato de auscultación de carriles que regulaba la vigilancia de la red de alta velocidad. Así lo recogen los pliegos del contrato, analizado por THE OBJECTIVE, que sitúa en el gestor público la dirección del sistema de inspección. Además, era el responsable de la validación de los resultados y de la decisión final sobre las actuaciones a adoptar ante cualquier incidencia detectada en la infraestructura.

El pliego no deja margen a interpretaciones. Los trabajos de auscultación «quedan gestionados por un responsable del contrato de ADIF», una figura designada por el propio gestor público que concentra la planificación de las campañas, la priorización de los tramos a revisar y la recepción y validación de los informes técnicos. La empresa adjudicataria, según el contrato, tenía el cometido de ejecutar las mediciones y documentar los defectos detectados. Sin embargo, carecía de capacidad para ordenar reparaciones, imponer limitaciones de circulación o decidir intervenciones sobre la vía. Estas competencias quedaban expresamente reservadas a ADIF como gestor de la infraestructura.

La empresa adjudicataria del contrato fue Redalsa, una sociedad mercantil estatal cuyo accionista mayoritario es ADIF, con el 52% del capital. El resto del accionariado se reparte entre el fabricante de carril ArcelorMittal (26%) y varias grandes constructoras con participaciones minoritarias. Este esquema no implica irregularidad por sí mismo, pero refuerza que la auscultación de las vías no se externalizaba a un tercero independiente, sino que quedaba integrada en el propio perímetro del gestor ferroviario. En la práctica, ADIF actuaba como autoridad que dirige el contrato, valida los resultados y decide las actuaciones al tiempo que controla mayoritariamente la empresa que ejecuta las inspecciones, lo que concentra en el gestor público la responsabilidad última sobre la vigilancia de la vía.

La supervisión de la vía de Adamuz

Ese reparto de funciones delimita con claridad qué no podía hacer la empresa auscultadora. El adjudicatario no tenía capacidad para actuar de oficio ante un defecto, ni para exigir medidas correctoras, ni para modificar la explotación de la línea. Su papel terminaba en la detección y el reporte. La supervisión efectiva de la vía y la gestión de las incidencias correspondían a ADIF, que decidía si un hallazgo requería actuación inmediata, seguimiento o ninguna intervención.

El objeto del servicio incluía la auscultación ultrasónica de carriles en líneas de ancho estándar en explotación, que se corresponde con la red de alta velocidad. El sistema combinaba inspecciones embarcadas con verificaciones manuales específicas en soldaduras, consideradas los puntos más sensibles de la vía. Los resultados debían integrarse en los sistemas de ADIF y servir de base para programar actuaciones de mantenimiento a corto, medio y largo plazo. No se trataba de una comprobación puntual, sino de un mecanismo continuado de control bajo dirección del gestor público.

Este marco contractual resulta clave para entender la controversia generada tras el accidente. En sus comparecencias públicas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que la fisura que provocó el descarrilamiento era «imperceptible». Además, ha asegurado que una auscultación próxima al siniestro no habría permitido detectarla. Ese argumento ha ido acompañado de cambios de discurso y de un desplazamiento progresivo del foco. Primero se centró en la supuesta imposibilidad técnica de detección y después en el papel del fabricante del carril.

El accionariado de Redalsa

Sin embargo, el contrato no traslada la responsabilidad de la vigilancia ni al proveedor del acero ni a la empresa que ejecutaba las inspecciones. El pliego mantiene esa responsabilidad en ADIF, como gestor de la infraestructura y autoridad que dirige el sistema de supervisión. Es ADIF quien recibe los informes, evalúa el riesgo y decide si se actúa, se limita la circulación o se continúa con seguimiento ordinario.

A ello se suma un elemento estructural relevante. ADIF es el accionista mayoritario de Redalsa, la empresa adjudicataria del contrato de auscultación, con el 52% del capital. El fabricante del carril participa con un 26%, junto a otras compañías con participaciones minoritarias. Esta composición accionarial refuerza que la vigilancia de las vías no se externalizaba, sino que quedaba integrada en el propio perímetro de ADIF.

El pliego administrativo refuerza ese control. La programación de las campañas, la aceptación de los medios empleados, cualquier modificación del servicio o la sustitución de equipos quedaban supeditadas a la autorización del responsable del contrato de ADIF. Incluso la clasificación de los defectos y su prioridad operativa se regían por instrucciones técnicas del gestor de la infraestructura, no por criterios autónomos del adjudicatario.

El papel de ADIF y el giro de Puente

En este contexto, los giros del relato oficial han alimentado la confusión sobre las responsabilidades. Tras insistir inicialmente en que el tramo había sido renovado y descartar problemas de mantenimiento, el Gobierno pasó a subrayar la dificultad de detección y, posteriormente, a apuntar al origen del acero. Ninguno de esos movimientos altera, sin embargo, lo que fijan los pliegos: la vigilancia de la vía y la gestión de las incidencias dependen de ADIF.

La auscultación ultrasónica es el método habitual utilizado en la red ferroviaria para detectar defectos internos en carriles y soldaduras que no son visibles externamente. Se trata de una técnica incorporada de forma sistemática a los programas de vigilancia y concebida para anticipar fallos estructurales antes de que se manifiesten en superficie. Este tipo de inspección no garantiza la detección de todos los defectos en todos los casos, una limitación conocida en la práctica ferroviaria. Pero el contrato no plantea la inspección como una prueba aislada ni como una garantía absoluta, sino como un sistema continuado de vigilancia, basado en campañas sucesivas y en decisiones de mantenimiento a partir de la información disponible.

Incluso admitiendo la hipótesis de una rotura difícilmente detectable en una revisión concreta, la responsabilidad no se desplaza a la técnica ni al proveedor del material. El reparto de funciones es claro: la empresa auscultadora —Redalsa— mide y reporta; ADIF evalúa, decide y actúa. Esa es la cadena de responsabilidad que fijan los pliegos y sobre la que deberá pronunciarse la investigación en el caso de Adamuz.