Transportes mantuvo activo el 'email' oficial de Koldo García años después de su destitución
La cuenta de correo electrónico del Ministerio estuvo operativa hasta unas semanas antes de ser detenido
Koldo García y José Luis Ábalos.
El Ministerio de Transportes mantuvo activo el correo electrónico corporativo de Koldo García Izaguirre durante más de dos años después de su salida oficial del departamento. En concreto, la cuenta siguió operativa hasta el 1 de febrero de 2024, apenas unas semanas antes de que el exasesor de José Luis Ábalos fuese detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del conocido como caso Koldo. Así lo confirma la documentación interna a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El dato, por sí solo, resulta altamente anómalo dentro de la Administración pública. Más aún si se tiene en cuenta el contexto: Koldo García había cesado formalmente en el Ministerio de Transportes, pero su correo profesional —una herramienta reservada a personal en activo— continuó funcionando con normalidad: recibió comunicaciones internas y permaneció accesible durante un periodo especialmente delicado, coincidente con el despliegue de la investigación judicial.
La situación contrasta de forma llamativa con la respuesta ofrecida por el Ministerio del Interior al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo. Interior comunicó al magistrado que había eliminado todos los correos electrónicos de la cuenta corporativa de un alto cargo implicado en la contratación de la empresa clave de la trama para la compra de mascarillas durante la pandemia: Soluciones de Gestión. Según consta en una carta de la Secretaría de Estado de Seguridad, fechada el 20 de febrero, Interior informó de que no existía contenido alguno en el correo corporativo de Daniel Belmar, quien estuvo al frente de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios durante el periodo investigado.
El juez había solicitado copia de los correos electrónicos enviados y recibidos entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2020, en plena adjudicación de contratos de emergencia para la compra de mascarillas. La respuesta fue tajante: Belmar cesó en marzo de 2023, su correo fue anulado en esa fecha y, conforme a la normativa de conservación de datos, la obligación de preservar esos mensajes expiró 12 meses después. Resultado: «No existe contenido alguno». Sin embargo, el tratamiento dado al correo de Koldo García fue radicalmente distinto. Pese a haber abandonado Transportes, su cuenta corporativa permaneció activa hasta febrero de 2024. Es decir, dos años y medio después de su cese. Un periodo más que suficiente para seguir recibiendo información sensible de un ministerio clave, con acceso directo a ADIF, Renfe y las grandes adjudicaciones de obra pública.
Información clave
La permanencia operativa del correo de Koldo no es un detalle menor ni una simple negligencia administrativa. Fuentes jurídicas consultadas subrayan que un correo corporativo activo implica acceso a circuitos internos de comunicación, convocatorias, documentos adjuntos y, en muchos casos, información no publicada relacionada con contratos, obras y decisiones estratégicas. Ese acceso resulta especialmente delicado si se tiene en cuenta que Koldo García, tras salir del ministerio, siguió manteniendo relación con empresas beneficiadas por la trama investigada. La UCO ha documentado pagos mensuales de hasta 6.000 euros percibidos por el exasesor en esos años, según conversaciones intervenidas. El riesgo evidente es que la información obtenida a través de su correo oficial pudiera haber sido utilizada en beneficio propio o de terceros.
La investigación del caso Koldo ha ido estrechando el círculo en los últimos meses, y uno de los puntos más sensibles —como ha revelado THE OBJECTIVE— se sitúa en el ámbito ferroviario. En concreto, en los desvíos del tramo cordobés donde se produjo el accidente de Adamuz, hoy considerado la zona cero de la tragedia. ADIF adjudicó en 2023 las obras de renovación de esos desvíos a una UTE integrada por empresas que figuran en la investigación de la UCO por presuntos amaños de concursos públicos.
El accidente de Adamuz ha generado una inquietud evidente en el seno de la investigación por la coincidencia entre empresas investigadas y contratos ferroviarios estratégicos. En concreto, dos expedientes concentran la atención: los proyectos de renovación de desvíos en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, divididos en dos fases. La fase 1, con un importe de 21 millones de euros, y la fase 2, con un presupuesto de 26,8 millones. A estas cifras hay que sumar los suministros asociados, que elevan el coste total del proyecto hasta cerca de los 100 millones de euros.
ADIF licitó la primera fase en marzo de 2021, cuando José Luis Ábalos seguía siendo ministro de Transportes e Isabel Pardo de Vera presidía el ente público. Aunque la adjudicación formal se produjo meses después, ya con Raquel Sánchez al frente del ministerio, los pliegos, criterios y valoraciones se diseñaron bajo el mandato de Ábalos. La apertura de sobres y evaluación de ofertas tuvo lugar en mayo de 2021.
Una de las compañías integrantes de la UTE adjudicataria es Azvi, constructora andaluza mencionada en distintos informes del caso Koldo. Junto a Convensa, Gunovart y Ferrovial, se comprometió a renovar los desvíos de toda la línea AVE entre Sevilla y Madrid. Azvi y Ferrovial, además, volvieron a resultar adjudicatarias en la fase 2, licitada en junio de 2023 y correspondiente directamente al tramo de Adamuz donde se produjo el siniestro. En paralelo, en esos mismos años, Koldo García percibía pagos mensuales documentados por la UCO.