Sánchez congela la ley que retrasa la jubilación de los jueces hasta que se vaya Peinado

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido congelar la reforma legal destinada a retrasar la jubilación de los jueces hasta los 75 años hasta que el magistrado Juan Carlos Peinado abandone la instrucción del denominado caso Begoña, la investigación judicial que afecta directamente a la esposa del presidente del Gobierno. Así lo confirman a THE OBJECTIVE fuentes conocedoras de las conversaciones mantenidas entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Juan Carlos Peinado cumplirá 72 años el próximo 27 de septiembre de 2026, lo que, conforme a la legislación vigente, le obliga a jubilarse tras haber agotado ya la prórroga máxima permitida en la carrera judicial. El juez, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, es el responsable de una causa que investiga presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo en el entorno de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo.

Aunque el Gobierno lleva meses estudiando una modificación normativa para ampliar la edad de jubilación de los jueces hasta los 75 años —ante la acumulación de vacantes y la falta de efectivos en órganos clave—, no moverá ficha hasta que Peinado deje el juzgado, según las fuentes consultadas. El mensaje trasladado al CGPJ por el ministro Félix Bolaños es claro: la reforma se estudiará, pero no antes de que se produzca el relevo en la causa más incómoda para La Moncloa.

Una reforma congelada

La ampliación de la edad de jubilación judicial no es una iniciativa improvisada. El debate lleva tiempo sobre la mesa y responde a un problema estructural: el envejecimiento de la carrera judicial y la dificultad para cubrir plazas vacantes, especialmente en órganos superiores. Sin embargo, el momento elegido para su tramitación no es casual. Según ha podido saber este diario, el Ejecutivo es consciente de que aprobar ahora la reforma permitiría a Peinado permanecer al frente del caso Begoña hasta 2029, lo que supondría alargar una instrucción que ya ha demostrado resistir los intentos de archivo. Congelar la ley hasta 2026 garantiza, en cambio, que el magistrado se jubile de forma obligatoria y que la causa quede en manos de otro juez.

El propio Gobierno ha asegurado en conversaciones internas que la reforma no está perfilada en su alcance, lo que deja margen para decidir si afectará únicamente a magistrados del Tribunal Supremo o si se extenderá a toda la carrera judicial. Esa indefinición permite al Ejecutivo modular los tiempos y los efectos políticos de la medida.

La ley que pide el Supremo…

En un informe reciente elevado al CGPJ, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo reclamó retrasar la edad de jubilación de sus magistrados hasta los 75 años y recuperar la figura del magistrado emérito. El documento advierte de que el 82% de los actuales magistrados del Supremo se jubilará en menos de diez años, lo que amenaza la estabilidad y la calidad jurisprudencial del Alto Tribunal. El informe subraya que la incorporación masiva de nuevos magistrados en poco tiempo provoca una «intensa transformación» del tribunal y que el rendimiento pleno de los jueces recién llegados no se alcanza hasta pasado un periodo de adaptación. Por ello, propone una ampliación de la edad de jubilación que permita relevos escalonados y no abruptos, garantizando la continuidad del conocimiento experto.

Aunque el Supremo plantea circunscribir la medida a su ámbito, el Gobierno reconoce que no existe impedimento jurídico para extenderla al conjunto de la carrera judicial. Precisamente esa posibilidad es la que mantiene en suspenso, consciente de las consecuencias que tendría en causas judiciales de alto impacto político.

Peinado, la pieza que incomoda a La Moncloa

La decisión de retrasar la reforma hasta la salida de Peinado no puede desligarse del contexto del caso Begoña. La investigación, que se instruye en una única pieza principal, fue prorrogada hasta abril de 2026 debido al elevado número de diligencias pendientes: análisis de correos electrónicos, informes periciales, documentación universitaria, declaraciones y recursos. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado en varias resoluciones clave —especialmente en octubre y diciembre de 2025— la solidez de la investigación, confirmando la imputación por malversación relacionada con el uso de la asesora Cristina Álvarez en actividades presuntamente privadas de Begoña Gómez. También ha respaldado que la causa siga viva y unificada, descartando su fragmentación en piezas separadas.

Pese a haber corregido al juez en cuestiones procedimentales, la Audiencia no ha desautorizado el fondo de la instrucción ni ha cerrado la puerta a que, si el caso llega a juicio, se celebre ante un jurado popular, una posibilidad que incomoda especialmente al entorno del presidente.

El intento fallido de apartar al juez

La incomodidad del Ejecutivo con el magistrado Peinado quedó patente en julio de 2024, cuando Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, presentó una querella contra el juez por presunta prevaricación. El escrito sostenía que Peinado había dictado resoluciones «a sabiendas» y guiado por «convicciones propias» que se apartaban de su deber investigador. La querella fue presentada en nombre del presidente del Gobierno «para defender la institución que representa», una decisión sin precedentes recientes. Begoña Gómez interpuso otra acción similar. Ambas fueron archivadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por falta de indicios, un revés que reforzó la posición del juez instructor. Desde entonces, la estrategia para apartar a Peinado ha cambiado de plano: ya no es jurídica, sino legislativa y administrativa.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando un juez se jubila, su sustitución se rige por criterios objetivos, principalmente la antigüedad. El CGPJ debe designar al magistrado más antiguo de entre los candidatos que se presenten a la plaza. Sin embargo, fuentes jurídicas recuerdan que la clave está en quiénes se presentan. En la práctica, puede concurrir un magistrado con afinidad ideológica o institucional con el Gobierno que, siendo el de mayor antigüedad entre los aspirantes, resulte designado. No sería la primera vez que este mecanismo se utiliza para orientar un relevo sensible.

El calendario judicial juega ahora contra el Gobierno. La instrucción del caso Begoña está prorrogada hasta mediados de abril de 2026, apenas cinco meses antes de la jubilación forzosa de Peinado. Fuentes jurídicas señalan que el magistrado pretende agotar ese plazo para evitar nuevas prórrogas y dejar la causa en condiciones de avanzar hacia la fase intermedia, aunque no será fácil debido al número de diligencias pendientes.