Prisiones licita un megacontrato de pulseras para evitar los errores de las antimaltrato
Interior refuerza las exigencias para estos dispositivos telemáticos. La mayoría son anticuados y funcionan con 3G
Una prisión, en una imagen de archivo. | EP
El Ministerio del Interior ha puesto en marcha la licitación de un nuevo macrocontrato de control telemático por 41,5 millones de euros. Tramitado por la vía de urgencia, incluye la adquisición y gestión de pulseras electrónicas y la operación integral del sistema para monitorear a presos en tercer grado, libertad condicional o con prisión domiciliaria. Un servicio mejorado que no admite interrupciones ni retrasos y con el que Instituciones Penitenciarias pretende adelantarse a posibles fallos como los que registraron las pulseras antimaltrato. La Fiscalía General del Estado reveló en su último informe que diversos errores en estas pulseras no permitieron conocer durante varios meses los movimientos de los maltratadores.
El nuevo contrato se refiere a los servicios de monitorización de personas sujetas a control que gestiona directamente Prisiones. Su uso no solo está destinado a agresores en casos de violencia de género con una orden de alejamiento. En el caso de Instituciones Penitenciarias, esta medida es opcional y su aplicación está condicionada a ciertos perfiles. Normalmente, se reserva para quienes cumplen condena por delitos graves. Puede darse el caso de que un interno obtenga un permiso de salida y lleve pulsera. Y que un recluso con el tercer grado no la porte. La semilibertad puede implicar, en lugar de ese sistema, la obligación de dormir en un centro de inserción social o la presentación periódica en el mismo.
El anuncio de Interior ofrece escaso detalle técnico, pero el procedimiento elegido y la comparación con la licitación anterior permiten identificar un endurecimiento del enfoque. No se trata de un contrato piloto ni de una transición tecnológica: el sistema debe estar plenamente operativo desde el primer día, sin fases de prueba ni implantaciones progresivas. Según explican fuentes penitenciarias, Prisiones ha dado prioridad a la renovación de las pulseras porque la mayoría funcionan con 3G, una red móvil que desaparecerá progresivamente en España durante los dos próximos años. «Daban algunos problemas, pero no graves. Se cambian porque están anticuadas».
Un relevo sin fisuras
En cualquier caso, la urgencia es un indicio central. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska busca no repetir errores, reforzando las exigencias del contrato y reduciendo al mínimo la tolerancia al fallo. En contratación pública, la citada vía se reserva para supuestos de necesidad inaplazable o de riesgo para la continuidad de un servicio esencial. En el control telemático, cualquier vacío afecta directamente a órdenes judiciales en vigor, lo que explica la aceleración del proceso para asegurar un relevo sin fisuras.
El valor estimado y la duración refuerzan esa lectura de continuidad. El diseño del contrato apunta a un servicio estructural, con operación permanente y sin periodos de coexistencia entre sistemas. A diferencia de otros ámbitos tecnológicos, aquí no se contempla margen para ajustes posteriores. Aunque el anuncio no desglosa aún los criterios técnicos, la experiencia previa vuelve a situarse como un elemento determinante frente al precio o a propuestas no probadas. La comparación con el contrato anterior apunta a requisitos más exigentes, orientados a la fiabilidad y a la reducción del riesgo operativo.
Tobilleras antimaltrato
Hace una semana, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se autorizaba un nuevo contrato también para gestionar las pulseras antimaltrato. A pocos meses de que expire el actual y tras el escándalo de los errores en los dispositivos, el Ministerio de Igualdad anunció que ahora serán tobilleras, en vez de brazaletes porque, en palabras de su titular, Ana Redondo, son «más fiables y menos manipulables».
Según explicó Redondo, el contrato va a permitir cambiar en menos de 24 horas los dispositivos que estén manipulados o defectuosos, y se exigirá la reparación de cualquiera que presente fallos en un plazo máximo de tres meses una vez se hayan retirado. Incluirán una tarjeta electrónica que no podrá ser extraída, pantallas de cristal reforzado y una mejora en las baterías, de más larga duración, como venían pidiendo desde hace tiempo las víctimas.
En cualquier caso, los errores que dejaron durante meses en una situación de desprotección a las víctimas no fueron técnicos. Los fallos en el sistema Cometa, encargado del seguimiento de los dispositivos telemáticos, se produjeron cuando el servicio cambió de adjudicataria y gestora. Una transición durante la que se produjo un fallo en el volcado de datos, por el que no se pudo saber durante meses los movimientos de hombres sobre los que pesaba una orden de alejamiento de su víctima. Una anomalía, que según denunció la Fiscalía, provocó una gran cantidad de sobreseimientos y absoluciones de agresores en los juzgados.