Ábalos intenta vender la sede de su ONG en plena investigación judicial

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, ha intentado vender sin éxito uno de los activos más sensibles de su patrimonio: el local que alberga la sede de la ONG que él mismo fundó en Valencia, Fiadelso, y que se encuentra bajo el foco de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ha podido saber THE OBJECTIVE en exclusiva, Ábalos ha tratado de desprenderse recientemente del bajo comercial situado en la calle Conchita Piquer número 10 de Valencia con el objetivo de obtener liquidez inmediata. La operación, sin embargo, no ha salido adelante. Ni ha logrado convencer a su socio, copropietario del inmueble, ni ha podido —por el momento— colocar su parte en el mercado.

El inmueble no es un local cualquiera. Se trata de la sede histórica de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), una ONG fundada en 1992 por el propio Ábalos y que durante años se nutrió casi en exclusiva de subvenciones públicas, muchas de ellas concedidas durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. De acuerdo con la nota simple del Registro de la Propiedad a la que ha tenido acceso este periódico, el inmueble es un local comercial en planta baja, segundo de la izquierda del zaguán del edificio situado en Valencia-Campanar, con fachada a la calle Conchita Piquer. Cuenta con 187 metros cuadrados, dos puertas de acceso y carece de distribución interior.

Adquirió el local en marzo de 2003 por 135.000 euros, junto a otros socios. En la actualidad, tras el fallecimiento de uno de ellos, la propiedad figura al 50% a nombre de José Luis Ábalos y de Jaime Gustavo Casal Ardines, expresidente de Fiadelso. Según las fuentes consultadas, Ábalos ha trasladado recientemente a Casal su intención de vender el inmueble para obtener liquidez. La respuesta fue negativa. El socio se negó a desprenderse del local, bloqueando así cualquier operación conjunta. Ábalos tampoco ha logrado, por ahora, vender su parte indivisa a terceros.

La tentativa de venta del local se produce en un momento especialmente delicado para el exministro socialista. Ábalos atraviesa serios problemas de liquidez en España, lo que le ha llevado incluso a prescindir de su último abogado, Carlos Bautista, al no poder asumir los honorarios de la defensa. Sin embargo, la venta del inmueble le podría haber sumado un nuevo delito al exministro: el de alzamiento de bienes, puesto que el mismo está bajo la lupa de los investigadores.

Sede de Fiadelso

El bajo comercial que Ábalos ha intentado vender es la sede oficial de Fiadelso, una ONG que, pese a presentarse como «independiente y ajena a vínculos políticos o religiosos», mantuvo durante años una estrecha conexión con el poder político socialista y con el propio Ábalos. El exministro ocupó la presidencia de la fundación entre febrero de 1998 y octubre de 1999. Aunque posteriormente se retiró formalmente de la primera línea, siempre mantuvo una relación estrecha con el patronato y con la estructura de la organización, compartiendo incluso la propiedad del inmueble con quien fuera presidente de la entidad.

Fiadelso cuenta con delegaciones en varias comunidades autónomas y presencia en países de América Latina como Perú, Bolivia, Colombia, Honduras y Chile. Sin embargo, su actividad ha estado marcada por una incapacidad reiterada para justificar adecuadamente las subvenciones públicas recibidas, lo que ha provocado requerimientos de devolución de fondos por parte de distintas administraciones. Una tarea que, según la documentación oficial, la organización no ha hecho correctamente en la última década.

Los datos económicos de Fiadelso reflejan un crecimiento que coincide de forma milimétrica con la consolidación política de José Luis Ábalos dentro del PSOE. En 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa, la fundación percibía 221.000 euros en subvenciones públicas. Cinco años después, esa cifra se había disparado hasta 1,5 millones de euros anuales. El despegue coincide con la entrada de Ábalos en el Congreso de los Diputados como diputado por Valencia. Durante los ocho años de Gobierno de Zapatero, Fiadelso recibió un total de 5,5 millones de euros en subvenciones públicas, mientras que en algunos ejercicios declaraba ingresos testimoniales por cuotas de afiliados, apenas 1.500 euros. Del total percibido, más de 2,3 millones de euros terminaron en Perú, según consta en la documentación oficial a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Uno de los episodios más delicados del entramado es el destino de parte de esos fondos. El dinero público se empleó, entre otras cosas, en la construcción de un edificio en Chimbote, al norte de Perú, teóricamente para población vulnerable. Sin embargo, el inmueble aparece escriturado a nombre de José Luis Ábalos.

Venta a un banco malayo

El intento reciente de vender el bajo de la calle Conchita Piquer no es un hecho aislado. Como adelantó este periódico, Ábalos ya trató de desprenderse del inmueble en 2021 y 2022, cuando ejercía como presidente de la Comisión de Interior del Congreso tras su salida del Gobierno. Entonces, el comprador potencial era la sociedad malaya M24 Tawreeq SDN BHD, interesada en obtener una licencia bancaria para operar en España. Una de las contrapartidas del acuerdo era la adquisición del local de Ábalos, con el objetivo de «sacar rentabilidad en la transacción».

El exministro llegó a firmar un contrato de arras en enero de 2022, seis meses después de abandonar el Ejecutivo. Participó en al menos tres reuniones para facilitar la operación, una de ellas con una carpeta con membrete del Congreso de los Diputados que contenía toda la documentación para la venta del inmueble como futura sede social del banco. La operación nunca se cerró. La licencia bancaria no se concedió y la sociedad malaya empezó a dudar de la transparencia del proceso, llegando a sospechar que podía tratarse de una estafa. Hoy, ese mismo inmueble vuelve a escena. Ábalos necesita liquidez y, para ello, intenta vender una propiedad, operación que podría conllevarle más problemas judiciales que beneficios.