Miles de extranjeros con el asilo denegado por España podrán ser regularizados ahora

Miles de extranjeros a los que España ha denegado el estatus de refugiado o asilado podrían intentar ahora regularizar su situación administrativa dentro del nuevo proceso extraordinario impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. No se trata de convertir automáticamente una solicitud rechazada en permiso de residencia, sino del cruce entre dos procedimientos distintos: el sistema de protección internacional y las vías legales previstas para quienes permanecen en el país sin autorización. Ese cruce es consecuencia directa de cómo funciona el sistema en la práctica.

Según los datos analizados por THE OBJECTIVE, España acumula actualmente cerca de 250.000 solicitudes de protección internacional pendientes de resolución, una cifra que refleja la presión que soporta el sistema. Cada año se registran más de 160.000 nuevas peticiones, pero la capacidad administrativa no logra absorber ese volumen con rapidez. Aunque la ley establece un plazo de seis meses para resolver, muchos expedientes superan ampliamente ese límite y se prolongan durante más de un año, e incluso dos.

Cuando una persona solicita protección internacional, obtiene estancia legal mientras se tramita su expediente. Durante los primeros seis meses no puede trabajar. Así se recoge en la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Si pasado ese plazo la Administración no ha resuelto —algo habitual por la acumulación de casos— se habilita la autorización laboral. El objetivo es evitar que quien espera respuesta quede sin medios de subsistencia. En la práctica, este mecanismo permite que miles de solicitantes se incorporen al empleo, y a una situación regular, mientras su situación sigue pendiente.

Solicitudes de asilo denegadas

Durante esa fase inicial, buena parte de los solicitantes accede además al sistema estatal de acogida, que proporciona alojamiento temporal y apoyo básico. La finalidad es garantizar condiciones mínimas de subsistencia mientras se resuelve el procedimiento. La disponibilidad de plazas varía según la carga del sistema, pero el diseño mantiene una permanencia administrativa protegida durante la espera.

Los datos muestran el desajuste entre volumen y resultados. En términos generales, alrededor del 20% de las solicitudes de asilo obtienen algún tipo de protección, mientras que la mayoría se resuelve de forma negativa o mediante otras figuras administrativas como inadmisiones o archivos. Cuando llega una resolución denegatoria, el solicitante pierde el estatus asociado al procedimiento y, legalmente, debe abandonar el país. No existe una transición automática hacia la residencia.

Sin embargo, el tiempo acumulado durante la espera puede tener efectos administrativos posteriores. Si la persona acredita permanencia continuada, vínculos laborales o integración social, puede intentar encajar en otras figuras previstas por la normativa de extranjería, como el arraigo. Es en ese punto donde aparece la conexión con la regularización extraordinaria que prepara el Ejecutivo y para la que están fijados ya los plazos. El acceso no está garantizado ni es universal: depende de cumplir los requisitos documentales exigidos.

Perfiles para regularizar

En la práctica, los perfiles que podrían intentar encajar en este proceso son tres: quienes ya permanecen en España tras haber recibido una denegación de su solicitud de protección internacional; aquellos solicitantes que obtengan una resolución negativa en los próximos meses y pasen a situación irregular; y quienes decidan desistir del procedimiento antes de su resolución. En todos los casos, la eventual regularización no es automática: dependerá de acreditar permanencia continuada, integración y el resto de requisitos legales que establezca el proceso.

El funcionamiento del sistema explica por qué este cruce se ha vuelto relevante. Cada expediente exige entrevistas, análisis documental y evaluación jurídica. Cuando el volumen supera la capacidad operativa, los retrasos se vuelven estructurales. Esa dilación prolonga la estancia legal de quienes esperan resolución y condiciona su trayectoria administrativa posterior.

A esta presión se suma la evolución del perfil de las solicitudes y el volumen sostenido de entrada de expedientes, que obliga a la Administración a gestionar miles de casos simultáneamente con recursos limitados. Cada retraso no solo amplía los tiempos de espera, sino que prolonga la permanencia administrativa de quienes aguardan resolución. En la práctica, esto convierte el procedimiento en una fase prolongada de estancia legal que influye en decisiones posteriores, tanto del propio solicitante como del sistema de extranjería. No es un efecto previsto como objetivo del modelo, sino una consecuencia operativa derivada de la sobrecarga administrativa.

Efectos indirectos

Este contexto ayuda a entender cómo los plazos prolongados generan efectos indirectos sobre la situación migratoria. El cruce entre protección internacional y regularización no implica privilegios ni atajos automáticos. Son procedimientos distintos que pueden converger cuando una persona pasa de una situación administrativa regular —mientras su solicitud está en trámite— a otra que exige acreditar permanencia. En ese momento, las condiciones son equivalentes a las de cualquier extranjero que solicite regularizar su situación conforme a la normativa vigente.

La regularización extraordinaria no transforma el rechazo del asilo en residencia legal. Lo que abre es una posibilidad administrativa para quienes puedan demostrar que cumplen los requisitos exigidos. En ese contexto, miles de personas que han pasado años dentro del sistema podrían intentar acogerse a esta vía. El resultado dependerá de cada expediente individual.