Sumelzo reconoce que fue apoderada de la empresa familiar que pagó a Servinabar
Reconoce en el Senado que lo hizo durante cinco meses hace 17 años, pero rechaza que mediara con el PSOE
Susana Sumelzo este lunes en el Senado. | Ricardo Rubio (Europa Press)
Simples insinuaciones. Así ha calificado Susana Sumelzo las noticias sobre cómo la empresa de su familia multiplicó un 150% su facturación pública con la llegada del PSOE a Moncloa. La secretaria de Estado para Iberoamérica se ha desvinculado este lunes de los negocios familiares en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Sin embargo, ha reconocido que fue apoderada de la compañía durante cinco meses hace 17 años, aunque nunca utilizó el poder notarial. La dirigente aragonesa también ha rechazado que algún familiar le pidiera mediar con alguien del partido. La constructora de los familiares de la dirigente socialista, de la máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría pagado más de 12.000 euros a Servinabar, una de las firmas investigadas por amañar obras públicas.
Sumelzo, que inicialmente estaba citada el pasado 2 de febrero, ha acudido al Senado este lunes, un día después de que el PSOE obtuviera los peores resultados de su historia en unas elecciones autonómicas en Aragón. La senador de UPN María del Mar Caballero le ha preguntado si pertenece a «una familia», a lo que la secretaria de Estado ha respondido enfadada. Le ha advertido de que «una insinuación pública de delito parentesco» puede tener consecuencias por el «derecho al honor, a la reputación y a la difamación».
Caballero ha requerido a la compareciente por Sumelzo S.A., presidida por Juan José Sumelzo, hermano de la secretaria de Estado, y por su padre, Fernando Sumelzo Cía. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga por qué la constructora aragonesa pagó 12.100 euros a Servinabar, la empresa que presuntamente utilizaba el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Un asunto que investiga la Audiencia Nacional. La senadora de UPN también ha mostrado sus sorpresa porque ambas firmas compartieran apoderado y ubicación.
La incompatibilidad de Sumelzo
«Lo que usted está haciendo, si está haciendo una insinuación, no es menor. El parentesco no genera responsabilidad penal ni civil. Insinuar lo que está usted haciendo y lo que vienen haciendo determinados grupos parlamentarios desde hace más de diez años, sin hechos probados, puede ser un delito», ha insistido Sumelzo. La compareciente ha insistido en varias ocasiones en que no forma parte de ninguna empresa y que «jamás he tenido que ver con un procedimiento administrativo».
El senador del PP Salvador Foronda le ha recordado que fue apoderada de Sumelzo S.A. mientras era técnico de la Diputación de Zaragoza, contraviniendo la ley de incompatibilidades. La compareciente ha respondido que no recuerda qué pasó entonces y que nunca ha tenido vinculación con esa ni otra sociedad. «Usted era apoderada cuando la empresa pasó de tener ingresos de dos millones en 2002 a 16 millones», ha denunciado el dirigente popular.
Foronda ha insistido en que la firma de su familia y Forestalia «se llevaron el 94% de los contratos de renovables en Aragón en la época que se investiga». Uno de los momentos de más tensión ha llegado cuando el senador del PP ha preguntado a la compareciente si había acudido al notario para renunciar a la futura herencia de la empresa familiar en virtud al artículo 1.008 del Código Civil. Sumelzo ha pedido que, si tiene pruebas de alguna de las insinuaciones, acudiera al juzgado.
«Son más de 850 sociedades y rotación de administradores con un megacontrato de 575 millones de euros y adjudicaciones repetidas durante 20 años, todo bajo sospecha», ha recalcado Foronda. Sumelzo fue convocada a la comisión para ahondar en el papel de la sociedad de su familia como «prestamista» desde hace siete años en Forestalia, una de las empresas registradas por la UCO por el llamado caso SEPI.
Ayudas públicas a Forestalia
En esa investigación fueron detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar, la constructora de la que Cerdán tendría el 45% de las acciones. Una de las empresas que investiga la UCO en esa trama es Forestalia, cuya matriz tendría diferentes negocios con Sumelzo S.A., la empresa de la familia de la compareciente.
Como avanzó este diario, el Gobierno financió con 17,3 millones de euros un proyecto de Forestalia en 2022. Lo hizo a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), una de las empresas públicas registradas por el caso SEPI. La ayuda se otorgó a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip), creado a finales de diciembre de 2020 para combatir los efectos de la pandemia mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Los registros mercantiles analizados por THE OBJECTIVE muestran una pauta común: varias sociedades pasan sucesivamente por manos de los Sumelzo y de Forestalia mientras algunas empresas del entorno aragonés hacen pagos a Servinabar. Foronda ha afeado a la secretaria de Estado que la empresa de su familia y Forestalia compraran y vendieran empresas y que desaparecieran después.
La ruta societaria es especialmente visible en sociedades creadas o activadas a partir de 2017 para participar en proyectos eólicos y fotovoltaicos en Huesca, Zaragoza y Teruel. En ese periodo, Aragón concentró parte de la tramitación de grandes proyectos energéticos privados. En ese ecosistema, los movimientos de control entre los Sumelzo y Forestalia se repiten en varias fases administrativas.
La llegada de Sánchez a Moncloa
Las sociedades Renovables Trillar, Energías Renovables de Polux, Renovables Ores o Energías Renovables de Lisitea ilustran ese circuito, al que se ha referido el senador popular en su intervención. En varias de ellas se documenta un primer periodo en manos de la familia Sumelzo o de empresas de su entorno, seguido de un relevo a favor de Fernando Sol, del holding de Fernando Samper, dueño de Forestalia. En otras operaciones, el tránsito se produce en sentido inverso. Los cambios se producen mediante ceses y nombramientos de administradores únicos, apoderados o representantes, todos ellos inscritos oficialmente en el Registro Mercantil.
Las administraciones públicas en manos del PSOE han sido históricamente grandes clientes de la constructora de la familia de la compareciente. Las ventas de la compañía se situaban en torno a los 6,4 millones de euros en 2018. Solo dos años más tarde, la cifra había ascendido a 16,2 millones, es decir, un 153% de incremento tras la llegada de Sánchez a Moncloa. Su mejor cliente fue (y sigue siéndolo), la Confederación Hidrográfica del Ebro, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. En tiempos de Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, le otorgó un total de 11 contratos por valor de 16 millones de euros.