El secretario de Plus Ultra liquidó una empresa vinculada a PDVSA justo antes del golpe policial

Apenas 24 horas antes de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional accediesen a las oficinas de Plus Ultra y detuviesen a varios de sus directivos, el Registro Mercantil reflejó un cambio significativo en las relaciones empresariales de uno de los miembros destacados del consejo de administración de la aerolínea. Se trata del secretario no consejero Santiago Fernández Lena, que hasta un día antes de la operación policial aparecía como representante de una firma inmobiliaria junto a un banquero venezolano señalado por blanqueo en la venta de petróleo a través de la compañía PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.).

Según ha podido saber THE OBJECTIVE, este hecho no ha pasado inadvertido a la investigación policial en marcha. El pasado 10 de diciembre, el Registro Mercantil anotó un movimiento clave en la empresa Desarrollo y Promoción Inmobiliaria Madroños 23 S.L: el cese de su consejo, el nombramiento de un liquidador y la disolución «voluntaria» de la compañía.

Pese a que este cambio queda publicado en el Boletín Oficial del día 17 de diciembre, la modificación se produjo ante notario el día 10. Es decir, sólo unas horas antes de que agentes de la UDEF irrumpiesen en la sede de Plus Ultra para detener al dueño de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al CEO de la compañía, Roberto Roselli. 

Paralelamente a esas detenciones, cabe recordar, se produjo otra significativa en un piso de la calle Diego de León, en pleno barrio de Salamanca. La policía detuvo allí a un empresario hasta el momento desconocido para la opinión pública llamado Julio Martínez Martínez. Horas después, TO confirmaría que se trataba del mismo empresario que figura como cliente de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, de cuya extraña red societaria se había informado hace ahora un año.

En aquel momento, legalmente, Desarrollo y Promoción Inmobiliaria Madroños 23 S.L. se encontraba ya liquidada. Y con ello, roto el vínculo societario entre el secretario de Plus Ultra y un ciudadano venezolano llamado José Fernando Delgado Sorondo. Este último figuraba como apoderado de la empresa desde agosto de 2016. En 2018 se unió como representante Santiago Fernández, cuyo nombre está entre los investigados en la causa, tal y como avanzó Okdiario.

Según ha podido comprobar TO, Delgado Sorondo es, además, director principal de la entidad venezolana Bancamiga Banco Universal, tal y como acreditan documentos registrados en la Bolsa de Valores de Caracas. Este banco, controlado esencialmente por el régimen chavista, actuó como herramienta para la exportación de petróleo venezolano bajo sanciones.

Blanqueo y petróleo de PDVSA

A partir de 2017, Estados Unidos (y más tarde la Unión Europea) comenzó a aplicar sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por la constante represión política y la persecución a la oposición. La presión internacional golpeó al chavismo donde más le dolía: en el petróleo. Se prohibieron las transferencias internacionales y la compra de bonos a PDVSA, y años más tarde se persiguió físicamente a los buques que sacaban el crudo de Venezuela.

De ahí surgió un mercado negro de petróleo que requería, además, un circuito bancario alternativo para pasar bajo el radar de las autoridades internacionales. En ese blanqueo de capitales, que también recurrió a criptomonedas, jugaron un papel fundamental dos bancos: el Compass Bank de la República Dominicana y el Bancamiga venezolano. Estas entidades —y otras— están señaladas por haber efectuado movimientos de capital en sentido de ida y vuelta para llevar a Caracas o sacar del país el dinero del petróleo con el que el régimen traficó, se lucró y se mantuvo en el poder durante años.

Transferencias de ese tipo son precisamente las que la UDEF investiga actualmente en el marco del caso Plus Ultra. Las pesquisas se basan en la sospecha de que algunos de los prestamistas que entregaron dinero a la aerolínea antes de su rescate recibieron luego parte de los fondos públicos abonados por el Gobierno. En esos movimientos, cree la investigación, se habría lavado capital procedente de negocios vinculados al chavismo como los anteriormente descritos.

Zapatero, su «testaferro» y sus hijas

El rescate de Plus Ultra, además de ser el más rápido entre la aprobación del Consejo de Ministros y la firma ante notario previa a la transferencia de 53 millones de euros, fue posiblemente el más sospechoso de todos cuantos acometió la SEPI en plena pandemia. La aerolínea, que terminó aquel 2020 con tan solo un avión operativo y representando el 0,03% de los vuelos a nivel nacional, consiguió que se le asignase la categoría de «estratégica».

Esa etiqueta la logró gracias al Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Y fue a Ábalos a quien fue a ver el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como ha desvelado TO, en el otoño de aquel 2020. Allí le pidió acelerar ese certificado, vital para que Plus Ultra obtuviese el rescate. Y lo hizo justo después de que su ‘amigo’ Julio Martínez Martínez, su presunto «testaferro» según fuentes de la investigación, se uniese a la escueta lista de clientes de la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero. En ese mismo momento, como pieza de ese complejo puzle empresarial, Plus Ultra acababa de solicitar oficialmente el rescate y había pedido -y pagado- asesoramiento para ello al mismo Julio Martínez Martínez.