Transparencia exige a Sánchez que revele los nombres y sueldos de 380 cargos de confianza
Una resolución del CTBG fija plazo para que se dé acceso a datos relacionados con el organigrama de Presidencia
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha exigido a Pedro Sánchez que revele la identidad y el sueldo de los 380 asesores y cargos de confianza ocupados en la Presidencia del Gobierno. El organismo independiente, que garantiza el derecho de acceso a la información pública, se ha pronunciado tras estimar íntegramente una reclamación por falta de respuesta administrativa. La resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, concluye que los datos solicitados —número de asesores, nombres, nombramientos oficiales y retribuciones— son información pública y no pueden ser ocultados sin una justificación legal expresa. El organismo fija un plazo para su entrega y subraya que el derecho de acceso constituye una garantía esencial del control ciudadano sobre la actividad institucional.
La decisión sitúa ahora la responsabilidad en la Presidencia que dirige Sánchez: remitir la información requerida o recurrir la resolución por la vía judicial. El Consejo recuerda que el incumplimiento de plazos no es una formalidad administrativa, sino una vulneración material del derecho de acceso. En este expediente, la Administración no aportó alegaciones que justificaran la ausencia de respuesta, lo que refuerza el mandato de entrega de la información.
El alcance del requerimiento adquiere dimensión al cruzarse con la documentación administrativa vigente. La relación oficial de puestos de trabajo de Presidencia identifica 380 puestos de carácter eventual no vacantes, es decir, ocupados. Se trata de personal de confianza que sostiene la operativa política y técnica del entorno presidencial. Aunque el registro no incluye nombres, sí permite reconstruir la arquitectura organizativa y confirmar que la estructura es amplia, activa y plenamente integrada en la gestión ordinaria.
Los asesores de Sánchez
Dentro de ese bloque, 143 puestos corresponden a funciones directas de asesoramiento, distribuidos entre vocales asesores, consejeros técnicos, directores de programas y asesores en sentido estricto. Estos perfiles participan en tareas de planificación estratégica, coordinación política y seguimiento de iniciativas gubernamentales. A ellos se suman 51 plazas de secretaría y apoyo directo, vinculadas a gabinetes y unidades de coordinación. El resto —186 puestos— engloba perfiles de confianza con funciones técnicas, administrativas o de soporte operativo.
La distribución jerárquica refuerza el peso de esta estructura. 126 de esos cargos ocupados se sitúan en niveles 28, 29 y 30, los tramos superiores de la escala administrativa. Estos niveles concentran responsabilidades estratégicas y complementos retributivos elevados dentro del sistema público. La presencia significativa de personal eventual en rangos altos indica que el núcleo de confianza opera en la franja directiva del organigrama.
Complementos para asesores de 41.000 euros
Aunque el registro administrativo detalla puestos y no personas, sí permite aproximar la relevancia económica de la estructura mediante los complementos específicos asociados a cada plaza. Los niveles superiores concentran cuantías destacadas dentro de la escala retributiva pública, lo que evidencia el impacto presupuestario de esta red de asesoramiento. En el tramo más alto, el complemento específico de un vocal asesor de nivel 30 alcanza los 41.000 euros anuales, lo que sitúa a estos puestos entre los mejor retribuidos dentro del personal eventual de la Administración.
La exigencia cobra especial relevancia en un contexto político reciente marcado por investigaciones y controversias en las que han aparecido mencionadas figuras del entorno gubernamental, incluidos asesores y personal de confianza. Episodios vinculados al denominado caso Koldo, a diligencias relacionadas con la etapa de José Luis Ábalos o a la polémica sobre una asesora asociada al entorno de Begoña Gómez han intensificado el debate sobre la necesidad de trazabilidad institucional. Estos procesos pertenecen al ámbito judicial o mediático y no implican responsabilidades acreditadas en este marco, pero subrayan la importancia de que la información administrativa sea verificable.
Personal de confianza y transparencia
El Consejo de Transparencia insiste en que la Administración solo puede limitar el acceso a información pública cuando justifique de forma concreta la concurrencia de un interés protegido. La resolución recuerda además que cualquier restricción exige motivación suficiente. En ausencia de alegaciones, el organismo concluye que procede la entrega íntegra de la información solicitada.
Desde el punto de vista organizativo, la documentación administrativa dibuja una Presidencia apoyada en capas de asesoramiento estratégico, coordinación técnica y gestión operativa. Vocales, asesores y consejeros técnicos actúan como enlace entre la dirección política y la ejecución administrativa, mientras que secretarías y unidades de apoyo sostienen la planificación cotidiana. Este modelo combina confianza política y estructura profesional especializada, una característica habitual en entornos ejecutivos complejos.
La publicación de los datos ordenada por el Consejo permitirá contrastar nombramientos, perfiles y salarios, aportando claridad sobre una estructura que, por su cercanía al poder ejecutivo, concentra interés público. Con la resolución ya adoptada, el foco se desplaza ahora al cumplimiento efectivo del requerimiento. La entrega de la información cerraría la brecha entre el registro administrativo y la identificación real de quienes ocupan los puestos de confianza, reforzando la rendición de cuentas y la trazabilidad institucional en el núcleo del Ejecutivo de Sánchez.
El presidente Pedro Sánchez tiene en Moncloa 143 eventuales dedicados a labores de asesoramiento.