Dimite la 'número tres' de la Seguridad Social en pleno escándalo por el amaño de oposiciones

Cristina Asacia ha puesto fin a su etapa como subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La que fuese número tres del Ministerio decidió el pasado viernes dejar a petición propia el cargo, que ocupaba desde noviembre de 2023. Y lo hizo en un momento especialmente delicado para el departamento dirigido por Elma Saiz, mientras la Fiscalía investiga el presunto amaño de las últimas oposiciones a administrativo de la Seguridad Social. La marcha de Asacia resulta llamativa, habida cuenta de que entre sus responsabilidades figuraba la gestión de los procesos selectivos vinculados al departamento. De hecho, esta alto cargo fue la que firmó la resolución de los aprobados en las oposiciones que ahora están bajo la lupa del Ministerio Público.

Desde el Ministerio de Seguridad Social, una portavoz sostiene que la dimisión de Asacia, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado martes, se debe a motivos personales. Diversas fuentes consultadas por THE OBJECTIVE explican que la salida de esta licenciada en Derecho y con una dilatada experiencia en gestión pública se debe en realidad a «continuas desavenencias» con la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, en un departamento ya de por sí difícil de gestionar por las materias tan dispares y complejas que integra. Su sustituta será Blanca Breñosa, hasta ahora responsable de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio.

La investigación de la Fiscalía

Otras fuentes, en cambio, vinculan la dimisión de la subsecretaria directamente con el escándalo de las oposiciones presuntamente amañadas y con el hecho de que el ministerio tiene previsto publicar la resolución definitiva de aprobados en el proceso selectivo en los próximos días, pese a que hay en curso una investigación que pone en duda la transparencia de la oposición. Un extremo que complicaría el futuro de quienes se han visto afectados por el fraude porque impediría la repetición de los exámenes y pondría más trabas para quitarles la plaza a quienes la habrían obtenido de manera fraudulenta, según las mismas fuentes. 

La Fiscalía investiga las pruebas que se realizaron en la sede de La Coruña después de que las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieran a aspirantes examinados en la citada provincia, tal como reveló THE OBJECTIVE. No obstante, Celanova (Ourense) se ha convertido en el centro de las pesquisas del fiscal después de que este periódico desvelase que 12 habitantes (la localidad tiene 5.700 vecinos), todos ellos con nexos comunes, lograron altas calificaciones en las oposiciones de la Seguridad Social, Hacienda y ADIF. 

Pinganillos, pagos, hoteles…

Por si esta concentración no resultase lo suficientemente anómala, siete de los aspirantes que obtuvieron sobresaliente en la oposición de la Seguridad Social en Galicia figuraban también como aprobados en listados oficiales de distintos procesos estatales, según el cruce de resoluciones hecho por este diario. En otras palabras, estas siete personas, todas ellas examinadas en La Coruña, tenían una plaza de funcionario ya en el cuerpo de Auxilio Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia; en ADIF; o en la Administración General del Estado (AGE). 

Estas irregularidades en los procesos selectivos esconderían detrás un supuesto entramado corrupto que vendería plazas en organismos públicos a cambio de grandes sumas de dinero. Todo bajo el mismo modus operandi: reuniones en hoteles, pagos de entre 20.000 y 60.000 euros, dependiendo de la oposición, y la entrega de pinganillos para el chivatazo de las pruebas, según han revelado fuentes conocedoras de estos hechos. La venta de plazas para ser funcionario del Estado no solo se limitaría a la Seguridad Social; entre la cartera de opciones se incluirían también Instituciones Penitenciarias, Hacienda, la Administración General del Estado (AGE) y la Policía Nacional. 

Sospecha de amaño en otras sedes

Este sistema no sería el único que podría haber amañado presuntamente las últimas oposiciones de la Seguridad Social. Distintos testimonios apuntan en esa dirección, habida cuenta de las «fallas de seguridad» que se produjeron en distintas sedes donde se celebraron las pruebas estatales en 2025. La primera, según relataron diversas fuentes, fue la falta de control. «La fiscalización fue nula. Ningún vigilante examinaba lo que hacía cada opositor, ni siquiera se paseaba por los puestos», apuntaba un gran número de opositores.

Tampoco había inhibidores de señal ni detectores de metales, lo que hace más factible el uso de métodos tecnológicos para copiar durante el examen. «Había personas con relojes inteligentes haciendo la prueba y nadie les llamó la atención. También podías tener las pertenencias en el cajón de debajo del pupitre sin ningún tipo de problema», señalaban. A los 30 minutos de comenzado el examen, se podía salir del mismo. Aunque los aspirantes no podían llevarlo consigo, la sospecha es que pudieron hacer fotos de la prueba durante esa media hora y salieron después para resolver las preguntas y filtrarlas. 

Un modelo de examen

Otra anomalía en el desarrollo de las pruebas estatales es que hubo varias aulas de distintas sedes en las que no se repartieron los dos modelos de examen. En la sede gallega, donde se centran las sospechas y la investigación de la Fiscalía, solo se repartió el modelo A, cuando hay dos: A y B. La Coruña no fue la única excepción. En la facultad de Valencia ocurrió lo mismo en al menos tres aulas, según las fuentes consultadas. Y en Madrid y Barcelona solo se repartió ese primer modelo en varias aulas. 

En otras delegaciones como Sevilla, Málaga o Mallorca, los funcionarios repartieron los modelos A y B de forma alterna a todos los participantes. «El hecho de que solo se repartiese un modelo en al menos cuatro sedes hace sospechar de los encargados que repartieron las pruebas. ¿Por qué se hizo eso?», critican estas fuentes, que reclaman la repetición del proceso tras el escándalo de Galicia y la falta de medidas de vigilancia en la convocatoria.

El caso del amaño de oposiciones llegó a la Fiscalía después de que el Ministerio de Seguridad Social remitiese un informe sobre presuntas irregularidades en el proceso. Una serie de anomalías sobre las que el departamento dirigido por Elma Saiz tendrá que dar explicaciones también en el Congreso de los Diputados, después de que el grupo parlamentario popular haya registrado una batería de preguntas en la Mesa de la Cámara Baja en las que solicita al Gobierno desvelar las conclusiones de la investigación interna que realizó.