Escándalo en el PSOE de Sevilla: coaccionan a un joven para que no denuncie a su violador
El agredido denuncia ante la policía que su agresor se salta la orden de alejamiento de 300 metros
La trama de corrupción y favores políticos en el municipio sevillano de Albaida del Aljarafe ha cruzado una línea roja que ya no solo afecta a la limpieza democrática, sino a la seguridad física y emocional de una víctima de abusos sexuales. Según documentación y testimonios exclusivos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el joven que fue víctima de abusos por parte del excartero A.G.D. ha denunciado ante el consistorio una situación insostenible: su agresor está trabajando para el Ayuntamiento en el servicio de asistencia a domicilio, recorriendo calles y entrando en viviendas situadas en un radio inferior a los 300 metros de su domicilio.
Esta circunstancia supone un flagrante incumplimiento de la orden de alejamiento impuesta por los tribunales tras la condena de cinco años de prisión que cumplió el extrabajador de Correos por abusar de un menor de 14 años. El joven, que ahora es mayor de edad y ha decidido romper su silencio, se enfrenta además a una presunta red de encubrimiento institucional. Este periódico ha tenido acceso a la denuncia interpuesta por el joven ante la Policía, ya que el Ayuntamiento del PSOE está facilitando que su agresor ignore la prohibición judicial de aproximarse a él. La denuncia, además, va acompañada de un parte médico por un cuadro de ansiedad.
«No denuncies»: la presión de los Servicios Sociales
En una conversación grabada a la que ha accedido este periódico, se escucha cómo desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento gobernado por el PSOE, se intenta coaccionar al joven para que no denuncie la situación. En la grabación, la trabajadora social, contratada por la Administración socialista, le pide directamente que no interponga denuncia por el quebrantamiento de la orden de alejamiento. La respuesta del joven es tajante: confirma que va a proceder legalmente porque considera que el Ayuntamiento está «encubriendo» al agresor como pago por su ayuda en el presunto amaño de votos de las elecciones municipales de 2019. El joven sostiene que la impunidad de la que goza A.G.D. no es casual. El excartero, pieza clave en la investigación judicial por el fraude del voto por correo a favor del PSOE, habría recibido estos puestos de trabajo —primero como peón en el colegio local y ahora en ayuda a domicilio— como un «reconocimiento a los servicios prestados» para mantener el poder en el consistorio.
La trayectoria laboral de A.G.D. tras salir de prisión es un relato de despropósitos avalados por el Ayuntamiento de Albaida. Tal y como reveló este diario, el pasado 1 de julio de 2025 fue contratado como peón municipal para realizar labores de mantenimiento en el colegio del municipio. El hecho de colocar a un condenado por abusos sexuales a un menor en un entorno escolar ya generó una profunda indignación.
Tras finalizar ese contrato, el consistorio socialista decidió «premiarle» nuevamente, trasladándolo al área de ayuda a domicilio. Esta nueva función le otorga plena movilidad por el pueblo, permitiéndole aproximarse a la zona donde reside su víctima. El joven afectado denuncia que el agresor frecuenta casas situadas a escasos metros de la suya, rompiendo el perímetro de seguridad legal y sometiéndole a una revictimización constante bajo el amparo de un sueldo público.
La sombra del fraude electoral
La protección institucional a A.G.D. se entiende mejor al analizar el sumario del caso del voto por correo. La Guardia Civil ha constatado irregularidades masivas en 2019, donde el voto por correo en Albaida se disparó hasta el 14,92%, cuadruplicando la media nacional. Fuentes de la causa apuntan a que el entonces cartero tramitaba los votos sin la presencia de los interesados, utilizando incluso las identidades de su propia familia para engrosar las filas del PSOE. Testigos clave, como J.M.M., han declarado ante la juez que el entorno del Ayuntamiento les ofrecía contratos de trabajo a cambio del voto, llegando a gestionar trámites postales sin que el votante pusiera un pie en la oficina.
La investigación apunta a que esta red estaba perfectamente organizada: mientras una concejal seleccionaba a los vecinos, el marido de la teniente de alcalde gestionaba los documentos y el cartero —hoy empleado municipal— ejecutaba la operación en Correos. Ahora, la justicia debe determinar si la contratación de un delincuente sexual en puestos sensibles es, efectivamente, la factura que el PSOE local está pagando por aquel polémico resultado electoral.