La regularización masiva alarma a la Policía: «Abrirá un agujero en la seguridad»

La regularización extraordinaria de al menos 500.000 inmigrantes que residen en España —que comenzará previsiblemente en abril— amenaza con colapsar las unidades de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. En el cuerpo, advierten diversas fuentes policiales, existe una gran preocupación por el impacto operativo y funcional que supondrá la medida anunciada por el Gobierno y Podemos. La tramitación masiva de solicitudes de autorización de residencia, la revisión de situaciones administrativas, la comprobación de identidades y la verificación de requisitos legales recaerán principalmente sobre estos agentes, integrados en plantillas ya de por sí saturadas en la mayor parte del territorio nacional. 

Desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF), custodios del proceso, las fuentes consultadas alertan de que los recursos son insuficientes y advierten de que los plazos anunciados por el Gobierno son imposibles de completar si no se incrementan los efectivos. La previsión es que el papeleo pueda tramitarse en un máximo de tres meses. Para las Brigadas y Grupos de Extranjerías, asumir de golpe cientos de miles de expedientes adicionales implicará retrasos, acumulación de trámites y sobre todo «una menor capacidad de control y de funciones esenciales como la investigación de redes de inmigración ilegal, la lucha contra la trata de seres humanos o el control documental». 

Esto último resulta clave para la puesta en práctica del programa de regularización. En el Gobierno, sin embargo, se ha pasado por alto, según denuncian fuentes policiales. De hecho, hay un gran malestar entre los altos mandos de la Policía porque no se ha contado con la opinión de los mayores expertos de Extranjería sobre el asunto. Ni de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) ni del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). «No se ha aportado un solo informe de inteligencia criminal. Hay muchísimo cabreo. Esto va a ser un coladero para la seguridad: va a entrar delincuencia, va a haber matrimonios de conveniencia… Esa es la tendencia. Pero vamos a dejar de estar operativos en la Comisaría General, porque nos tenemos que poner a hacer toda la documentación», denuncian estas mismas fuentes.

Falsa pérdida de pasaportes

Por ahora, la Policía ha comenzado a detectar ya diferentes tretas con las que futuros solicitantes han intentado falsear sus certificados de antecedentes penales para poder cursar la regularización. No contar con delitos previos —ni en España ni en el país donde hayas residido durante los últimos cinco años— es un requisito obligatorio para obtener el permiso de residencia. No obstante, el plan del Ejecutivo permite al solicitante firmar una declaración responsable sobre sus antecedentes si el país de origen no facilita esa información en el plazo de un mes; posibilidad que ha levantado numerosas críticas entre las fuerzas de seguridad porque «deja sin efecto la garantía para la seguridad ciudadana» y abre la puerta «a individuos que podrían haber cometido delitos muy graves».

En una instrucción fechada el pasado 10 de febrero, remitida a jefaturas superiores, comisarías y brigadas y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Comisaría General de Extranjería alertaba de un «aumento significativo de denuncias por extravío o sustracción de documentación, principalmente pasaportes, por parte de ciudadanos extranjeros, totalmente indocumentados». Una serie de expedientes que, tras las investigaciones pertinentes, han correspondido «en muchos casos a personas con antecedentes penales y/o policiales en sus países de origen; con otras identidades diferentes de la denunciada o resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor». 

La CGEF advierte de que los extranjeros podrían utilizar estas falsas denuncias para «poder acreditar su presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria», así como para cumplir otros requisitos que exige la norma. Los agentes de Extranjería han comprobado que en las tres últimas semanas —del 15 de enero al 6 de febrero— las denuncias por pérdida de pasaportes han aumentado un 60% de media respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso de los pakistaníes, el incremento es del 866,67%; en el de los argelinos, un 356,25%; en marroquíes, del 114%; y en colombianos, del 35%. Ante esto, la Policía recomienda extremar la precaución y proceder a una «identificación plena» de todo aquel extranjero que denuncie la pérdida de documentación.

Cuatro detenidos

En Alicante se ha registrado un episodio similar. Según El Mundo, se detuvo a cuatro jóvenes argelinos después de presentar un certificado falso de antecedentes penales de su país de origen en una comisaría. La información que facilitaron acreditaba que no tenían antecedentes judiciales ni penales pendientes en Argelia, pero los agentes de la UCRIF descubrieron que no era cierto. Cruzaron dicho certificado con el país argelino a través de Interpol y posteriormente les comunicaron que todos ellos habían delinquido. Fueron arrestados por falsedad documental y un juzgado ha abierto un procedimiento. 

La Policía teme ahora que las pesquisas para detectar fraudes de identidad o delitos de falsedad documental queden relegadas a un segundo plano cuando el plan de regularización se ponga en marcha y la plantilla sea insuficiente para hacer frente al aluvión de solicitudes. Distintos mandos de Extranjería señalan que el «parón operativo» en la Comisaría General para tramitar los permisos de residencia podría extenderse hasta dos años. Estas mismas fuentes explican además que la cifra que maneja el Gobierno sobre el número de inmigrantes en situación irregular que podría acogerse al real secreto es mucho más alta. «Se calcula que pueden alcanzar los tres millones de personas, por la figura del arraigo familiar». 

Detenciones por delitos recientes

En la Policía también preocupa que el criterio para la regularización esté basado principalmente en la carencia de antecedentes penales firmes. En la práctica, según denuncia Jupol, una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves puede no contar con antecedentes, habida cuenta de que los procedimientos judiciales tardan meses e incluso años en resolverse. «La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale necesariamente a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación». 

Esto obliga a los agentes de Extranjería a extremar las comprobaciones y a cruzar información con bases de datos nacionales e internacionales y hacer verificaciones adicionales que consumen tiempo y recursos. «Si no se refuerzan las plantillas y los medios tecnológicos, el riesgo es que estas comprobaciones se vean limitadas por pura falta de capacidad material, y las grietas de seguridad en estos procedimientos se multipliquen», advierten las mismas fuentes.