Dimite el 'número dos' de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha comunicado al Ministerio del Interior su decisión de renunciar al cargo, tras la admisión a trámite de la querella de una subordinada por una presunta agresión sexual. En la denuncia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la víctima le atribuye los delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos por unos hechos ocurridos en abril de 2025, en la vivienda oficial del numero dos del Cuerpo. El juez David Yehiel Maman ha citado al mando y a la denunciante para que declaren el próximo 17 de marzo a las 10.30 horas en los juzgados de Plaza Castilla.

En el escrito, la agente relata que recibió la orden de acudir con un coche camuflado a un restaurante donde se encontraba el DAO, hombre de confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comiendo con otro mando del Cuerpo. A continuación, le pidió que le llevara al citado inmueble, propiedad del Ministerio. González Jiménez le propuso subir. Ella se negó en varias ocasiones pero el le insistió en que solo quería hablar y terminó aceptando.

Una vez dentro de la casa, el DAO sirvió dos cervezas e inició «de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima». «Acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento» añade la querella. Esta apunta que González Jiménez, prevaleciéndose de su autoridad, le agredió sexualmente con penetración, lo que le causó lesiones. Tras lograr salir de la vivienda, la víctima sufrió una crisis de ansiedad severa en su domicilio.

«Asimetría de poder institucional»

Posteriormente, la víctima habría seguido sufriendo coacciones de forma directa por el querellado e indirectamente por otros mandos policiales para que no denunciara lo sucedido. Los hechos llevaron a la agente a solicitar una baja psicológica. La querellante, integrante de escala ejecutiva de la Policía Nacional, mantuvo «en el pasado una relación de afectividad» con el DAO que «estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta».

«Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión», insiste el texto.

Pruebas de los hechos

La policía asegura contar con pruebas de las presiones que recibió de un asesor del DAO para que no denunciase los hechos. En concreto, un audio en el que llega a ofrecerle un puesto a cambio de su silencio. «Que elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap», refiere la víctima en el escrito, sobre la proposición del otro mando. 

La agente ha facilitado al juzgado la conversación como prueba documental, al igual que algunos mensajes que el número dos del Cuerpo le envió con «tono intimidatorio» tras la presunta agresión sexual. El abogado de la víctima también ha facilitado el listado de llamadas y el terminal de la inspectora para que las autoridades puedan determinar el cotejo de las mismas.

La maniobra de Interior

González Jiménez ocupaba el puesto de director adjunto operativo desde que Marlaska llegó al Ministerio del Interior, hace casi ocho años. Era un cargo de su máxima confianza. De hecho, Interior reformó la ley de personal del Cuerpo para que el comisario principal pudiese ostentar el puesto sin límite de edad. A un mes de su jubilación, el Ministerio coló esa modificación en un decreto de ayudas por la Dana de Valencia en noviembre de 2024, con el pretexto de que el numero dos del Cuerpo resultaba «una figura indispensable en el despliegue policial para las labores de rescate y recuperación de las zonas afectadas». 

El área de Marlaska defendió tiempo atrás que el objetivo era unificar criterios con la Guardia Civil, cuyo principal mando operativo tampoco tiene edad máxima de jubilación desde que el Gobierno de Mariano Rajoy reformó la ley del Cuerpo en 2012. Incluso que no había mandos con la suficiente experiencia en el Policía como para ostentar ese cargo.