Las prostitutas se unen contra Igualdad por obligar a ser abolicionista para recibir ayudas
Las trabajadoras sexuales reciben el apoyo de feministas regulacionistas y académicas contra el plan de Ana Redondo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios. | EP
El Ministerio de Igualdad quiere incluir una nueva condición para las asociaciones que aspiren a recibir subvenciones: que se definan como abolicionistas. Así se especifica en las nuevas bases reguladoras de las líneas de crédito, que solicitan a las entidades que quieran concurrir que reconozcan explícitamente la prostitución como una «forma de violencia hacia las mujeres», bien en los fines y estatutos o acreditándolo «fehacientemente por cualquier medio admitido en derecho». Las ayudas a las que afectaría este nuevo requisito son las que tienen que ver con la lucha contra la violencia machista y el apoyo a las víctimas de trata.
La iniciativa de Ana Redondo ha soliviantado a las asociaciones que aglutinan a las trabajadoras sexuales, que han presentado unas alegaciones a las que se han adherido 35 entidades y más de un centenar de particulares (incluyendo feministas, académicos e investigadores), que consideran que la medida «introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente, con consecuencias contrarias a los principios de seguridad jurídica, objetividad administrativa y neutralidad ideológica».
«La redacción impugnada, al exigir implícitamente asumir que la prostitución constituye una forma de violencia en sí misma —cuestión no definida de forma expresa por el legislador—, introduce un condicionamiento ideológico indirecto que vulnera los principios constitucionales anteriormente expuestos y restringe injustificadamente el acceso a la colaboración con la Administración», considera el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), promotor de las alegaciones a las que se han sumado Otras, Voces Feministas por los Derechos, Colectivo Nunca sin Nosotras, Movimiento Regularización Ya, Asociación Mujeres Migrantes Diversas o la ONG Stop Sida.
Entre los académicos que se han sumado a las alegaciones se encuentran algunos muy reputados, como Elena Casado y Estefanía Acién, que reclaman a Igualdad que dé marcha atrás y adopte una redacción acorde «a los principios constitucionales y al marco normativo vigente», incluyendo en las asociaciones la necesidad de reconocer «la prevención y erradicación de la violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres,incluidas las que se ejercen en contextos de prostitución, y la explotación reproductiva». De este modo, se reconoce que se puede producir violencia machista en el marco del trabajo sexual, sin asimilar este a una forma de violencia machista per se.
Esta formulación propuesta, según las trabajadoras sexuales, preservaría íntegramente el objetivo de erradicación de la violencia sin violar los principios de neutralidad ideológica y seguridad jurídica. Las entidades que respaldan las alegaciones darán este martes una rueda de prensa en el Ateneo La Maliciosa, con el objetivo de «denunciar las modificaciones introducidas por el Ministerio de Igualdad en las bases reguladoras de determinadas subvenciones públicas, al considerar que incorporan exigencias de carácter ideológico como requisito para acceder a fondos públicos». De no atenderse sus alegaciones, anuncian posibles acciones legales.
División en el feminismo
La iniciativa del Ministerio de Igualdad evidencia la brecha entre el feminismo regulacionista y el abolicionista. En representación de este último, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos feministas, subraya que han hecho alegaciones que coinciden con el planteamiento de Igualdad: «Lo que sorprende es que partidos como Sumar y organizaciones que se autoperciben como feministas sean incapaces de denunciar todas las formas de la violencia contra las mujeres, incluido el proxenetismo. Esperamos que el Ministerio de Igualdad no ceda ante las presiones de los lobbies y mantenga ese criterio».
Igualdad abunda así en la postura abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución, pero que no ha materializado en una ley por la falta de apoyos parlamentarios. Es una cuestión controvertida que divide al feminismo y al propio Gobierno, en el que conviven posturas punitivistas con otras más regulacionistas.