Las prostitutas se unen contra Igualdad por obligar a ser abolicionista para recibir ayudas
Las trabajadoras sexuales reciben el apoyo de feministas regulacionistas y académicas contra el plan de Ana Redondo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios. | EP
El Ministerio de Igualdad quiere incluir una nueva condición para las asociaciones que aspiren a recibir subvenciones: que se definan como abolicionistas. Así se especifica en las nuevas bases reguladoras de las líneas de crédito, que solicitan a las entidades que quieran concurrir que reconozcan explícitamente la prostitución como una «forma de violencia hacia las mujeres», bien en los fines y estatutos o acreditándolo «fehacientemente por cualquier medio admitido en derecho». Las ayudas a las que afectaría este nuevo requisito son las que tienen que ver con la lucha contra la violencia machista y el apoyo a las víctimas de trata.
La iniciativa de Ana Redondo ha soliviantado a las asociaciones que aglutinan a las trabajadoras sexuales, que han presentado unas alegaciones a las que se han adherido 50 entidades y más de 200 particulares (incluyendo feministas, académicos e investigadores). Juntas han concedido este martes una rueda de prensa conjunta para denunciar una medida que, a su juicio, «introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente, con consecuencias contrarias a los principios de seguridad jurídica, objetividad administrativa y neutralidad ideológica».
Cumbre Sánchez, mediadora del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), ha explicado que «el motivo de la convocatoria es denunciar públicamente lo que consideramos un veto ideológico introducido por el Ministerio de Igualdad»: «Alertamos de que las propuestas de modificación de las órdenes ministeriales IGD/239/2022 e IGD/183/2024 condicionan el acceso a fondos públicos a que las entidades solicitantes reconozcan expresamente en sus estatutos o trayectoria que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres». A su juicio, este requisito impone una posición ideológica concreta (de carácter abolicionista) como condición para concurrir a subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
Según explican las organizaciones, esta exigencia vulnera principios básicos del derecho administrativo, como la neutralidad ideológica de los poderes públicos, el pluralismo democrático y la objetividad en la asignación de recursos públicos. Además, Flor de Accionenred Madrid, recuerda que la prostitución no está tipificada como delito en España ni existe una definición legal estatal que la califique en sí misma como violencia de género.
Por su parte, Iris Meza, co-fundadora de AFEMTRAS, subraya que los estándares internacionales de derechos humanos, incluidos los desarrollados en el marco de Naciones Unidas y el Convenio de Estambul, recomiendan un enfoque centrado en las víctimas, basado en la protección efectiva, la no discriminación y la colaboración con una pluralidad de organizaciones especializadas, «sin imponer adhesiones ideológicas».
En este contexto, Mónica Martín, Secretaria General de OTRAS cuestiona que se estén adoptando decisiones que afectan directamente a las trabajadoras sexuales sin contar con su participación: «No se puede legislar ni diseñar políticas públicas sobre nuestras vidas sin escucharnos».
Asimismo, recuerdan que el pasado 9 de febrero, CATS presentó un escrito de alegaciones respaldado por más de 30 entidades sociales, asociaciones, sindicatos, grupos de investigación y representantes del ámbito académico. Asimismo, otras organizaciones han registrado sus propias alegaciones y distintos grupos parlamentarios como Sumar, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han solicitado explicaciones al Ministerio en el Congreso de los Diputados.
Las organizaciones convocantes exigen al Ministerio de Igualdad que elimine cualquier requisito ideológico de las bases reguladoras, garantice criterios técnicos y no discriminatorios en la concesión de subvenciones y respete el marco constitucional y el pluralismo democrático en el diseño de las políticas públicas. Advierten de que, si la orden ministerial continúa adelante en los términos planteados, estudiarán la adopción de acciones legales en defensa de los derechos fundamentales y del interés público.
División en el feminismo
La iniciativa del Ministerio de Igualdad evidencia la brecha entre el feminismo regulacionista y el abolicionista. En representación de este último, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos feministas, subraya que han hecho alegaciones que coinciden con el planteamiento de Igualdad: «Lo que sorprende es que partidos como Sumar y organizaciones que se autoperciben como feministas sean incapaces de denunciar todas las formas de la violencia contra las mujeres, incluido el proxenetismo. Esperamos que el Ministerio de Igualdad no ceda ante las presiones de los lobbies y mantenga ese criterio».
Igualdad abunda así en la postura abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución, pero que no ha materializado en una ley por la falta de apoyos parlamentarios. Es una cuestión controvertida que divide al feminismo y al propio Gobierno, en el que conviven posturas punitivistas con otras más regulacionistas.