La 'número tres' de la Seguridad Social dimitió el mismo día que avaló las oposiciones 'amañadas'

La exsubsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Cristina Asacia Navarro dimitió de su cargo el mismo día que rubricó la resolución de aprobados definitivos de las oposiciones al cuerpo de administrativos de la SS que investiga la Fiscalía por un presunto amaño que habría beneficiado a decenas de aspirantes. La que fuera número tres del departamento dirigido por Elma Saiz firmó el documento el pasado viernes 6 de febrero, tal como figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Horas después, según ha podido saber THE OBJECTIVE, el ministerio informó internamente de la salida de Navarro y comunicó que su sustituta sería Blanca Breñosa, hasta entonces responsable de la Subdirección General de Relaciones Internacionales. 

Cuatro días después, el martes 10 de febrero, el BOE oficializó estos cambios tras el Consejo de Ministros. El Ministerio de Seguridad Social rechaza que las oposiciones bajo el foco del Ministerio Público estén detrás de la salida de la subsecretaria e insiste en que dimitió «por motivos personales». Diversas fuentes consultadas por este periódico explican que la salida de esta licenciada en Derecho con una dilatada experiencia en gestión pública se debe en realidad a «continuas desavenencias» con la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, en un departamento ya de por sí difícil de gestionar por las materias tan dispares y complejas que integra.

Otras fuentes no descartan que el presunto amaño sea consecuencia de su dimisión. La cronología de hechos apunta en esa dirección, indican. Entre las responsabilidades de Cristina Asacia figuraba la gestión de los procesos selectivos vinculados al departamento. De hecho, había certificado todas las resoluciones relacionadas con la polémica oposición, excepto la última y definitiva, que se ha conocido este martes, una semana después de su dimisión y que incluye igualmente su firma. Unos plazos algo inusuales, habida cuenta de que el documento de la Subsecretaría estaba rubricado desde hace más de 10 días.

Malestar entre los opositores

La publicación definitiva de aprobados de las oposiciones a la Seguridad Social ha creado gran malestar entre los opositores porque, según critican, hay en un curso una investigación que pone en duda la transparencia del proceso selectivo. El visto bueno del ministerio a la lista de aspirantes aleja la repetición de los exámenes en caso de que la Fiscalía confirme irregularidades y pone más trabas para quitar la plaza a quienes la habrían obtenido de manera fraudulenta, advierten diversas fuentes especializadas. 

La Fiscalía investiga las pruebas que se hicieron en la sede de La Coruña después de que las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieran a aspirantes examinados en la citada provincia, tal como reveló THE OBJECTIVE. No obstante, Celanova (Ourense) se ha convertido en el centro de las pesquisas del fiscal después de que este periódico desvelase que 12 habitantes (la localidad tiene 5.700 vecinos), todos ellos con nexos comunes, lograron altas calificaciones en las oposiciones de la Seguridad Social, Hacienda y ADIF. 

Pagos de hasta 60.000 euros

Por si esta concentración no resultase lo suficientemente anómala, siete de los aspirantes que obtuvieron sobresaliente en la oposición de la Seguridad Social en Galicia figuraban también como aprobados en listados oficiales de distintos procesos estatales, según el cruce de resoluciones hecho por este diario. En otras palabras, estas siete personas, todas ellas examinadas en La Coruña, tenían una plaza de funcionario ya en el cuerpo de Auxilio Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia; en ADIF; o en la Administración General del Estado (AGE). 

Estas irregularidades en los procesos selectivos esconderían detrás un supuesto entramado corrupto que vendería plazas en organismos públicos a cambio de grandes sumas de dinero. Todo bajo el mismo modus operandi: reuniones en hoteles, pagos de entre 20.000 y 60.000 euros dependiendo de la oposición y la entrega de pinganillos para el chivatazo de las pruebas, según han revelado fuentes conocedoras de estos hechos. La venta de plazas para ser funcionario del Estado no solo se limitaría a la Seguridad Social; entre la cartera de opciones se incluirían también Instituciones Penitenciarias, Hacienda, la Administración General del Estado (AGE) y la Policía Nacional. 

Sospecha de amaños en otras ciudades

Las sospechas de amaño en las oposiciones de la Seguridad Social no se limitan a Galicia, sino que también afectan a sedes como Madrid y Valencia, donde opositores denunciaron una vigilancia prácticamente inexistente durante las pruebas. Según diversos testimonios recabados por este periódico, no hubo control efectivo por parte de los supervisores, inhibidores de señal ni detectores de metales, lo que habría facilitado el uso de dispositivos tecnológicos como relojes inteligentes o pinganillos. Además, los aspirantes podían guardar sus pertenencias bajo el pupitre y abandonar el examen tras 30 minutos, lo que alimentó las sospechas de que algunos pudieron fotografiar la prueba y salir para resolverla y difundir las respuestas.

Otra anomalía señalada fue el reparto irregular de los modelos de examen. Aunque existían dos versiones (A y B), en varias aulas de Galicia, Valencia, Madrid y Barcelona solo se distribuyó el modelo A, a diferencia de otras ciudades como Sevilla, Málaga o Mallorca, donde sí se alternaron ambos. «El hecho de que solo se repartiese un modelo en al menos cuatro sedes hace sospechar de los encargados que repartieron las pruebas. ¿Por qué se hizo eso?», critican estas fuentes, que reclaman la repetición del proceso tras el escándalo de Galicia y la falta de medidas de vigilancia en la convocatoria.