Interior pone protección a la inspectora que ha denunciado por agresión sexual al ex-DAO

El Ministerio del Interior ha puesto protección policial a la inspectora que ha denunciado por una presunta agresión sexual al exdirector operativo de la Policía, el comisario principal José Ángel González. Gemma Barroso, la subdirectora de Recursos Humanos que dio la baja a la víctima en julio del pasado año, se ha puesto en contacto con la agente para ofrecerle una escolta este jueves y ella ha aceptado, según informan fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Barroso es desde el pasado miércoles la DAO en funciones, como marca el reglamento policial, hasta que se nombre a un sustituto en las próximas semanas.

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha relatado a diversos medios de comunicación que el nombre de la inspectora se ha filtrado en distintos grupos de WhatsApp. El letrado ha explicado que la víctima se encuentra anímicamente «muy mal» y «aterrorizada», sintiendo que «el sistema ha caído sobre ella» tras destaparse la noticia.

El protocolo de protección a las víctimas de violencia no se ejecutó en el caso de esta agente de Policía Nacional porque la querella se presentó directamente ante el juzgado. Piedrafita señaló que escogieron esta opción, sin pasar por los canales internos del Cuerpo, para «proteger a la víctima de cualquier tipo de interferencia», habida cuenta de la posición que ostentaba el querellado, José Ángel González, como máximo mando uniformado.

Interior no sabía nada

Desde el departamento de Grande-Marlaska aseguran que ni el ministro ni su equipo conocían los hechos delictivos hasta que fue admitida a trámite la denuncia este martes en el Juzgado de la Mujer número 8 de Madrid. Interior ha abierto una investigación interna para aclarar si otros mandos de la Policía conocían lo que ocurría y encapsularon el asunto. En este punto esta el asesor del ex-DAO, el comisario principal Óscar San Juan, que fue cesado de su puesto tras la dimisión del José Ángel Gonzalez por orden del Ministerio.

En la denuncia, la agente asegura que tiene un audio en el que el comisario San Juan intenta comprar su silencio. En esa conversación, San Juan le dice que «elija a qué destino de trabajo quiere ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap [sic]». La víctima señala que el exasesor del ex-DAO le llamó en cinco ocasiones el 7 de julio de 2025 después de recibir previamente también varios mensajes intimidatorios del supuesto agresor, que se negó a responder en todos los casos.

El papel del asesor del DAO

Finalmente, seis días después, el 13 de julio, recibió otra llamada del asesor en la que le hizo el ofrecimiento laboral, al que ella se negó y tras el que le advirtió que denunciaría todo lo ocurrido. El comisario San Juan contestó «que no sabía de lo que hablaba y solo llamaba para saber sus intereses». Ella respondió: «Tú me llamas porque él —refiriéndose al ex-DAO— te ha dicho que me llames». La inspectora ha denunciado que tras la agresión sexual fue víctima de un acoso sistemático por parte del exdirector operativo para evitar a toca costa que no denunciase los hechos. Llamadas telefónicas, mensajes y ofrecimientos laborales como el de la mano derecha del mando.

Pese a la insistencia, el «nadie sabía nada» de Interior no ha convencido a prácticamente nadie, ni siquiera internamente. El caso del mando operativo ha dejado en estado de shock a todo el Cuerpo. En los sindicatos se debaten entre la protección a la inspectora denunciante y el respeto a la presunción de inocencia, pero lo que nadie duda es que los hechos denunciados no eran ajenos en la cúpula de Interior o, al menos, en la Dirección General de la Policía, según aseguran diversas fuentes consultadas. La cronología que dibuja la querella y las decisiones tomadas por distintos mandos del ministerio crean fisuras en la versión del área de Grande-Marlaska.

El caso alcanzó a otros mandos

El relato sobre la presunta agresión sexual a la víctima también habría llegado a otros mandos, en concreto, a la máxima responsable de la Policía tras el director adjunto operativo, la comisaria principal Gemma Barroso, al frente de la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, que ha sido nombrada DAO en funciones y que ha ofrecido ahora protección policial a la víctima. Según reza la querella, la víctima se dirigió al despacho de la alto mando, en el mismo edificio donde trabajaba el presunto agresor, que la llamó en ese momento, y comunicó a la subdirectora «que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental», momento en el que fue puesta «a disposición del equipo de apoyo psicosocial». Una unidad especializada de la Policía que atendió y prestó atención a la víctima. 

Finalmente, se dispuso la baja laboral con el armamento retirado, una situación en la que todavía hoy permanece la inspectora a causa de las secuelas psicológicas que le ha provocado «la campaña sistemática de presión, acoso telefónico y ofrecimiento de puestos laborales» a cambio de su silencio. Fuentes policiales aseguran que la información que la víctima trasladó a Barroso —y a su equipo— no fue únicamente la de su deteriorado estado de salud, sino también de las causas: un parte complejo del que posteriormente este mando habría informado a sus superiores. De esta forma, insisten, «el asunto nunca quedó encapsulado en el DAO y su asesor», sino que alcanzó a la cúpula del Ministerio y de otros mandos de la Policía.