Zapatero pierde a su hombre clave en la Policía en el cénit de la investigación de Plus Ultra

La dimisión del ex director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil José Ángel González, conocido como Jota, tiene un impacto directo en la investigación judicial que se cierne sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso de la aerolínea venezolana Plus Ultra, rescatada por el Ejecutivo en marzo de 2021. Según fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE, el ex-DAO era una pieza clave en Interior, uno de los hombres de la llamada «cloaca policial» vinculado a Zapatero, que les permitían «controlar el Ministerio por detrás», por la estrechísima vinculación con Segundo Martínez —ex jefe de Seguridad de Zapatero en Moncloa y actual jefe de seguridad en la tecnológica china Huawei— y con Francisco Pardo, actual director de la Policía Nacional, persona muy vinculada al exministro de Defensa José Bono y al expresidente socialista.

Como desvelaron estas mismas fuentes a este periódico, dicho selecto grupo de comisarios y excomisarios permitía a Zapatero «controlar Interior por la puerta de atrás», gracias a una red de influencias que tenía «más poder que el propio Marlaska» y sin que, en ocasiones, el ministro del Interior tuviera conocimiento de determinadas operaciones. Una de ellas fue la supuesta «explosión controlada» de la que se habría servido el expresidente del Gobierno con la apertura de la investigación por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre la aerolínea Plus Ultra. La recuperación de una unidad de élite desmantelada hace años y neutralizada desde el propio PSOE, pretendía «cortarle el paso a la Guardia Civil» y mantener en la Policía «el control de la investigación», recuperando las tareas de la policía judicial, en perjuicio de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado.

Esta operación pretendía blindar la investigación sobre el papel que Zapatero tuvo en el rescate de Plus Ultra y las presiones que ejerció sobre el Ministerio para que el Gobierno agilizara y diera luz verde al rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sin embargo, las fuentes policiales consultadas creen que esta pretensión de controlar y blindar la investigación podría frustrarse con la caída de Jota esta semana, tras ser denunciado por un presunto delito de agresión sexual por parte de una subordinada. «Marlaska se ha visto obligado a la fuerza a desmontar la cloaca policial y esto no es casual», explican mandos policiales que sostienen su convicción de que «es imposible que el ministro desconociera los hechos» denunciados por la policía que ha cursado la denuncia; no así en el caso del director de la Policía Nacional.

«Claro que Marlaska lo sabía»

«Paco Pardo lo sabía. No podía no saberlo. Su despacho está enfrente del DAO. Son íntimos, quedan todas las semanas y los hechos se remontan a hace nueve meses», explican las fuentes consultadas, recordando que el ex-DAO no es solo una persona de confianza de Pardo, sino también de Segundo Martínez, quien propuso a Jota para su nombramiento. «Martínez es quien eligió al DAO», aseguran de forma tajante estas fuentes, que describen este entramado jerárquico como una estructura diseñada para filtrar y condicionar las investigaciones sensibles.

La permanencia del DAO en el cargo era tan importante queel Gobierno prorrogó de forma extraordinaria la jubilación forzosa que debía haberse producido el 16 de diciembre de 2024, cuando cumplió 65 años, tal y como establecen con carácter general las normas para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Gracias a una modificación legal introducida expresamente por el Gobierno  en el Real decreto de ayudas a los afectados por la Dana, el Ejecutivo alteró el apartado b) del artículo 5.2 de la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, introduciendo una excepción específica para permitirle al DAO continuar en el puesto de máxima responsabilidad operativa dentro del cuerpo policial. Una reforma ad hoc que fue interpretada por distintas fuentes policiales como una maniobra para blindar la actual cúpula de Interior y asegurar el control de los resortes clave de la investigación policial.

«Esta es la auténtica cloaca de Interior», denuncian agentes en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto de la Guardia Civil como de la propia Policía Nacional. La repercusión directa de la dimisión de Jota es que «Zapatero pierde el control de la investigación en Plus Ultra» en un momento especialmente sensible, después de haber aflorado los pagos que éste ha recibido de su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, a través de la mercantil Análisis Relevante, que habría sido contratada para servicios de asesoría por parte de la aerolínea de capital venezolano.

El vínculo de Valladolid

El vínculo entre Segundo Martínez y el entonces mando policial José Ángel González Jiménez se forjó durante los años en que ambos coincidieron profesionalmente en Castilla y León. Martínez alcanzó la jefatura superior del Cuerpo Nacional de Policía en la comunidad en enero de 2002 y permaneció en ese puesto hasta octubre de 2003, culminando así una trayectoria que había comenzado dos décadas antes en territorio leonés. Entre 1983 y 1988 estuvo destinado en la Brigada de Policía Judicial en León y, posteriormente, pasó por la Brigada de Seguridad Ciudadana en la misma provincia. A mediados de los noventa, entre 1993 y 1996, asumió la jefatura de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Castilla y León, consolidando su posición dentro de la estructura territorial hasta convertirse en el máximo responsable policial en la comunidad. Su salida de Castilla y León coincidió con el cambio político en el Gobierno central. En 2004, tras la llegada de Zapatero a la presidencia, Martínez fue nombrado jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa, cargo que desempeñó durante las dos legislaturas del Ejecutivo socialista, entre 2004 y 2011.

Por su parte, Jota desarrolló gran parte de su carrera en Castilla y León. Durante años estuvo al frente de la VII Unidad de Intervención Policial (UIP), con base en Valladolid y competencias en toda la comunidad autónoma. Tras ascender a comisario en 2002, fue destinado brevemente a Alicante, en la Brigada de Extranjería y Fronteras, aunque regresó poco después a Valladolid para asumir la jefatura de Seguridad Ciudadana. Entre 2005 y 2014 ocupó la Comisaría Provincial de Valladolid, uno de los destinos de mayor relevancia dentro del organigrama territorial. En 2018 dio el salto a la cúpula policial al ser designado director adjunto operativo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, situándose como número dos de la Policía Nacional y máximo responsable operativo del Cuerpo.

Fue durante la etapa compartida en Castilla y León cuando, según ha adelantado en exclusiva THE OBJECTIVE, se produjo un episodio que marcaría su relación. El ex-DAO José Ángel González se vio implicado en un altercado en un local de alterne de Valladolid. El incidente, ocurrido en un establecimiento de ocio nocturno de la capital, generó una situación que, de haber seguido el cauce disciplinario habitual, podría haber tenido consecuencias en su trayectoria profesional. Sin embargo, el asunto no trascendió formalmente dentro de la estructura del cuerpo.