Interior encapsula el 'caso DAO' en la cúpula de la Policía y «la guerra» estalla entre los mandos

72 horas después del escándalo por la presunta agresión sexual del ex director adjunto operativo a una subordinada, la postura del Ministerio del Interior no se ha movido un ápice. Ni el ministro ni su equipo sabían lo que ocurría, aseguran, y se enteraron de que la inspectora había interpuesto una denuncia judicial contra el comisario general José Ángel González la misma tarde en la que trascendió todo. Mandos y miembros de la Policía, sin embargo, dudan del desconocimiento del titular, y sobre todo del director del Cuerpo, Francisco Pardo Piqueras, con el que el ex-DAO despachaba prácticamente cada semana y mantenía una relación muy próxima.

Ante las graves acusaciones que la víctima relata en la querella, no solo contra el exjefe policial, sino también contra su círculo más próximo, el departamento dirigido por Grande-Marlaska ha abierto una investigación interna para encapsular el caso en la cúpula policial y ver quién sabía y quién no todo lo que presuntamente denuncia la agente. El foco, por ahora, se ha puesto sobre el asesor y mano derecha de González, el comisario Óscar San Juan, que ofreció en una llamada telefónica el puesto que quisiese a la agente a cambio de comprar su silencio. «Elige qué destino de trabajo quieres y cuando lo tengas pensado me dices por wasap [sic]», le dijo San Juan, que fue apartado de su puesto el pasado miércoles.  

Lo que preocupa entre los mandos de la Policía es que el encubrimiento del caso acabe arrastrando a otros altos cargos, en un momento en el que el Cuerpo se enfrenta a una de sus mayores crisis y busca salir del paso con un nuevo DAO en las próximas semanas. Un escenario que ha intensificado aún más la tensión interna y ha abierto las «primeras batallas» entre los comisarios, que ven peligrar sus puestos y su inminente futuro a medida que se conocen más datos sobre los hechos denunciados por la inspectora. Para despejar el grado de conocimiento de la cúpula, la clave está en el proceso de ascenso de la víctima; el nuevo puesto al que se incorporó antes de pedir la baja; y en los ofrecimientos que recibió por parte de la Policía para diversos destinos, según revelan fuentes policiales.

El puesto de la inspectora

En la querella, la víctima relata que estaba de prácticas como inspectora en la Comisaría de Coslada (Madrid) antes de recibir la orden del ex-DAO para ir a buscarle en un coche camuflado y después ir a su vivienda oficial, donde se produce la presunta violación. Tras estos hechos, la inspectora denuncia que sufre episodios de acoso telefónico y por mensajes del máximo mando operativo y de su asesor durante los tres meses siguientes. El 24 de julio, según relata, se incorpora a su nuevo puesto como asistente de la comisaría principal Gemma Barroso, en la Subdirección General de Recursos Humanos, ubicada en el edificio contiguo a la Dirección General Operativa, en la madrileña calle de Miguel Ángel.

La manera en que la víctima acabó destinada a escasos metros del despacho del presunto agresor y en el despacho de la número tres de la Policía, que ahora ha asumido la dirección operativa de la Policía en funciones, es otra de las incógnitas que tendrá que despejar la información previa que ha abierto el Ministerio del Interior. O, en su caso, la autoridad judicial, si el procedimiento escala hasta los tribunales. Este hecho podría implicar directamente a la propia Barroso, encargada de Recursos Humanos, así como a la División de Personal.

En cualquier caso, la denuncia no aclara cómo la víctima acaba trabajando en ese puesto tras concluir sus prácticas en la comisaría madrileña. De hecho, algunas fuentes apuntan que ya había estado previamente en ese destino como subinspectora. En la misma, la víctima relata que, a su llegada a la Subdirección General de Recursos Humanos, y tras recibir —de nuevo— una llamada del ex-DAO, decide comunicar a Barroso «que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental», momento en el que la subdirectora la pone «a disposición del equipo de apoyo psicosocial». Una unidad especializada de la Policía atendió y prestó atención a la víctima, tras lo que se le dio la baja laboral el 28 de julio y se le retiró el arma, situación que se extiende hasta hoy.

Preocupación en Formación

En esta ecuación, fuentes policiales también advierten de la preocupación que existe en el seno de la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo, encargada de los procesos de acceso y ascenso. Apuntan estas mismas fuentes que el DAO también habría podido presionar al departamento dirigido por Javier Nogueroles para agilizar la promoción de la víctima a inspectora, que culminó a principios de 2025. Lo que nadie desconocía en el Cuerpo es que ambos habían mantenido una relación previa a los hechos presuntamente delictivos, y durante diferentes etapas; por ejemplo, cuando ambos trabajaban en la comisaría provincial de Valladolid. Él como jefe, y ella en la Brigada de Información.

De hecho, la víctima así lo apunta en la querella. La denunciante mantuvo «en el pasado una relación de actividad» con el DAO, pero «caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta». Una relación que terminó por decisión de la agente de Policía, pero que José Ángel González «no aceptó», iniciando a partir de entonces «una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos denunciados». Durante la supuesta agresión sexual en el domicilio oficial del mando, este último le llega a decir: «Oye, que soy el DAO».

Un destino en el extranjero

Por otro lado, el exjefe policial no solo utilizó a su asesor y hombre de confianza, el comisario Óscar San Juan, para comprar el silencio de la víctima, tal como revelan las pruebas incluidas en la querella admitida a trámite por el Juzgado de la Mujer número 8 de Madrid. Según revelan fuentes policiales, el ex-DAO maniobró para mandar a la agente a un destino dorado en el extranjero para que no denunciase los hechos. Y para ello le habría hecho el encargo a la comisaria principal Alicia Malo, jefa de la división de Cooperación Internacional. 

El ex director operativo expuso los hechos y le pidió que buscara una plaza para la denunciante. La comisaria accedió a ello y en cuestión de días le facilitó distintas opciones a elegir, entre ellas un puesto como asesora en una embajada extranjera o un cargo en la Escuela Europea de la Policía (Cepol, por sus siglas en inglés). En ambos casos, puestos muy codiciados entre los agentes: según el destino, los sueldos oscilan entre los 10.000 y 15.000 euros al mes. En la querella, la inspectora policial asegura que rechazó todos los ofrecimientos por parte del DAO.

Gabinete de crisis en la Policía

Esta sucesión de hechos podría poner contra las cuerdas a diversos mandos de la Junta de Gobierno y probaría que los hechos denunciados por la víctima no solo eran conocidos presuntamente por el ex-DAO y su asesor, como defiende el Ministerio del Interior. En el Cuerpo también se teme que el proceso judicial se convierta en un paseíllo de altos mandos policiales llamados a declarar como testigos. Una imagen, advierten, que afectaría gravemente a la imagen de la institución. 

El director de la Policía reunió a los mandos del Cuerpo para abordar la crisis interna tras la dimisión del ex-DAO. En el encuentro, que se alargó durante más de cinco horas en el Complejo de Canillas, Pardo se reunió con toda la Junta de Gobierno, compuesta por todos los comisarios generales y jefes de división. En la reunión se oficializó el nombramiento de Gemma Barroso como directora adjunta de forma interina, pero fuentes policiales aseguran que la dirección ha descartado que ella sea la elegida, pese a ser la sucesora natural, por su implicación indirecta en la querella. Pardo también habría descartado a la jefa de Cooperación Internacional, la comisaria Alicia Malo, y ahora se debate entre dos candidatos: el subdirector general de Logística, Luis Carlos Espino, y el jefe de la división de Formación, Javier Nogueroles.