23-F, 45 años del golpe: así «limpiaron» los papeles del archivo del CNI

Javier Calderón comenzó su carrera como oficial de inteligencia en 1971, cuando entró en el Alto Estado Mayor, donde ocupó varios destinos ocupándose de temas de contrainteligencia y subversión. Apoyado por el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, con el que mantenía una amistad, cuando en 1977 se creó el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), uniendo el Seced —dependiente de Presidencia del Gobierno— y la Segunda Sección del Alto Estado Mayor, Calderón y su núcleo de colegas —José Luis Cortina, Florentino Ruiz Platero, Luis Guerrero y Juan Ortuño— se hicieron con el control de la Casa, que mantuvieron hasta unos meses después del intento de golpe de Estado del 23-F, cuando Calderón abandonó el servicio.

Años después, en 1996, José María Aznar lo designó director del servicio secreto porque contaba con respaldos importantes dentro del Partido Popular desde la época en la que Manuel Fraga estaba al frente. Al poco de llegar al cargo, contravino el primer consejo que el director de la Central Intelligence Agency, Leon Panetta, daba a sus colegas recién llegados: «No bajes al archivo». Se refería a que no quisieran conocer los grandes secretos históricos del país que se esconden en los archivos de los servicios de inteligencia.

Calderón no bajó, sino que ordenó que le subieran a su despacho toda la información guardada sobre el frustrado golpe de Estado del 23-F. Conocía la absoluta discreción del personal allí destinado y confiaba en que nadie se enterara de sus pesquisas. Él llevaba clavada una espina en el corazón porque, a consecuencia de esos tristes acontecimientos, tuvo que abandonar silenciosamente el espionaje, y su gran amigo, José Luis Cortina, estuvo un año en prisión hasta que fue absuelto de todas las acusaciones en el juicio. Los responsables de su desgracia y del sufrimiento de su amigo se habían quedado en la Casa continuando su carrera. Llevó a cabo una serie de destituciones injustas que, sin embargo, no produjeron una sublevación interna como la que padeció años después Alberto Saiz.

Actuaciones fuera de la ley

Se creyó muy listo cuando aprovechó una reforma del personal que valoraba la idoneidad de todos los agentes para profesionalizar definitivamente a los que superaran el corte. De los más de 2.000 en activo en aquel entonces, solo consideraron no idóneos a 28. El proceso coincidió en el tiempo con declaraciones de varios políticos, entre ellos el presidente Aznar, que relacionaban ese proceso interno con la necesidad de limpiar la Casa tras los graves acontecimientos de la etapa final del felipismo, en la que el Cesid se había visto envuelto en numerosos escándalos denunciados en la prensa por actuaciones fuera de la ley.

Entre los no idóneos estaban Diego Camacho y Juan Rando; dos agentes de una valía demostrada que se habían jugado la vida en numerosas ocasiones y se contaban entre los mejores agentes. Si Camacho había estado defendiendo los intereses españoles en países conflictivos, Rando había llevado una carrera operativa muy complicada, luchando, entre otros enemigos, contra ETA y consiguiendo información valiosísima en países árabes donde la vida no valía nada.

Los dos funcionarios, con una larga e intachable hoja de servicios, comprendieron de inmediato que no los habían expulsado por no ser idóneos —algo imposible con los méritos acumulados—, sino que Calderón había ejecutado su venganza contra quienes habían dejado en evidencia la participación del servicio en el 23-F. Y, para colmo, se habían negado a guardar silencio y dejar de denunciar la participación activa del espionaje en el golpe.

Tapar o no tapar la presencia de espías en el 23-F

El director calculó mal la embestida. Pensó, quizás llevado por la prepotencia que ofrece el cargo, que los dos aceptarían la expulsión; y, si no lo hacían, allá ellos: él era quien mandaba y el Gobierno lo respaldaría. Camacho y Rando guardaron silencio hasta que, desde el Gobierno, vincularon a los expulsados con los responsables de los asuntos sucios de la etapa precedente.

Podían aceptar muchas cosas, pero no esa injusticia. Ambos salieron a defenderse como gallos y contaron a la prensa, sin pelos en la lengua, todo lo que había pasado en el Cesid el 23-F: cómo ellos denunciaron en su momento que había elementos de la unidad operativa, con su jefe José Luis Cortina al frente, que apoyaron el golpe; y cómo Calderón, que era el secretario general, se negó a hacer nada contra ellos e incluso los protegió y les ofreció una coartada a su comportamiento, hasta el punto de que sospecharon que él también estaba en la pomada.

Durante meses, Calderón consiguió ver arrastrados por todos los medios de comunicación su nombre y el de Cortina en relación con el golpismo y la parte más sucia de la Transición. El ministro de Defensa Eduardo Serra terminó arrestando a Camacho por sus declaraciones a los medios de comunicación, y cuando vio que nada podía callarlo, emitió una nota en la que reconoció que nada tenía que ver con los turbios sucesos que en los años anteriores habían implicado al Cesid con la guerra sucia y el espionaje indiscriminado. Calderón guardó silencio sobre el 23-F, pero Camacho había conseguido su objetivo de limpiar su nombre.

Entre los expulsados de esa lista estuvo B. P., la jefa del archivo, que hasta entonces había realizado un trabajo impecable. Nunca se explicó la razón, pero siempre se ha sospechado que tuvo que ver con ese informe del 23-F que el director pidió que le subieran al poco de llegar al cargo. Y del que han desaparecido muchas de sus hojas.