La Policía incumplió el protocolo previsto y paralizó la atención a la víctima del DAO

Interior no habilitó ningún canal interno para atender a la víctima que denunció por una presunta agresión sexual al ex director adjunto operativo. La Policía Nacional incumplió su propio protocolo y paralizó el proceso interno que debía haber puesto en marcha después de que la inspectora cogiese la baja el 28 de julio de 2025. Según revelan fuentes policiales conocedoras de estos hechos, la víctima debía haber sido entrevistada posteriormente por un equipo especializado de psicólogos para realizarle una valoración, conocer las circunstancias de su estado de salud y, en caso de advertir la presunta comisión de un delito, dar parte a las unidades policiales o autoridades competentes. La normativa establece que ese primer contacto debe iniciarse en «el mínimo tiempo imprescindible». Un plazo operativo que en ningún caso supera las cinco semanas.

Sin embargo, este seguimiento nunca se realizó. El servicio sociosanitario de la Policía, responsable del control del absentismo laboral entre los agentes, incurrió en una presunta dejación de funciones y evitó citar a la inspectora. La omisión de este protocolo impidió que se le efectuaran entrevistas, se aportasen informes médicos y psicológicos y pruebas objetivas en su caso y, en última instancia, que se elevara su expediente a Servicios Sanitarios Centrales, Tribunal Médico, Régimen Disciplinario o Asuntos Internos de la Policía. «Se evitó deliberadamente que el caso siguiese su curso natural y se activasen los mecanismos que podrían derivar en responsabilidades disciplinarias o incluso penales», advierten a THE OBJECTIVE fuentes del Cuerpo. 

De esta forma, explican las mismas fuentes, el asunto nunca llegó a ningún departamento policial, ni ningún superior evitó abrir diligencias para investigar los hechos internamente, como sí han señalado algunas informaciones. El proceso en el que podía derivar la baja de la inspectora se cortó de raíz. Desde que el expediente fue notificado al servicio sociosanitario, automáticamente quedó archivado en un cajón. La principal prueba de la inacción de la Policía es que, tal como ha contado el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, en los seis meses que han transcurrido desde que dejó su puesto hasta que interpuso la querella —el pasado nueve de enero— no tuvo ningún tipo de seguimiento por parte de los servicios médicos ni psicológicos.

Los vínculos con el ex DAO

«La estrategia fue clara: dejar el tiempo correr para que no se activase esa maquinaria», aseguran fuentes próximas a estos hechos. La mano detrás de estas supuestas irregularidades sería el inspector C. G., jefe de Servicios Sanitarios de la Policía Nacional. Según revelan estas mismas fuentes, este mando ejerce «un control absoluto» sobre los procesos relacionados con bajas médicas y psicológicas» y ha acumulado «privilegios, ascensos y un poder omnímodo dentro del Cuerpo a cambio de favores a la cúpula policial». El último habría sido, siempre según estas mismas fuentes, al exdirector adjunto operativo dimitido, con el que el responsable de Servicios Sanitarios mantiene una estrecha relación.

De esta forma, el ex DAO habría pedido supuestamente paralizar el expediente de la víctima para que no trascendiese en el Cuerpo, ni se tramitase por los canales internos, habida cuenta de que la causa de la baja médica se debía al «estado de vulnerabilidad psicológica y sometimiento» en que se encontraba la víctima, tras la supuesta agresión sexual. Otra de las claves de esta presunta irregularidad es que cuando los equipos médicos y psicológicos elaboran sus informes respecto a un problema de salud de un agente, estos quedan plasmados en un registro oficial de la Policía y se derivan, dependiendo del caso, al jefe superior territorial y a los servicios sanitarios. En el caso de la víctima, no quedó nada registrado en ese sistema.

Irregularidades en los Servicios Sanitarios

«La forma de ocultar lo que ocurría era no escribir y la única forma de no escribir era no llamándola durante estos seis meses. Nunca se tramitó nada», aclaran fuentes policiales. Si los informes hubiesen seguido su cauce normal, los agentes encargados deberían haber hablado posteriormente con el personal correspondiente: en este caso, la unidad de Igualdad o de denuncias para notificar la comisión de un presunto delito de violencia de género al juzgado. Fuentes policiales advierten de que las irregularidades presuntamente cometidas por el departamento de Servicios Sanitarios no serían algo aislado, sino una práctica bastante extendida en este área.

Al parecer, el responsable policial mantiene en algunos casos en comisión de servicios a psicólogos realizando valoraciones clínicas sin contar con la habilitación profesional necesaria, lo que, advierten, es un delito. Estos informes, pese a su irregularidad, son vinculantes y afectan directamente a la vida profesional de los agentes. La circunstancia de carecer de capacitación convierte a estos profesionales en figuras fácilmente presionables y agrava aún más la situación. «C. G. despachaba directamente con el ex DAO para otros casos que le interesaban. Tenía contacto directo con él, pero nunca había ocurrido algo tan grave como esto», aseguran otras fuentes a este periódico.

Los informes de la querella

Hasta ahora, Interior y la propia Policía se habían acogido al hecho de que la inspectora había sido atendida por los servicios internos del Cuerpo, pero esto no fue así. «Si la víctima no se ha sentido protegida, renunciaré», señaló el propio ministro el pasado martes, en una declaración. La confusión deriva de la propia querella, que relata que cuando la agente se incorpora a su puesto en la Subdirección General de Recursos Humanos, le dice a su titular, la comisaria general, Gema Barroso —ahora DAO en funciones— que no se encuentra en condiciones de trabajar por salud mental. Acto seguido, señala la denuncia, la deriva a un equipo de apoyo psicosocial y cuatro días más tarde coge la baja laboral con el armamento retirado. 

En el escrito, la víctima también incorpora informes de ese equipo psicosocial y partes de la baja médica. Sin embargo, esto no prueba que los canales internos de la Policía se activasen. En primer lugar, explican fuentes policiales, el equipo psicosocial, enmarcado en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, se encarga de la «asistencia puntual» al agente ante un problema, pero en ningún caso realiza el seguimiento. Después, cuando se pide la baja —ante un médico, bien de la sanidad pública o privada—, la funcionaria da parte a su comisaría y esta la deriva a Servicios Sanitarios, que ponen en marcha el proceso para citar al trabajador, evaluarlo y realizar los informes vinculantes que sirven para el control de las bajas o las altas laborales.

Esto último jamás ocurrió y explica la falta de control y sobre todo de asistencia a la víctima, que denuncia el abogado Jorge Piedrafita. Prueba de ello es también que en la querella la inspectora aporta «informes médicos y psicológicos del Punto de Violencia de Rivas Vaciamadrid», donde acudió el 2 de junio tras varios meses de acoso telefónico por parte del presunto agresor, que inició al día siguiente de la presunta violación que investiga el Juzgado de la Mujer número 8 de Madrid. Por último, fuentes policiales también advierten de otra irregularidad y es que se retirase el arma a la agente sin el pertinente informe de los servicios sociosanitarios.

Protección a la víctima

Ante las presiones y amenazas recibidas por el presunto agresor y su asesor, el comisario Jorge San Juan —también apartado de su puesto— para que no denunciase los hechos, la víctima decidió no cursar la vía policial y se dirigió directamente al juzgado. Esto impidió que el protocolo policial de violencia de género se activase y se procediese a la detención del comisario José Ángel González. Ahora, en una prueba más de desconfianza ante los canales internos, ha pedido que las pruebas que ha aportado en el juzgado —40 minutos de grabación; el listado de llamadas con los implicados y varios mensajes— sean verificadas por la Guardia Civil.

Dos días después de que estallase el escándalo, la nueva DAO, Gemma Barroso, se puso en contacto con la víctima para ofrecerle protección policial y aceptó. Ese mismo día varios grupos policiales habían filtrado su nombre. La víctima, en palabras de su abogado, dice sentirse «hundida» y «abatida» por «la cantidad de ataques que está recibiendo de un sector del entorno de González». Además, también criticó las palabras de Fernando Grande-Marlaska: «Me están diciendo que el futuro del ministro está en mis manos», señaló la inspectora. «Bastante hundida está y bastantes ataques está recibiendo como para que ella tenga que afrontar la decisión sobre si debe dimitir el ministro del Interior», añadió Piedrafita.

Desde Interior, la versión sigue siendo la misma. Tanto el ministro como el director de la Policía, Francisco Pardo, conocieron la denuncia dos horas antes de que trascendiese en la prensa. Una versión que no convence internamente, al menos en el caso del responsable de la Policía. Mientras tanto, el ministerio ha abierto una investigación interna para saber hasta dónde llegó el encubrimiento. En la cúpula policial, la tensión aumenta a medida que se conocen más datos de los hechos.