Un comisario denuncia coacciones del ex DAO para tapar la delincuencia de los inmigrantes

El terremoto que sacude a la cúpula de la Policía Nacional tras la imputación del que fuera su número dos, José Ángel González, alias Jota, no ha hecho más que empezar. A la causa abierta en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid por una presunta agresión sexual se suma ahora un nuevo frente judicial que amenaza con estrechar aún más el cerco sobre el ex director adjunto operativo (DAO). Según ha podido saber THE OBJECTIVE, un comisario —cuya identidad conoce este periódico, pero que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias— presentará en los próximos días una denuncia contra González por presuntos delitos de coacciones, amenazas y abuso de autoridad. El mando policial, actualmente de baja médica, sostiene que fue presionado para abandonar su puesto después de alertar del incremento de la delincuencia vinculada a la inmigración irregular en una de las localidades más pobladas de la Comunidad de Madrid.

El comisario fue destinado como jefe de Comisaría Local en 2023. A su llegada, detectó una situación que, según relata, estaba fuera de control: tres núcleos perfectamente delimitados donde se concentraban centenares de inmigrantes en situación irregular —principalmente magrebíes y latinoamericanos— que ocupaban edificios enteros. En total, alrededor de 800 viviendas habrían sido okupadas en varios inmuebles, algunos propiedad del Ayuntamiento y otros pertenecientes a constructoras que aún no habían entregado las promociones a sus compradores. Según el relato del mando policial, el consistorio no solo no facilitó el desalojo, sino que habría proporcionado suministro de agua y electricidad a los edificios ya ocupados, asumiendo el coste con fondos municipales.

«Se generó un efecto llamada», explica el comisario. «Empezaron a venir personas desde otras ciudades, incluso delincuentes fichados en Barcelona, porque sabían que aquí podían instalarse sin consecuencias». Según sostiene, el aumento de robos con violencia, tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio fue exponencial tras consolidarse los asentamientos. El jefe policial elaboró varios informes detallando la situación y las limitaciones operativas que impedían atajar el problema con eficacia. A principios de 2024, remitió esa documentación a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. No obtuvo respuesta.

Desde el PSOE se quejan del comisario

El 16 de septiembre se celebró una Junta Local de Seguridad en un contexto de creciente tensión social. La criminalidad había aumentado y distintos colectivos profesionales, junto a grupos de oposición como el Partido Popular, habían intensificado sus reivindicaciones públicas. La reunión estuvo presidida por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, acompañado por el jefe superior de Policía de Madrid, Manuel Soto. Al término del encuentro, se anunció ante los medios la puesta en marcha de un Plan de Seguridad específico para la localidad. Sin embargo, según las fuentes consultadas, ese plan nunca llegó a desplegarse de manera efectiva.

Según estas mismas fuentes, el alcalde socialista del municipio trasladó a instancias superiores el malestar que tenía con el comisario que denunciaba la criminalidad. Recurrió al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, con quienes mantiene una estrecha amistad, según el denunciante. El delegado del Gobierno en Madrid habría puesto en conocimiento del entonces director adjunto operativo, José Ángel González, su incomodidad con el comisario que venía alertando del repunte delictivo asociado a los guetos.

Es en ese momento cuando, según el relato del mando policial, el ex DAO le comunica que será apartado del puesto. Le transmite que el PSOE se ha quejado de su actuación y que debía «adoptar medidas correctoras» para frenar esa queja. La solución propuesta fue ofrecerle un puesto de coordinación en Madrid, reservado habitualmente a comisarios principales. En palabras del denunciante, se trataba de «una patada para arriba»: un ascenso encubierto que, en la práctica, suponía apartarlo del foco del conflicto.

El comisario se negó. Argumentó que ya había sido trasladado previamente con la llegada del PSOE y que aquella decisión estaba recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Según el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la respuesta del ex DAO fue tajante: le «sudaba los cojones el contencioso» y debía abandonar su destino porque así lo exigían los responsables políticos.

El efecto dominó tras la imputación

La salida fulminante de González tras hacerse pública la denuncia por agresión sexual ha abierto la espita de un malestar larvado durante años en la cúpula policial. La caída del hombre fuerte de la Policía no ha sido solo abrupta: amenaza con arrastrar a otros. En chats internos de mandos, adelantados por El Mundo, se respira inquietud. «Ahora se va a empezar a airear todo», escribe uno de ellos. La sensación es compartida: el silencio que durante años protegió determinados comportamientos ha saltado por los aires.

El comisario que ahora prepara su denuncia reconoce que no dio el paso antes por miedo. «Sabía lo que podía pasar», admite en conversación con este medio. La concatenación de decisiones —traslado forzoso, pérdida de expectativas de ascenso y aislamiento profesional— desembocó en una baja médica. Su caso podría no ser aislado. Mandos consultados señalan que existe una percepción extendida de que el protocolo interno no protege adecuadamente cuando las denuncias afectan a la cúpula. El temor a represalias, sostienen, ha sido durante años el principal muro de contención. La imputación del ex DAO ha cambiado el clima. «Ahora la gente ha perdido el miedo», resume un alto cargo policial. La eventual denuncia por coacciones podría convertirse en la primera de varias acciones judiciales que cuestionen decisiones adoptadas desde la cúpula bajo criterios más políticos que profesionales.