El exDAO cortó el contacto con la víctima después de que pidiese la baja en la Policía

La baja médica en la Policía que causó la inspectora que ha denunciado por una agresión sexual al exdirector adjunto operativo José Ángel González supuso un antes y un después en la actitud de acoso que tres meses atrás había mantenido el exDAO con la víctima. Según relata la querella, admitida a trámite por el Juzgado de la Mujer número 8 de Madrid, el mismo día de los hechos el exjefe policial comenzó «una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica» sobre la víctima para «mantener el control sobre ella; minimizar la gravedad de lo ocurrido e impedir que la víctima interpusiera denuncia, ofreciéndole a cambio compensaciones laborales». 

El 23 de abril de 2025, cuando se produjo la presunta violación en la vivienda oficial del exDAO, González le hizo un total de 17 llamadas. Un comportamiento que repitió durante semanas desde múltiples terminales, tanto oficiales como privados, y que incluía también mensajes amenazantes, hasta el día en que la víctima se incorporó a su nuevo puesto de trabajo como subinspectora en la Subdirección General de Recursos Humanos, ubicada en el edificio contiguo al de la Dirección Adjunta Operativa, donde tiene su despacho el presunto agresor. Ese día, el 24 de julio, mientras ella estaba en el despacho con su jefa, la comisaria Gemma Barroso —ahora DAO en funciones—, el mando le hizo las dos últimas llamadas, según el escrito presentado en el juzgado. Probablemente sabiendo que estaba allí.

Superada por la situación de acoso continuado, la víctima decidió comunicarle a Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental. En ese momento, fue puesta a disposición del equipo psicosocial y cuatro días más tarde el médico le dio la baja. A partir de ese momento, el presunto agresor no se volvió a poner en contacto con la víctima. Fuentes policiales destacan este punto de inflexión, habida cuenta de que en ese momento los hechos delictivos, conocidos solo por el DAO y su asesor, el comisario Óscar San Juan, que también intentó convencer a la víctima de no denunciar, podían comenzar a trascender internamente en la Policía. 

La Policía frenó el expediente

Desde esa fecha, el entonces máximo mando operativo habría liderado otra estrategia: la de frenar cualquier avance relacionado con el expediente de baja médica de la presunta víctima y evitar así que se investigasen las causas. Tal como publicó THE OBJECTIVE, la Policía Nacional incumplió su propio protocolo y paralizó el proceso interno que debía haber puesto en marcha después de que la inspectora dejase su puesto de trabajo.  Lo común en estos casos es que un equipo de psicólogos haga una valoración de la agente, conozca las circunstancias de su estado de salud y, en caso de advertir la presunta comisión de un delito, dé parte a las unidades policiales o autoridades competentes. 

La normativa interna establece que ese primer contacto debe iniciarse en «el mínimo tiempo imprescindible». Un plazo operativo que en ningún caso supera las cinco semanas. Este seguimiento, sin embargo, nunca se hizo. Según revelan fuentes policiales conocedoras de estos hechos, el servicio sociosanitario de la Policía, responsable del control del absentismo laboral, incurrió en una presunta dejación de funciones y evitó citar a la inspectora. La omisión de este protocolo impidió que se le efectuaran entrevistas, se aportasen informes médicos y psicológicos y pruebas objetivas a su caso y, en última instancia, que se elevara su expediente a Servicios Sanitarios Centrales, Tribunal Médico, Régimen Disciplinario o Asuntos Internos de la Policía. 

Siete meses sin contacto

«Se evitó deliberadamente que el caso siguiese su curso natural y se activasen los mecanismos que podrían derivar en responsabilidades disciplinarias o incluso penales», revelaron a este periódico fuentes del Cuerpo. De esta forma, el asunto nunca llegó a ningún departamento policial, ni ningún superior evitó abrir diligencias para investigar los hechos internamente, como sí han señalado algunas informaciones. El proceso en el que podía derivar la baja de la inspectora se cortó de raíz. Desde que el expediente fue notificado al servicio sociosanitario, automáticamente quedó archivado en un cajón. 

La principal prueba de la inacción de la Policía es que no realizó seguimiento alguno de la víctima, tal como ha señalado su abogado, Jorge Piedrafita. El equipo sociosanitario no se puso en contacto con la agente en los casi siete meses que transcurrieron desde la baja hasta que el juzgado admitió a trámite el pasado martes. Dos días después, la querellante recibió una llamada de la subdirectora general de RRHH, Gema Barroso, para ofrecerle protección y conocer su caso. Ahora, según señalan fuentes policiales, la víctima «está atendida permanentemente por este departamento». Antes, no.

La mano del exDAO

Fuentes policiales atribuyen las maniobras para impedir el cumplimiento del protocolo en el exdirector adjunto operativo, a través de otro mando, al cargo de los Servicios Sanitarios de la Policía y con el que mantenía una estrecha relación. Un inspector jefe que ejerce «un control absoluto sobre los procesos relacionados con bajas médicas y psicológicas» y ha acumulado «privilegios, ascensos y un poder omnímodo dentro del Cuerpo a cambio de favores a la cúpula policial».

De esta forma, el exDAO habría pedido supuestamente paralizar el expediente de la víctima para que no trascendiese en el Cuerpo, ni se tramitase por los canales internos, habida cuenta de que la causa de la baja médica se debía al «estado de vulnerabilidad psicológica y sometimiento» en que se encontraba la víctima, tras la supuesta agresión sexual. Otra de las claves de esta presunta irregularidad es que cuando los equipos médicos y psicológicos elaboran sus informes respecto a un problema de salud de un agente, estos quedan plasmados en un registro oficial de la Policía y se derivan, dependiendo del caso, al jefe superior territorial y a los servicios sanitarios. En el caso de la víctima, no quedó nada registrado en ese sistema.

«La única forma de ocultarlo era no llamándola»

«La forma de ocultar lo que ocurría era no escribir, y la única forma de no escribir era no llamándola durante estos seis meses. Nunca se tramitó nada», aclaran fuentes policiales. Si los informes hubiesen seguido su cauce normal, los agentes encargados deberían haber hablado posteriormente con el personal correspondiente: en este caso, la unidad de Igualdad o de denuncias para notificar la comisión de un presunto delito de violencia de género al juzgado.

La Dirección General de la Policía niega que se incumpliese el protocolo. Según esgrimen fuentes de este departamento, el reglamento estipula que el informe clínico debe hacerse a los 11 meses de forma obligatoria y no hay anomalía alguna, insisten, en que no se hiciese un seguimiento desde que la agente dejase su puesto por motivos de salud. «No es algo atípico», argumentan. Fuentes policiales confirman que la regla estipula que el equipo sociosanitario debe hacer al menos un informe al año, pero eso no quita que fuese anómalo que no se llamase a la inspectora en siete meses. «El único caso de algún policía con el que no se cumple ese plazo es porque se niega a acudir, contraviniendo la norma».