El nuevo sistema de expedición de documentos a extranjeros costará 14 millones de euros
España da 490 millones de euros al sistema de subastas de subvenciones por descarbonización
Oficina de Extranjería.
El Gobierno se reunió ayer en Consejo de Ministros para elevar a públicos sus acuerdos, tratos, contratos, riegos de dinero y nombramientos que hace cada martes. El mismo día que se desclasifican unos documentos que hasta ayer no interesaban a prácticamente nadie se ejecutan todos estos asuntos:
–Transferencia de crédito entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el multiministerio de Presidencia (Bolaños) de 10.663.826 euros para sufragar procedimientos arbitrales, judiciales y administrativos relacionados con energías renovables. Parece que la conflictividad de estas energías a la hora de ocasionar problemas administrativos crece y nos cuesta mucho dinero público. Aquí se aprueba una partida extraordinaria para este menester.
–Autorización gubernamental para efectuar operaciones a largo plazo a Extremadura, por valor de 388.961.940 euros; y a Castilla-La Mancha, de Page, por valor de 354.466.800 euros. Semana tras semana, las CCAA se endeudan por cientos de millones de euros con cargo a las garantías y a la autorización (que implica aval) del Gobierno central. La deuda ya es casi inasumible, y continúa creciendo semana tras semana.
–Creación de un nuevo sistema de registro central de extranjeros y un nuevo sistema de expedición de documentos. Esto, consecuencia directa de la regularización masiva aprobada por el Gobierno, nos va a costar la friolera de 14.049.586 euros.
–¿Cuántos de ustedes, queridos lectores, tienen o conocen a alguien que tenga y disfrute del carné joven europeo? Pues deben saber que estamos pagando «voluntariamente» una asociación vinculada a este menester. Se llama EYCA y le dimos ayer 50.000 euros públicos.
–El Gobierno, constituido en Consejo de Ministros, decidió ayer contribuir a las subastas como servicio del Banco Europeo del Hidrógeno y las del Banco de Descarbonización Industrial. Nos cuesta la friolera de 490.500.000 euros.
–El Gobierno propone al Congreso el nombramiento de Concepción Campos Acuña como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que supuestamente es una «organización independiente encargada de velar por la accesibilidad de la información pública». Permítanme la licencia de dudar profundamente del nombramiento de una persona estrechamente vinculada al Partido Socialista para situarla al frente de una institución independiente. La veremos pronto caminar.
Seguiremos informando mientras los fuegos de artificio nos tengan atentos y paralizados como un conejo deslumbrado.