El juez archiva el polémico caso de amaño de las oposiciones en la Policía de Madrid

Carpetazo judicial al polémico caso de amaño de las oposiciones a Policía Municipal de Madrid de 2021. El Juzgado de Instrucción número 31 ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa al no advertir ninguna irregularidad en el papel que jugó el tribunal del proceso selectivo para acceso a inspector del cuerpo, más allá de «meras sospechas o afirmaciones sin elemento probatorio suficiente» por parte del sindicato que denunció los hechos, según reza el auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. 

El juez investigaba por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos y uso de secreto por funcionario público a varios miembros del citado tribunal y al exjefe de la Policía Pablo Enrique Rodríguez por haber filtrado supuestamente las preguntas de la oposición a varias academias y aspirantes, con los los primeros mantenían ciertos vínculos. La convocatoria, a la que se presentaron 300 personas, ofertaba seis plazas de agente municipal. En el escrito, el titular pone el foco en un oficio policial, aportado como prueba, que afirma que el contenido de las pruebas solo es conocido por el presidente y los vocales del órgano examinador.

Sin embargo, ninguno de estos últimos figura como presunto responsable de las irregularidades que denuncia la Asociación de la Policía Municipal Unificada (APMU). De esta forma, argumenta el juez, «no se entiende la imputación» de los delitos. «¿Cómo se pueden filtrar las preguntas si no se conocen?», cuestiona el escrito judicial, en relación con el resto de miembros del tribunal. El juzgado, además, también destaca el blindaje de los exámenes y el papel del presidente. «Una vez que confeccionaba las preguntas, les remitía [al resto de miembros] un SMS con la clave, de forma que era imposible que pudiera conocer el contenido del examen», afirma.

Destitución del jefe de la Policía

La decisión judicial se produce apenas una semana después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comunicara la destitución de Pablo Enrique Rodríguez al frente de la Policía Municipal de Madrid, tras meses de varias polémicas, entre ellas, el presunto amaño de las oposiciones que ahora el juzgado ha archivado tras más de tres años de instrucción. El caso, que se cerró en un primer momento, se reabrió ante nuevas acusaciones que apuntaban a que los beneficiados en la oposición eran allegados del ex jefe policial, entre ellos su pareja. Un extremo que, según censura la Fiscalía, jamás se llegó a demostrar.

Finalmente, el Ministerio Público pidió el archivo —por segunda vez— de la causa. Pese a que las pesquisas judiciales se prorrogaron con más declaraciones, la fiscal nunca advirtió ningún delito. De hecho, en el escrito en el que solicita el sobreseimiento, la Fiscalía apunta que la única prueba aportada, un audio de uno de los preparadores de la academia, no supone ninguna confesión, sino «una técnica de marketing empresarial para obtener más alumnos o una forma de un preparador para animar a sus alumnos sobre lo preparados que van».

El caso de estas oposiciones ha alimentado durante años las dudas sobre la integridad de los procesos internos del cuerpo municipal. Ahora, el foco está puesto en la última oposición de la Policía de Madrid. Al parecer, decenas de aspirantes preparan una denuncia tras haberse quedado fuera por el examen psicotécnico, donde se fijó la nota de corte más alta de todas las promociones celebradas hasta la fecha. Más de 450 personas han presentado quejas.

El atropello de una niña

El último escándalo que salpicó a Rodríguez ocurrió el día del apagón, el pasado 28 de abril de 2025, cuando el vehículo oficial en el que viajaba y que conducía otro agente golpeó a una niña de diez años mientras cruzaba con su madre por un paso de peatones. Los hechos ocurrieron a mediodía en el Paseo de Extremadura y el presunto atropello le causó a la niña una fractura en el tobillo. Según manifestó posteriormente la vicealcaldesa y concejal de Seguridad, Inmaculada Sanz, el mando nunca informó al Ayuntamiento de estos hechos. 

Posteriormente, el jefe policial pidió la baja médica y se reincorporó en octubre, entre críticas de los sindicatos policiales, que reclamaban al Consistorio depurar responsabilidades. Finalmente, después de cinco meses en el cargo, Sanz anunció su cese la semana pasada, con el que, advirtió, se abría una «nueva etapa» en la Policía Municipal de Madrid. El caso de la niña nunca llegó a juicio después de que el Ayuntamiento pactara un acuerdo económico con la familia. Ninguna de las dos partes ha revelado la cuantía.

El atestado sobre el accidente que elaboró posteriormente la Policía Municipal excluyó la responsabilidad de Pablo Enrique Rodríguez en el suceso. Los datos recabados por los agentes descartaban el atropello y aseguraban que fue el tirón que dio la madre lo que provocó que la menor cayera. El informe indica que no se pudo determinar «que la niña hubiese sido golpeada por la parte trasera del vehículo» y que dos testigos, que no se identifican, aseguraron a los funcionarios policiales que el coche iba a «una velocidad normal».