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El Gobierno niega tener información sobre los pisos de Muface alquilados a la familia Gómez

Una resolución de Transparencia certifica que Función Pública no realizó actuaciones tras conocerse el caso

El Gobierno niega tener información sobre los pisos de Muface alquilados a la familia Gómez

Ilustración de Alejandra Svriz.

El Gobierno ha reconocido oficialmente que no conserva ningún informe, expediente ni actuación documentada sobre los inmuebles públicos de Muface alquilados durante décadas a la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así consta por escrito en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la que ha accedido THE OBJECTIVE, que certifica la inexistencia de documentación en poder del ministerio competente pese a la controversia pública generada y a las preguntas parlamentarias registradas en los últimos meses.

La resolución, fechada el 8 de enero de 2026, responde a una solicitud formal de acceso a la información pública dirigida al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, departamento del que depende Muface. El solicitante reclamaba copia de la documentación relativa a los alquileres de inmuebles propiedad de la mutualidad a la familia de Begoña Gómez, así como copia de las actuaciones realizadas por el ministro tras conocerse el destino de esos locales.

La respuesta trasladada por el ministerio recoge literalmente que «no existe documento o contenido que se corresponda con lo requerido». En consecuencia, el departamento comunica que no dispone de documentación en sus archivos que responda a la solicitud sobre esos arrendamientos en los términos planteados.

La sauna de la familia Gómez

El Consejo de Transparencia incorpora esta contestación al expediente y estima la reclamación presentada por el solicitante. La resolución no cuestiona la veracidad de la afirmación ministerial; se limita a constatar que no existen documentos que puedan ser entregados. En términos jurídicos, el derecho de acceso a la información pública solo puede ejercerse sobre contenidos que obren en poder de la Administración. Si no hay documentos, no puede facilitarse acceso alguno.

Este reconocimiento se produce tras las informaciones publicadas por THE OBJECTIVE. En ellas se ha ido desvelando cómo familiares directos de Begoña Gómez han mantenido durante décadas el alquiler de varios inmuebles propiedad de Muface en el centro de Madrid, incluidos locales vinculados a la conocida sauna Adán. La investigación ha acreditado la vigencia de contratos antiguos suscritos bajo regímenes normativos anteriores a 1985, prorrogados durante años y con rentas significativamente inferiores a los valores actuales de mercado.

La publicación de esas informaciones abrió un debate político sobre la gestión del patrimonio público y dio lugar a preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo. El objetivo era aclarar si el ministerio había adoptado alguna medida o iniciado algún tipo de revisión administrativa tras hacerse públicas las circunstancias de esos alquileres.

La investigación publicada el pasado septiembre detalló además que la familia adquirió dos inmuebles en el mismo edificio de Muface por un valor conjunto cercano a 3,6 millones de euros, consolidando su presencia patrimonial en el inmueble mientras mantenía otros espacios en régimen de alquiler. Ese dato añadió una dimensión económica adicional al caso, al combinar la condición de arrendatarios históricos con la de propietarios en el mismo edificio de titularidad pública.

El patrimonio de Muface

La resolución del Consejo certifica ahora que, al menos en los términos solicitados, no consta ninguna actuación formal documentada en los archivos ministeriales. No hay constancia oficial de apertura de expediente, emisión de informe o dictado de instrucciones relacionadas con esos arrendamientos en los términos requeridos en la solicitud.

El expediente incorpora además un reproche formal al Ministerio por no haber respondido dentro del plazo legal establecido en la Ley de Transparencia. El Consejo recuerda que la Administración debe contestar en un máximo de un mes, ampliable de forma motivada, y subraya que el respeto a ese plazo es un elemento esencial del derecho de acceso a la información pública. En este caso, la respuesta completa solo se produjo tras la interposición de una reclamación ante el órgano supervisor.

Muface gestiona un patrimonio inmobiliario compuesto por bienes integrados en el Patrimonio del Estado y por bienes adscritos a su Fondo Especial. Los inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad y sus arrendamientos se rigen por la legislación vigente en cada momento, incluida la normativa anterior a la reforma de 1985. Ese marco permite la prórroga prolongada de determinados contratos históricos bajo condiciones específicas de actualización de renta.

La resolución pone fin a la vía administrativa y solo puede ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Con ella, queda incorporado al registro oficial del organismo supervisor el reconocimiento expreso de que el ministerio no dispone de documentos sobre las actuaciones solicitadas en relación con los inmuebles de Muface alquilados a la familia de Begoña Gómez.

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