Un ingeniero detecta dos millones de posibles irregularidades en contratos menores
Daniel Fernández crea Monitor de Red Flags para ayudar a fiscalizar las administraciones en la contratación pública
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Alejandra Svriz
El ingeniero informático David Fernández ha elaborado una herramienta en forma de página web, Monitor de Red Flags, con el objetivo de detectar posibles irregularidades en la contratación pública en España. Por lo pronto, y aunque el proyecto se está perfeccionando, ya ha encontrado 2.058.101 posibles irregularidades sobre un total de 10.100.950 contratos menores firmados desde 2018, con un volumen económico acumulado de 49,5 mil millones de euros, correspondientes a 14.486 organismos públicos estatales, autonómicos y locales.
El panel de monitorización analiza posibles irregularidades en los contratos menores regulados por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP 9/2017), especialmente relacionadas con la fragmentación o fraccionamiento indebido de contratos para evitar procedimientos más competitivos. No declara irregularidades definitivas, sino que genera alertas (red flags) basadas en patrones anómalos o fuera de lo habitual, para sugerir áreas que merezcan una revisión más detallada por parte de autoridades, periodistas, investigadores o ciudadanos.
La irregularidad más detectada es la conocida como «patrón recurrente». Es decir, cuando se conceden más de tres contratos al mismo proveedor con importes similares a intervalos regulares, lo que sugiere un servicio continuado disfrazado de contratos menores independientes. La segunda más recurrente es la «concentración en el mismo día», esto es, cuando se juntan contratos adjudicados al mismo proveedor en la misma fecha, lo que es un indicador clásico de fragmentación simultánea.
Entre las otras alertas que saltan en la contratación pública están la del «importe cercano al umbral» (importes sospechosamente altos cerca del límite legal para contratos menores), cuando la «suma anual excede umbral» (un proveedor acumula más del límite legal en un año mediante varios contratos) o el «reparto entre proveedores» (contratos similares repartidos a distintos proveedores en pocos días). En este sentido, 7.171 de los 10.681 organismos analizados concentran una densidad de alertas muy alta.
Entre los organismos con una densidad de alertas muy alta destacan tres hospitales de la Comunidad de Madrid: Ramón y Cajal (66.363), San Carlos (62.194) y La Paz (58.695). Entre otras cosas, por el volumen masivo de contratos menores en Sanidad. Por este mismo motivo, aparecen como entidades recurrentes las Consejerías de Sanidad autonómicas, gerencias hospitalarias y servicios de salud regionales (como los de Cataluña, Valencia y Galicia), ya que el sector público sanitario genera muchos contratos menores por suministros urgentes o repetitivos, lo que activa múltiples red flags (importes cercanos a umbrales, renovaciones anuales, etc.).
Una herramienta útil
Los contratos menores, de pequeña cuantía y que se adjudican a discreción, sin ser fiscalizados y eludiendo la competencia, se han convertido en una fórmula administrativa ampliamente utilizada por parte de ayuntamientos, comunidades y algunos ministerios. Precisamente por su naturaleza son muy difíciles de fiscalizar, y por eso la herramienta pretende servir como apoyo para el control, la rendición de cuentas y la mejora de la gestión pública.
El Monitor incluye funcionalidades como rankings de organismos por densidad de alertas, distribución por tipo de alerta, filtros por nivel de riesgo y enlaces a la lista completa de red flags (alertas). El instigador del proyecto insiste en que «no todo lo que aparece aquí es una irregularidad», sino que las alertas indican patrones estadísticos o de comportamiento que merecen atención, y muchas pueden tener explicaciones legítimas (necesidades reales repetidas, por ejemplo).
Forma parte de un esfuerzo más amplio por hacer accesibles y analizables los datos de contratación pública, promoviendo así una mayor fiscalización ciudadana y una reducción de riesgos de malas prácticas en el gasto público. «La administración no lo pone fácil, pero estamos en un tiempo increíble para poder crear herramientas tecnológicas de fiscalización. Hay mucha gente trabajando en esta y otras áreas. Apoyad y difundid lo que hacen, porque —yo ya soy un descreído— creo que esto sólo lo arreglamos desde la sociedad civil ejerciendo presión», asegura David Fernández.