Forestalia acalló las críticas a sus planes regalando el consumo de luz a los afectados
Cada vecino tendría 22 kilovatios gratis al día, tres veces más que la media del consumo eléctrico de un hogar español
Molinos eólicos. | EFE
El gigante de las energías renovables, Forestalia, ahora bajo investigación por haber sobornado presuntamente a funcionarios públicos y altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera a cambio de licencias medioambientales para sus molinos eólicos, diseñó una estrategia para acallar críticas y contentar a aquellos municipios de Aragón en los que instalaban sus parques: consumo de luz gratis para todos los vecinos.
La guerra de Ucrania trajo a España, como al resto de Europa, un grave problema para el bolsillo de los españoles: tarifas de la luz disparadas por el aumento exponencial del precio del gas. Las facturas de 2022 rompieron todos los récords mientras el auge de precios —también del combustible— disparaba la cesta de la compra. En ese escenario, Forestalia recurrió al precio de la luz como gancho para calmar a indecisos y acallar a críticos allí donde tenía previsto instalar los molinos.
En la primavera de 2023, el gigante de la eólica aragonesa anunció que aquellos pueblos en los que instalara sus aerogeneradores no pagarían electricidad. Es más, cada vecino tendría diariamente una cuota gratuita de 22 kilovatios (kW), tres veces más que la media del consumo eléctrico de un hogar español.
Fueron más de un centenar los municipios de Aragón —Zaragoza y Teruel— los que recibieron este plan de Forestalia, que llegaba justo después de que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera le otorgara una serie de licencias y permisos medioambientales claves para instalar 13 parques eólicos.
La dirección de Forestalia hizo cálculos de su plan: cubrir el gasto energético de los hogares de las zonas afectadas por los molinos les suponía alrededor de 18 millones de euros anuales. Una cifra minúscula comparada con los márgenes de negocio que se manejan en el sector. Tal y como ha desvelado THE OBJECTIVE, la firma logró con la reventa de los derechos de explotación de su macroproyecto en el Maestrazgo (Teruel) una plusvalía de unos 500 millones de euros.
Finalmente, la medida no cristalizó en muchos de los municipios afectados por los molinos eólicos, precisamente porque no llegaron a construirse. Algunos de esos parques terminaron sufriendo reveses administrativos o fueron revendidos a otras compañías.
El negocio de las licencias
El negocio eran las licencias, no los parques eólicos. Así explican fuentes del sector a THE OBJECTIVE el escenario que se abrió para Forestalia en el Ministerio de Transición Ecológica. Una lógica empresarial que se basaba en lograr declaraciones de impacto ambiental positivas por parte del Gobierno para la instalación de molinos eólicos en diversos puntos de España (principalmente Aragón) y luego vender esos derechos a otras empresas para que los construyesen.
En esos años, Forestalia se convirtió en una auténtica garantía de que los proyectos saldrían adelante, incluso en zonas de la Red Natura 2000 y en áreas con especies animales protegidas. Fuentes del sector de las renovables cifran las potenciales ganancias de Forestalia y sus filiales durante esos años en miles de millones. Todo gracias a una sorprendente facilidad para obtener esas licencias ambientales, que ahora ha pasado de sorprendente a sospechosa.
El martes fue detenido Eugenio Domínguez, funcionario que ocupó durante años la subdirección de Calidad y Evaluación Ambiental bajo el mando de Ribera. Su figura era central: era quien gestionaba los permisos medioambientales y quien, según los investigadores, recibía de Forestalia participaciones en sociedades de la empresa y plusvalías generadas mediante ampliaciones de capital. La estructura que hay detrás es un laberinto de pequeñas firmas sin trabajadores, cada una con uno o dos aerogeneradores a su nombre.
El punto álgido de toda esta maquinaria llegó en 2024, cuando Ribera abandonó el Gobierno. La transición ecológica era entonces una de las grandes apuestas políticas de Pedro Sánchez, respaldada además por miles de millones en fondos europeos de reconstrucción poscovid. Fue precisamente ese año cuando el proyecto del Maestrazgo, el mayor parque eólico proyectado en España, estuvo a punto de descarrilar tras recibir un informe medioambiental desfavorable de la Comunidad Valenciana. El Gobierno intervino para sacarlo adelante.