Una riña de pareja entre funcionarios acaba en denuncia al director de la cárcel de Estremera

Nuevo lío en el centro penitenciario de Madrid VII, situado en la localidad de Estremera. Una riña de pareja entre dos funcionarios de la prisión acabó hace unas semanas en una denuncia contra el director, Raúl Ors, que fue designado en el puesto hace apenas dos meses tras el cese de su predecesor por protagonizar distintas polémicas, entre ellas el trato de favor a su mujer, a la que dio distintos puestos de responsabilidad en el penal, según desveló THE OBJECTIVE.

Según revelan fuentes penitenciarias, los hechos se produjeron a finales del mes de febrero. Un funcionario del módulo de interior y otra de la oficina de régimen protagonizaron una discusión acalorada por temas sentimentales. Posteriormente, el responsable de la cárcel llamó a la trabajadora para hablar del incidente en su despacho. Al enterarse, el otro implicado quiso entrar también en las dependencias, pero el director se lo impidió dándole presuntamente un empujón en la puerta, informan estas mismas fuentes.

Este altercado ha provocado que el funcionario haya denunciado al director Raúl Ors ante la Guardia Civil por un presunto delito de lesiones y otro de acoso laboral. Los agentes se desplazaron hace una semana hasta el centro penitenciario para tomarle declaración al máximo responsable del penal, así como al subdirector de seguridad, al que también ha incluido el trabajador en la denuncia, aseguran a este diario fuentes penitenciarias. La pareja de funcionarios se encuentra actualmente de baja médica.

Intento de motín por un móvil

Se trata de la enésima polémica que salpica a la gestión de la prisión madrileña. A mediados de enero, la incautación de un teléfono a un interno por parte de varios funcionarios derivó en un intento de motín protagonizado por diez presos, que provocaron grandes destrozos e incluso llegaron a montar una barricada en la entrada del módulo 5 para impedir el acceso a los trabajadores, a quienes llegaron a amenazar en numerosas ocasiones. El altercado grave fue reconducido por la rápida intervención de los funcionarios. Según relataron fuentes presenciales, el suceso fue la puntilla a meses de tensión entre la población reclusa por los problemas que hay en el penal y «la nefasta gestión» del antiguo director.

La decisión del anterior responsable de cerrar un módulo de internos conflictivos y distribuirlos después «sin criterio» por el resto de secciones del penal creó un gran malestar entre la mayoría de internos. Los presos ya se quejaban entonces de la sobreocupación del centro, la falta de atención médica, las comidas y, sobre todo, de que las demandas presentadas fuesen ignoradas continuamente por la dirección. 

«Esta situación es la que da lugar a episodios como el del intento de motín, no la intervención de un móvil. Las carencias que hay en la prisión son más que evidentes. No hay sillas ni mesas suficientes para todos los internos; algunas veces ni siquiera hay bandejas de comida y tienen que lavarlas para seguir repartiendo la comida», denunciaron en enero distintas voces de la prisión.

Durante el altercado, los reclusos rompieron sillas, mesas y papeleras, y lanzaron objetos contra ventanas y cristales. Finalmente, los funcionarios lograron restaurar el orden en el departamento con ayuda de los jefes de servicio y otros responsables del penal madrileño. Se pudo sacar al preso del módulo que se quejó de que le quitasen el teléfono y se le trasladó al departamento de aislamiento junto con los otros diez reos que intervinieron en los disturbios.

El nuevo director causa estupor

La llegada del nuevo director del penal madrileño no ha tenido buena acogida entre el personal por su polémico pasado en el centro penitenciario. Este alto funcionario fue administrador de Madrid VII entre 2019 y 2021. Una época en la que, bajo la dirección de Enrique Valdivieso, se habrían cometido numerosas irregularidades en la prisión: presunto fraccionamiento de contratos, adjudicaciones directas a empresas vinculadas entre sí, facturación por servicios presuntamente no ejecutados, facturas emitidas con anterioridad a dichas adjudicaciones y una deliberada elusión de los procedimientos de control del gasto público.

Distintos funcionarios denunciaron estos hechos ante la Inspección Penitenciaria, que tras tener conocimiento de los mismos abrió una información para investigar a todos los implicados, incluido el entonces administrador Raúl Ors. Según aseguran a este diario fuentes próximas al caso, Prisiones mantiene aparcada desde hace años esta investigación y nunca ha pasado a fase de expediente; es decir, no se ha avanzado en la misma ni se ha propuesto ninguna sanción contra los supuestos implicados.

Estas mismas fuentes aseguran que en esa época se «producían constantes acosos y amenazas» contra los funcionarios para la gestión interesada de obras y suministros del centro.