La Audiencia Nacional investiga un nuevo caso de acoso en la Policía en la embajada de Kenia

Según ha podido saber THE OBJECTIVE en exclusiva, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional investiga un nuevo caso de presunto acoso laboral dentro de la Policía Nacional ocurrido en la Embajada de España en Kenia. La causa se ha abierto tras la admisión a trámite de una querella presentada por una funcionaria destinada en Nairobi contra su superior jerárquica, también miembro del Cuerpo Nacional de Policía, a la que acusa de haber desplegado durante meses un patrón continuado de hostigamiento laboral que, según los informes médicos incorporados al procedimiento, le provocó lesiones psíquicas y una baja laboral prolongada.

La investigación judicial se centra, principalmente, en las conductas de acoso que, según la querella a la que ha tenido acceso este periódico, se produjeron dentro de la Agregaduría de Interior de la Embajada española en Kenia. En el procedimiento figuran como querellante una agente destinada como personal de apoyo —identificada en la causa con las siglas P.A.G.— y como querellada su superior directa, la inspectora jefe de Policía M.L.M.G., que ejercía como agregada de Interior en la misión diplomática. El auto, que admite a trámite la querella, señala que los hechos denunciados, de acreditarse, «podrían ser constitutivos […] de un delito de acoso laboral del art. 173.1 del Código Penal», además de otros delitos. La resolución también recuerda que, pese a haberse producido los hechos en el extranjero, la jurisdicción española es competente para investigarlos.

La propia resolución recoge que «la jurisdicción española conocerá de los hechos cometidos fuera de territorio nacional cuando sean perpetrados por funcionarios públicos españoles en el ejercicio de sus funciones», circunstancia que se da en este caso, ya que ambas agentes estaban destinadas oficialmente en la Embajada española en Nairobi. La querella, presentada por el penalista Juan Antonio Frago y el equipo del despacho Frago y Suárez Abogados, sostiene que el conflicto laboral se desencadenó tras una conversación privada entre ambas funcionarias el 12 de marzo de 2025, momento a partir del cual —según la denunciante— comenzó un proceso progresivo de hostigamiento dentro del entorno laboral.

Según la documentación judicial consultada por THE OBJECTIVE, la relación profesional entre ambas agentes fue normal durante más de un año. Desde agosto de 2023 hasta marzo de 2025, la convivencia laboral en la Agregaduría de Interior se desarrolló «con total normalidad e incluso de forma cordial». Todo cambió tras la conversación del 12 de marzo de 2025. En ese encuentro, la subordinada planteó a su superior dudas sobre determinadas ausencias laborales. Según se recoge en la querella, la agente lo hizo de manera privada y prudente, después de haber observado durante meses un patrón reiterado de retrasos y ausencias con explicaciones que consideraba contradictorias. El escrito describe que la funcionaria «abordó de forma privada, prudente y confidencial un asunto sensible relacionado con la veracidad de determinadas justificaciones de ausencias laborales de la querellada».

La conversación marcó, según la denunciante, un punto de inflexión. A partir de ese momento, la actitud de su superior cambió radicalmente. El propio escrito judicial afirma que «tras esta conversación, la querellada pasó a tratar a mi representada de un modo radicalmente distinto», iniciándose una fase de distanciamiento que posteriormente derivó en hostilidad abierta dentro del lugar de trabajo.

Silencio y aislamiento laboral

Uno de los episodios que la querella considera especialmente reveladores se produjo el 4 de junio de 2025, cuando la inspectora jefe comenzó a dirigirse a su subordinada con un tono agresivo a través de mensajes de WhatsApp. En los mensajes aportados al procedimiento, la superior jerárquica utiliza expresiones que la querella considera intimidatorias y degradantes dentro de un entorno profesional. Entre ellas figuran frases como: «Déjate en paz de rollos de procedencia o no»; «que soy tu jefa, coño»; «que podría ser peor». La querella sostiene que estas expresiones evidencian «una voluntad de dominación jerárquica y un claro abuso de autoridad».

Uno de los episodios centrales del presunto acoso se produjo el 11 de junio de 2025, cuando la inspectora jefe ordenó que su subordinada sacara su mesa del despacho y trasladara su puesto de trabajo al pasillo. La medida resulta especialmente llamativa porque la propia superior había considerado previamente que esa ubicación era «inadmisible». Según la querella, cuando la inspectora llegó al destino en 2023, comprobó que la funcionaria trabajaba provisionalmente en el pasillo debido a la falta de despacho propio. En ese momento calificó la situación como inaceptable y ordenó trasladar la mesa al interior de su propio despacho para compartir espacio de trabajo. Sin embargo, casi dos años después cambió de criterio.

El 11 de junio de 2025, comunicó a la denunciante, mediante un audio de WhatsApp, que debía «organizar sus cosas» porque era necesario «mover otra vez» su mesa al lugar donde estaba antes. La querella considera que esta decisión tuvo un carácter claramente represivo. El escrito sostiene que «la especial gravedad de este hecho radica en que la misma persona que en 2023 calificó de inadmisible que mi representada trabajara en el pasillo […] ordenó conscientemente su retorno a ese mismo emplazamiento como medida de castigo y aislamiento».

Tras el traslado de la mesa, la situación laboral empeoró todavía más, según la versión de la denunciante. A partir de ese momento, la inspectora jefe dejó de dirigirle la palabra durante toda la jornada laboral. Paralelamente, la denunciante sostiene que fue apartada progresivamente de las funciones propias de su puesto. El escrito describe que la superior «excluyó de manera sistemática a mi representada de las reuniones de trabajo propias de la Agregaduría» y dejó de incluirla en comunicaciones relevantes. También afirma que dejó de informarla de reuniones mantenidas con el embajador o el cónsul. Como consecuencia de estas decisiones, la querella sostiene que se produjo «un vaciamiento progresivo y deliberado de sus funciones, incompatible con un desempeño normal del puesto».

Humillación en una reunión oficial

El episodio que la denunciante considera más grave ocurrió el 7 de octubre de 2025, durante una reunión oficial convocada por el embajador de España en Kenia para preparar los actos del 12 de octubre. Según el relato de la querella, cuando la funcionaria entró en la sala, su superior le ordenó que abandonara la reunión. La inspectora jefe alegó que la Agregaduría de Interior ya estaba representada con su presencia. La denunciante respondió que había sido convocada directamente por el embajador y que asistía por razones profesionales. En ese momento, según la querella, la superior elevó el tono y le gritó delante de otros compañeros: «Soy tu jefa. ¡Fuera! ¡Que te vayas!». Al negarse la agente a abandonar la sala, la inspectora continuó con expresiones intimidatorias como «estate calladita» y «atente a las consecuencias». La querella sostiene que el episodio supuso «una humillación pública de especial gravedad».

Tres días después, el 10 de octubre de 2025, la inspectora jefe convocó a la denunciante en su despacho en presencia de otro policía al que presentó «como testigo». Durante la reunión le comunicó que su conducta en la reunión del día 7 podría constituir una infracción disciplinaria grave o muy grave. Según la querella, la superior llegó a advertirle de que estaba valorando iniciar un expediente disciplinario y que no volvería a consentir una conducta similar. La denunciante interpreta estas palabras como una amenaza directa.

Consecuencias psicológicas

La querella sostiene que el clima laboral generado desde marzo de 2025 tuvo consecuencias graves en la salud de la funcionaria. Según los informes médicos aportados al procedimiento, la agente comenzó a sufrir agotamiento emocional, ansiedad, pérdida de apetito, pérdida de peso e insomnio. El 27 de octubre de 2025, un facultativo acordó su baja médica tras diagnosticar una «reacción de estrés agudo secundaria a acoso laboral». La documentación médica incorporada al procedimiento también recoge que el cuadro clínico estaba vinculado directamente al entorno laboral. Uno de los informes señala expresamente: «Estrés. Motivo principal de consulta: acoso laboral […] aislamiento sistemático y faltas de respeto en el entorno de trabajo». Los médicos también recomendaron incluso la repatriación de la funcionaria a España para facilitar su tratamiento. Ahora la Audiencia Nacional investiga estos hechos.