Tres hermanas de Toledo tuvieron solo un fallo en las oposiciones investigadas por amaño

La sombra del fraude en las oposiciones al cuerpo de administrativos de la Seguridad Social que investiga la Fiscalía sigue ampliándose. Al caso de La Coruña, donde las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieron a aspirantes examinados en esa provincia, se suma ahora el de tres hermanas de Toledo que hicieron los exámenes en la sede de Madrid y solo tuvieron un fallo. Según los datos publicados en los listados de resultados, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, estas tres aspirantes cometieron solo un error y obtuvieron puntuaciones muy similares en el proceso selectivo. Finalmente, todas ellas han obtenido una plaza como funcionarias.

Este hecho insólito —que ha suscitado numerosos comentarios y sospechas entre muchos aspirantes— lo ha denunciado un opositor en un escrito remitido tanto al Defensor del Pueblo como al Departamento de Procesos Selectivos del Ministerio de Seguridad Social. «Se hace constar este extremo no como una acusación directa, sino como un elemento adicional que contribuye a la percepción general de falta de transparencia y que, a juicio de los opositores afectados, debería ser objeto de comprobación dentro de una investigación completa del proceso selectivo», apunta el documento, consultado por este diario. Distintos testigos apuntan que una de ellas sostuvo antes del examen que «solo se presentaban por probar» y que «apenas habían estudiado».

El aspirante solicita al Defensor del Pueblo que admita la queja y solicite información al departamento dirigido por Elma Saiz, así como al tribunal calificador de las oposiciones sobre las medidas de seguridad aplicadas antes, durante y después de la realización del examen celebrado el 13 de septiembre de 2025; y exige que se investiguen posibles irregularidades en todas las sedes donde se realizó la prueba, y no únicamente en la de La Coruña, actualmente objeto de investigación por el Ministerio Público. «La investigación de la Fiscalía, las deficiencias en las medidas de seguridad y las dudas surgidas entre los opositores respecto a determinados resultados generan una situación de desconfianza generalizada que podría afectar a la validez y legitimidad del proceso selectivo», sostiene.

Repetición del examen

En el documento, el afectado solicita que se analice si las deficiencias en los protocolos de custodia y control del examen pudieron comprometer la igualdad de condiciones entre los aspirantes en todo el territorio nacional. Y que, en caso de confirmarse que la integridad del ejercicio pudo verse comprometida, el Defensor del Pueblo inste a la Administración a adoptar las medidas necesarias para restablecer los principios de igualdad, mérito y capacidad en el proceso selectivo. Entre ellas, «valorar la posible anulación del polémico ejercicio y la repetición de la prueba con plenas garantías de transparencia, seguridad y objetividad».

Esta última opción, sin embargo, se torna cada vez más difícil. El Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones ha rechazado recientemente la última vía de los aspirantes para paralizar las oposiciones del cuerpo de administrativos de la Seguridad Social. El área de Elma Saiz ha tumbado decenas de recursos de reposición de opositores que solicitaron como medida cautelar la suspensión temporal del proceso selectivo después de que el departamento ratificase los aprobados definitivos y con ello el reparto de las plazas a quienes hubiesen superado los exámenes.

«¿Quién piensa en los afectados?»

Los aspirantes afectados consideran que el escándalo del presunto amaño pone en duda la transparencia de la oposición. Por este motivo pidieron al ministerio que frenase el proceso hasta que la Fiscalía culminase su investigación. La Seguridad Social, sin embargo, considera que debe prevalecer «el interés general y de terceros», habida cuenta de que la suspensión frustraría «las legítimas aspiraciones de quienes verían dilatados innecesariamente su nombramiento e incorporación a sus destinos obtenidos […] con consecuencias personales, familiares y laborales perjudiciales para sus intereses», según reza el escrito firmado por la nueva subsecretaria, Blanca Breñosa. 

El argumento del Ministerio es que las presuntas irregularidades en La Coruña no pueden extenderse al resto de sedes y de opositores que, en principio, han obtenido sus calificaciones de forma rigurosa. Aunque, tal como ha revelado este periódico, la sombra de la duda también se cierne sobre otros centros examinadores. «Hablan de que habrá mil afectados si se paralizan las oposiciones. Pero, ¿y los que se han quedado sin plaza por los que han hecho trampas? ¿Y si el corte hubiese sido menor al eliminar tanta nota alta? Quizás así los que estamos fuera, ahora estaríamos dentro», denuncian los afectados por el presunto amaño.

Un pueblo de Ourense

La Fiscalía de La Coruña investiga las pruebas que se hicieron en la ciudad gallega después de que las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieran a aspirantes examinados en la citada provincia, tal como reveló THE OBJECTIVE. Celanova (Ourense) se ha convertido en el centro de las pesquisas del fiscal después de que este periódico desvelase que 12 habitantes (la localidad tiene 5.700 vecinos), todos ellos con nexos comunes, lograran altas calificaciones en las oposiciones de la Seguridad Social, Hacienda y ADIF. 

Por si esta concentración no resultase lo suficientemente anómala, siete de los aspirantes que obtuvieron sobresaliente en la oposición de la Seguridad Social en Galicia figuraban también como aprobados en listados oficiales de distintos procesos estatales, según el cruce de resoluciones hecho por este diario. En otras palabras, estas siete personas, todas ellas examinadas en La Coruña, tenían una plaza de funcionario ya en el cuerpo de Auxilio Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia; en ADIF; o en la Administración General del Estado (AGE). 

Estas irregularidades en los procesos selectivos esconderían detrás un supuesto entramado corrupto que vendería plazas en organismos públicos a cambio de grandes sumas de dinero. Todo bajo el mismo modus operandi: reuniones en hoteles, pagos de entre 20.000 y 60.000 euros dependiendo de la oposición y la entrega de pinganillos para el chivatazo de las pruebas, según han revelado fuentes conocedoras de estos hechos. La venta de plazas para ser funcionario del Estado no solo se limitaría a la Seguridad Social; entre la cartera de opciones se incluirían también Instituciones Penitenciarias, Hacienda y la Policía Nacional.