Un juzgado investiga una trama de corrupción en la prisión de Estremera con 220 contratos
Una juez de Madrid ha abierto diligencias por delitos de prevaricación administrativa, fraude y malversación
Cárcel de Estremera.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey (Madrid) ha abierto una causa para investigar una trama de presunta corrupción en el centro penitenciario de Madrid VII, ubicado en el municipio de Estremera, vinculada con 220 contratos públicos que se habrían adjudicado de manera irregular en la citada prisión entre 2019 y 2024, según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. La juez ha iniciado diligencias tras admitir a trámite la denuncia de varios funcionarios que han documentado detalladamente las supuestas anomalías en los contratos durante el citado periodo de tiempo.
En esa época, según las mismas fuentes, la cúpula del penal madrileño habría cometido distintas irregularidades a la hora de contratar suministros y servicios para el penal. Entre ellas, destaca el fraccionamiento de contratos; adjudicaciones directas a empresas vinculadas entre sí; facturaciones por servicios presuntamente no ejecutados; emisión de facturas con anterioridad a que se realizase la adjudicación y una deliberada elusión de los procedimientos del control del gasto público.
La juez, que ha declarado el secreto de las actuaciones, investiga delitos de prevaricación administrativa, fraude de las administraciones públicas, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, entre otros ilícitos, informan fuentes jurídicas. En la etapa que investiga el juzgado, la dirección del centro penitenciario estuvo en manos de Enrique Valdivieso, que se mantuvo en el cargo hasta que fue cesado en abril de 2024.
La cúpula de la prisión de Estremera
Posteriormente, en mayo, fue relevado por José Ángel Laso, que fue responsable de la prisión de Madrid VII hasta diciembre de 2026, cuando Instituciones Penitenciarias lo apartó tras protagonizar distintos escándalos, entre ellos, el trato de favor a su esposa, también funcionaria, a la que dio un puesto como jefa de servicios, así como otros de responsabilidad, a los pocos meses de que esta última llegase a la prisión. Una circunstancia que creó gran malestar en la prisión.
Actualmente, el director del centro penitenciario es Raúl Ors, precisamente administrador de la prisión madrileña entre 2019 y 2021. Recientemente, Ors ha designado como subdirector de seguridad —número dos de la cárcel— a Óscar Prieto, que fue también administrador de la prisión entre 2021 y 2024, tras el destino del actual director al penal de Valencia. El nombramiento de ambos cargos ha causado estupor entre los funcionarios de prisiones de Estremera por su polémico pasado en el centro madrileño. Los dos altos cargos se encargaban de la gestión económica del centro durante el periodo que investiga ahora el juzgado de Arganda del Rey.
Una docena de empresas afectadas
En un primer momento, entre septiembre y octubre de 2025, los denunciantes interpusieron seis denuncias ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en las que exponían diversas operativas presuntamente delictivas detectadas en la contratación pública de la prisión de Estremera. En un decreto, semanas después, la teniente fiscal acordó remitir las denuncias a la Fiscalía Provincial de Madrid, al considerar que los hechos denunciados no encajaban en el ámbito del citado Ministerio Público. Aun así, la Fiscalía decidió archivar el caso.
En noviembre, los funcionarios decidieron interponer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey una denuncia unificadora de las seis anteriores con el fin de facilitar una visión global y sistematizada del conjunto de los presuntos hechos delictivos. Según las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE, la investigación judicial afectaría a al menos una docena de mercantiles con los que la prisión selló más de 200 contratos durante cinco años.
Comparecencia del jefe de prisiones
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, compareció el pasado martes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados a petición del Partido Popular para que diera cuenta sobre este presunto caso de corrupción en la prisión de Estremera, que fue denunciado primero por los canales internos y después ante el Defensor del Pueblo.
En su respuesta, Ortiz se refirió a un decreto de 2025 del Ministerio Público de Madrid que, según sus palabras, concluyó con el archivo de las denuncias por no estar acreditada la existencia de delito y mencionó las resoluciones igualmente negativas de Prisiones respecto a las irregularidades. «Habiéndose recibido las mismas denuncias por distintas vías sobre supuestas irregularidades en la gestión de los contratos, la Inspección procedió a la apertura de una información; tras la recogida y análisis de la documentación, se llegó a la conclusión de que no había un incumplimiento de la ley del sector público», argumentó el secretario general.
El alto cargo de Interior reiteró en la Cámara baja que los contratos pasaron todos los procesos fiscalizadores. «Ni la Fiscalía ni la Intervención Regional (IGAE) —dependiente del Ministerio de Hacienda— detectaron nada en los contratos», aseguró Ortiz. Distinta es, sin embargo, la postura de la juez que ha abierto ahora una causa y ve indicios de delito en los más de 220 contratos que han incluido los funcionarios de prisiones en la denuncia.