Una juez de Madrid investiga al jefe de Prisiones por 'tapar' el caso de corrupción en Estremera

El caso de presunta corrupción en la cárcel de Madrid VII, en Estremera, que instruye un juzgado de Arganda del Rey (Madrid), implica a altos mandos de Prisiones. La juez ha abierto una causa contra el exdirector de la prisión del centro Enrique Valdivieso y los responsables de una docena de empresas por la adjudicación irregular de más de 220 contratos entre 2019 y 2024, pero también contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el jefe de área de los Servicios Jurídicos de la Inspección, José Antonio García, por supuestamente haber evitado investigar estos hechos delictivos, que fueron denunciados por los canales internos de Prisiones en julio de 2024, según informan a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas.

En la citada época, según las mismas fuentes, la trama en el penal madrileño habría cometido distintas irregularidades a la hora de contratar suministros y servicios para el penal. Entre ellas, el fraccionamiento de contratos; adjudicaciones directas a empresas vinculadas entre sí; facturaciones por servicios presuntamente no ejecutados; emisión de facturas con anterioridad a que se realizase la adjudicación y una deliberada elusión de los procedimientos del control del gasto público. En relación con estos hechos, la juez —que ha declarado el secreto de las actuaciones— investiga delitos de prevaricación administrativa, fraude de las administraciones públicas, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.

La denuncia admitida a trámite por la juez señala que los citados superiores jerárquicos, Ángel Luis Ortíz y José Antonio García, habrían incurrido en «una inacción deliberada», habida cuenta de que el caso era conocido por ambos y, pese a «la extrema gravedad de los incidentes y al tiempo transcurrido, dichos responsables, en su posición de garantes de la legalidad, habrían omitido toda actuación efectiva de investigación o persecución de los ilícitos».

Las respuestas de Prisiones

Una «pasividad deliberada, unida a respuestas evasivas, dilatorias, obstruccionistas e inadmitidas, ante solicitudes de información amparadas en la Ley de Transparencia», que «podría ser constitutiva de un delito de prevaricación por omisión, omisión del deber de perseguir delitos o, en su caso, de encubrimiento», señala el escrito judicial, presentado por varios funcionarios de prisiones y al que ha tenido acceso este periódico.

Para documentar la presunta comisión de estos delitos, los denunciantes han aportado en la denuncia numerosas resoluciones de Instituciones Penitenciarias y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en las que se les niega el acceso a cualquier información relativa a la investigación interna abierta supuestamente por el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz. Según uno de los documentos, fechado en diciembre de 2025, Prisiones indicó a los funcionarios que había «un informe de inspección abierto para averiguar las posibles irregularidades», pero que se trataba de un «acto interno de la administración que no obedecía ni tenía por qué ajustarse a trámite formal alguno, donde no existen interesados […]». En otras palabras, no había obligación de informar a los denunciantes.

Intención «espuria» del denunciante

Previamente, en noviembre de ese mismo año, la Secretaría General de Prisiones contestó negativamente también a otra reclamación del denunciante en la que requería tener acceso, al menos, a la fecha en la que el departamento había abierto pesquisas para «verificar la cronología de la actuación» sobre las graves irregularidades denunciadas. Además de no revelar ese dato, el propio Ángel Luis Ortiz censuró al denunciante por su intención «espuria» de conocer información insistentemente sobre las pesquisas.

«Para apreciar falta de justificación en la finalidad de la ley, se debe analizar la intención del solicitante y, en el caso presente, parece que responde a la intención espuria de generar un perjuicio a los sujetos obligados a suministrar la información y a la Administración de que forman parte, más que a una intencionalidad legítima de conocer el contenido de la información», señaló Ortiz en el escrito.

No hay delitos, según Prisiones

20 meses después de que los funcionarios interpusiesen la denuncia interna, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, en cambio, sí tenía información en su comparecencia el pasado martes ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados a petición del Partido Popular para que diera cuenta precisamente sobre este presunto caso de corrupción en la prisión de Estremera. Ni la Fiscalía, ni la Inspección, ni la Intervención Regional (IGAE) —dependiente del Ministerio de Hacienda— habían advertido irregularidades en los contratos.

«Tras la recogida y análisis de la documentación, se llegó a la conclusión de que no había un incumplimiento de la ley del sector público», contestó el secretario general a preguntas de la diputada del PP Ana Vázquez. Distinta es, sin embargo, la postura de la juez que ha abierto ahora una causa y ve indicios de delito en los más de 220 contratos que han incluido los funcionarios de prisiones en la denuncia y que alcanzarían un montante de más de dos millones de euros, según fuentes jurídicas.

Los responsables implicados

En la etapa que investiga el juzgado —entre 2019 y 2024—, la dirección del centro penitenciario estuvo en manos de Enrique Valdivieso, que se mantuvo en el cargo hasta que fue cesado en abril de 2024. Posteriormente, en mayo, fue relevado por José Ángel Laso, responsable de la prisión de Madrid VII hasta diciembre de 2026, cuando Instituciones Penitenciarias lo apartó tras protagonizar distintos escándalos, entre ellos el trato de favor a su esposa, también funcionaria, a la que dio un puesto como jefa de servicios, así como otros de responsabilidad a los pocos meses de que esta última llegase a la prisión. Una circunstancia que creó gran malestar en la prisión.

Actualmente, el director del centro penitenciario es Raúl Ors, precisamente administrador de la prisión madrileña entre 2019 y 2021. Recientemente, Ors ha designado como subdirector de seguridad —número dos de la cárcel— a Óscar Prieto, que fue también administrador de la prisión entre 2021 y 2024, tras el destino del actual director al penal de Valencia. El nombramiento de ambos cargos ha causado estupor entre los funcionarios de prisiones de Estremera por su polémico pasado en el centro madrileño. Los dos altos cargos se encargaban de la gestión económica del centro durante el periodo que investiga ahora el juzgado de Arganda del Rey.