Interior recula y se abre a negociar la jubilación anticipada también para los guardias civiles

El Ministerio del Interior retrocede y se abre ahora a negociar la jubilación anticipada también para los agentes de la Guardia Civil. La Secretaría de Estado de Seguridad, encabezada por Aina Calvo, emplazó el pasado lunes a las siete asociaciones con representación en el Consejo del Instituto Armado a la celebración de una primera reunión de trabajo el próximo mes de abril para empezar a limar un futuro acuerdo sobre su reconocimiento como profesión de riesgo, según revelan a THE OBJECTIVE fuentes de la Benemérita. Un giro inesperado después de la negativa mantenida por Interior. El malestar entre los agentes alcanzó su punto álgido hace dos semanas, cuando las citadas organizaciones decidieron plantar al pleno del Consejo, dirigido por la directora del Cuerpo, Mercedes González. 

Las asociaciones reaccionaron así tras conocer que el proyecto del real decreto de Interior que regula la jubilación anticipada sin pérdida retributiva solo beneficiaba a la Policía Nacional. Los guardias civiles pueden pasar a la situación de reserva al cumplir 58 o 61 años, dependiendo de la categoría profesional, pero ese cambio les supone una pérdida económica, al dejar de recibir ciertos complementos. Una decena de sindicatos y asociaciones luchan desde hace años, en la plataforma por una jubilación digna, para que tanto policías como guardias civiles sean reconocidos como profesión de riesgo, lo que se traduce automáticamente en esa mejora de cara a cobrar la pensión que sí tienen, por ejemplo, algunos cuerpos autonómicos y locales.

El anuncio del Ministerio de Defensa la semana pasada sobre el inicio de los trámites para declarar a las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo colocó a Fernando Grande-Marlaska en un brete del que difícilmente podía salir sin garantizar o al menos prometer garantizar esa reivindicación histórica para los guardias civiles, que también dependen en ciertos aspectos de la cartera que dirige Margarita Robles. Fuentes presenciales de esa primera reunión de las organizaciones con la número dos de Interior dan por bueno el compromiso de la Secretaría de Estado y resaltan la buena sintonía con Calvo, que, aseguran, «parece convencida de materializar el cambio».

La sentencia del Supremo sobre la jubilación

En cualquier caso, la reforma que ha impulsado el Ministerio del Interior no corresponde a una iniciativa propia. Es una consecuencia directa de una sentencia ganada en mayo de 2025 por Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, en el Tribunal Supremo. El área de Grande-Marlaska, sin embargo, se resistía a materializar el fallo judicial y finalmente el TS obligó al Ejecutivo a actuar forzosamente y reconocer ese derecho a los policías para corregir la desigualdad que existe entre distintos cuerpos policiales. Sin embargo, la resolución judicial tenía un pero: fijaba esa jubilación anticipada para aquellos funcionarios que se incorporaron al Cuerpo a partir de 2011 y cotizaban por el sistema de la Seguridad Social. 

El Supremo dejó fuera a los agentes encuadrados en el régimen de clases pasivas, en el que están dos tercios de la plantilla de la Policía, unos 50.000 agentes; y a toda la Guardia Civil. De esta forma, Interior decidía no beneficiar con la medida a más de 130.000 funcionarios, entre policías y guardias civiles. Ahora, el ministerio pretende enmendar el error y negociar con las asociaciones y sindicatos un acuerdo que ponga fin al agravio y reconozca los coeficientes correctores respecto a otros agentes autonómicos. Lo que se desconoce es si Interior incluirá a los agentes de la Benemérita y de la Policía en el proyecto de real decreto o trabajará en otra modificación para materializar la reforma en cada cuerpo.

«Desde las asociaciones representativas no podemos tolerar que se esté tramitando un proyecto de real decreto que reconoce la profesión de riesgo solo para los policías nacionales. El motivo para que el Gobierno excluya a los guardias civiles lo pretenden justificar exclusivamente por su naturaleza militar, pese a que de forma insistente venimos demandando el reconocimiento como profesión de riesgo en igualdad de condiciones que el resto de policías», denunciaron hace dos semanas las seis organizaciones representativas del Consejo de la Guardia Civil.

A expensas de los Presupuestos

Del mismo modo, la plataforma por una jubilación digna calificó de «insulto sin precedentes» el texto del Interior, por «ignorar a la mayoría de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y condenar al olvido a los funcionarios en Clases Pasivas, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda». Los sindicatos y las asociaciones consideran que el «Ministerio del Interior ha cruzado una línea roja […]» y que los criterios que establecen los coeficientes reductores en la edad de jubilación son «insuficientes y discriminatorios».  La medida beneficia a quienes entraron más tarde en el Cuerpo, es decir, a los más jóvenes, y castiga a los que están más cerca de la jubilación.

A pesar de todo, la materialización de esta norma es aún lejana. Interior supedita esta propuesta a la aprobación de unos nuevos Presupuestos, lo que por ahora carece de fecha en el horizonte, habida cuenta de la falta de apoyos que tiene el Gobierno en el Congreso para sacar las cuentas desde hace varios años. El texto de la propuesta establece que la aplicación de los coeficientes reductores implicará necesariamente un incremento en las cotizaciones sociales del colectivo afectado. Y esa cotización es «una condición indispensable» para que pueda reducirse la edad de jubilación sin comprometer el equilibrio financiero del sistema. En otras palabras, se necesitan presupuestos sí o sí. Por tanto, la aprobación del decreto podría extenderse durante años.