Cuatro de cada cinco condenas por violencia de género ya se producen por conformidad
Cuatro de cada cinco hombres aceptan la condena sin juicio ante la lentitud de los procesos y las presiones del entorno
Ilustración de Alejandra Svriz.
Los datos son muy llamativos. En 2025 se presentaron un total de 204.342 denuncias por violencia de género, el récord histórico desde que en 2004 se aprobó la ley con arreglo a la cual se presentan. De estas, solo un cuarto terminaron en condena, 50.190, y el resto en sobreseimiento o absolución. Y de las condenas, el 78,17% (39.234), casi cuatro de cada cinco, se produjeron por conformidad. Esto es, que el acusado reconoce los hechos imputados y acepta la pena solicitada (por lo general, rebajada) por la acusación, evitando así el juicio oral.
Los datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencian una tendencia al alza en las condenas por conformidad, que eran el 56,47% hace tan solo diez años, y abren un debate entre las posturas feministas que sostienen que esto es así por el hartazgo de la víctima ante la lentitud (cada vez mayor) de los procesos judiciales, y los sectores críticos con el feminismo, cada vez más amplios, que aseguran que hay inocentes que aceptan el mal menor.
La abogada penalista Paula Fraga sostiene que «el motivo principal es el cansancio de las partes ante la lentitud de los procesos judiciales y lo que supone tanto para el investigado (pena de banquillo y, para el caso de que la acusación no sea cierta, porque si no, ajo y agua) como para la víctima (victimización secundaria)». Por otro lado, Juanma Melgar, portavoz de la Fundación Para la Defensa de los Hombres Maltratados, sostiene que lo que sucede en realidad es que «los abogados de oficio instan a muchos denunciados a aceptar la condena por conformidad»: «Les dicen que lo más seguro es que van a ser condenados y les impedirán ver a los hijos, pero que si aceptan la condena por conformidad, solo tendrán que hacer un cursillo, un servicio a la comunidad y/o una multa y podrán ver a su hijo en un punto de encuentro».
En este sentido, Juan Soto Ivars, autor de Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género, considera que el porcentaje de condenas por conformidad «es el dato más alarmante sobre la realidad de la VioGen [ley de violencia de género] en los juzgados, ocultada por las instituciones», y que «habla del chantaje que se ejerce sobre una parte sustancial de los denunciados, que reciben una pena reducida para librarse de un proceso judicial y recuperar la normalidad en su vida familiar. Y jamás [se sabrá] si hicieron algo malo o no».
Por otro lado, Fraga sostiene que «por norma general, los abogados, ante un cliente que [saben es] inocente, no le [van] a decir que acepte absolutamente nada porque las implicaciones podrían ser muy perjudiciales», y que «la mayoría de conformidades […] son por hartazgo de la víctima, por procesos que se extienden durante años y necesitan psicológicamente cerrar el tema». Asimismo, añade que «las conformidades se producen en fase intermedia en procedimientos ordinarios y, para llegar hasta ahí, han podido pasar dos años. Si [se entra] en fase oral, allá van otros dos años y, en muchas ocasiones, las víctimas no pueden más. Las conformidades, ya que hay reconocimientos de los hechos y la mayoría de las personas y abogados no están dispuestos a reconocer hechos no cometidos, suelen favorecer a los condenados».
«Yo creo que es un síntoma de que las relaciones entre hombres y mujeres están totalmente judicializadas. Actualmente, hay 200.000 denuncias anuales por VioGen y los juzgados no dan abasto. ¿Resultado? Jueces y fiscales buscan la manera de quitarse los casos de encima de la manera más rápida posible y una sentencia por conformidad supone que el caso termine juzgado esa misma mañana», abunda Melgar, que zanja: «A mí muchos acusados me cuentan que el abogado de oficio les suele llegar ya diciéndoles que han hablado con el fiscal y aconsejándoles que acepten una sentencia de conformidad. Que es lo más rápido y se asegura no ir a la cárcel y que si lucha, nadie va a creer en su inocencia. Al abogado de oficio también le conviene, porque él también se quita el caso de encima y va a cobrar igualmente. Al final, con esa sentencia, ganan todos menos el hombre, que es doblemente maltratado, por su pareja y por el sistema».
Denuncias falsas
Desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara la Ley Integral de Violencia de Género, se han presentado 3.082.882 denuncias, de las que 698.962 han terminado en condena. Por esto, hay quienes arguyen que 2.383.920 denuncias eran falsas, aunque el debate es más complejo: hay quienes consideran que esto demuestra que el sistema es garantista y solo condena con base probatoria fuerte, y quienes sostienen que el sistema es nocivo e incentiva a las mujeres a denunciar a los varones.
En su libro, Soto Ivars concluye que 750.000 ciudadanos habrían sido víctimas de denuncias falsas por violencia de género entre 2006 y 2023. La lógica para alcanzar dicha conclusión es la siguiente: solo el 25% de las denuncias terminan en condena, y, de estas, un 33% son falsas, según la estimación conservadora del abogado Felipe Mateo Bueno, especialista en la materia. El único dato oficial, sin embargo, es el célebre 0,01%, que se limita a los procedimientos en los que el fiscal, tras retirar acusación en juicio oral, dedujo denuncia falsa o falso testimonio y hubo condena firme. Un dato que, en ningún caso, representa el fenómeno.