La Ley del Regadío y la postura de la UE: esto es lo que está pasando en Doñana
El Parlamento Andaluz admite a trámite una Propuesta de Ley que regularizaría hectáreas de cultivos que actualmente son ilegales, aumentando las zonas de regadío
El corredor verde del Guadiamar | Francisco J. Olmo (Europa Press)
El Parque Nacional de Doñana es hogar de una gran diversidad de ecosistemas, además de ser la mayor reserva ecológica de Europa, según informa la propia Junta de Andalucía. En 1994, la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la riqueza de Doñana va más allá de la vida que alberga: es fuente también de agua potable para poblaciones cercanas, así como la que nutre el regadío de muchos cultivos, sobre todo de fresa y arándanos.
A pesar de esto, la situación del Parque es cada vez peor. La existencia de pozos ilegales es uno de los principales problemas y, según la ONG WWF, su acuífero lleva sobreexplotado desde los años 90 del pasado siglo. A esto se le suma también que el desequilibrio entre los niveles hídricos del Parque y los regantes es cada vez mayor.
La última polémica con Doñana
El Parlamento Andaluz aprobó empezar a tramitar una proposición de ley para recalificar numerosas hectáreas de la zona. El objetivo de esto es regularizar la situación de las numerosas fincas con cultivos ilegales a las que las normas de preservación del entorno impedían conseguir permisos de explotación en los últimos años. Esto ha vuelto a poner a Doñana en el centro de la polémica, tanto nacional como europea, debido a la situación del Parque.
Que el agua de Doñana genera división social no es algo nuevo. En las últimas elecciones andaluzas, el pasado año, PP y Vox lucharon por el voto rural posicionándose del lado de los agricultores, que exigían más laxitud legislativa para poder estandarizar la explotación de áreas donde haya terrenos que todavía existen en un limbo legal.
El bloque de la izquierda, sin embargo, fue en la dirección opuesta. Con argumentos medioambientales sobre los peligros que tendría para Doñana que llegaran nuevos agrigultores en masa, estas posturas consumaron la división en torno a uno de los temas que más polémica despierta en la región.
Detrás de todos estos debates partidistas está la cuestión realmente importante: encontrar un equilibrio entre las normas de protección de los entornos naturales y los incentivos al sector agrícola. Sobre todo, porque en esta zona son especialmente importantes.
Quienes temen las consecuencias de la regularización de los cultivos ilegales esgrimen varios argumentos. Por una parte, supone sentar un precedente que podría dar lugar a un efecto llamada. Esto llevaría a sobrepoblar la zona, con los efectos negativos que esto generaría en el delicado equilibrio del entorno de Doñana. Otro temor es que esta presión añadida sobre el área del Parque llevara a que el agua terminara desviándose de la reserva para mantener los cultivos, lo que también desestabilizaría el ecosistema.
La situación del Parque ha llegado a Europa
El problema ha escalado hasta tales niveles que ha llamado la atención de Europa. En concreto, la Comisión de la UE ha asegurado, en referencia a la nueva ley, que está «preocupada por las repercusiones que tendría la legislación propuesta en caso de prosperar». El problema, además, no tiene tanta relación con el espacio como con la utilización de los recursos. En concreto, el agua, uno bastante escaso en los calurosos y secos campos andaluces.
A pesar de esta situación, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha intentado librarse de los dardos de la polémica. Ha defendido la propuesta, con argumentos como que es una ayuda a los profesionales del campo, pero también ha puntualizado que el texto ha salido de los grupos parlamentarios, no del Gobierno. Por último, ha señalado que la legislación aún está abierta a enmiendas y propuestas de reformas. Además, ha instado a la oposición a plantear las objeciones que vean oportunas.
A toda esta situación se ha sumado la Unión Europea. El ejecutivo autonómico está en contacto con Bruselas para debatir con la Comisión cuáles son los puntos de las nuevas medidas que no cumplirían con los estándares comunitarios. De igual forma, el presidente de la Junta ha intentado dar una imagen conciliadora al declarar que está completamente abierto a adaptar sus políticas a las exigencias planteadas por la UE.
